El último legado de Bachelet: Que presos de Punta Peuco mueran en la cárcel

Cuando quedan menos de dos meses para que la Presidenta Michelle Bachelet termine su mandato, el Gobierno ingresó al senado un proyecto de ley que busca eliminar el indulto particular en el caso de reos procesados por crímenes de lesa humanidad y que padezcan alguna enfermedad terminal.

El proyecto establece que en esos casos será el tribunal de garantía el que determinara la posible aplicación del arresto domiciliario, en reemplazo de la pena privativa de libertad, si es que correspondiera, estableciendo eso sí, requisitos superiores y especiales para los condenados por violaciones a los DD.HH.

Además, establece una serie de requisitos para que los condenados puedan acceder a otros beneficios penitenciarios como salidas, libertad vigilada o rebaja de condenas, los que en la práctica harían casi imposible que alguno de los actuales condenados por causas de DD.HH. pueda acceder a ellos.

A los requisitos generales para acceder a dichos beneficios, el proyecto establece además que los condenados “aporten antecedentes serios y efectivos de los que tengan conocimiento en causas criminales por delitos de la misma naturaleza y que demuestren su arrepentimiento”, lo que por supuesto, quedará a consideración y criterio del juez de garantía.

Jorge Ulloa, diputado de la UDI, señaló a EL MURO, que Chile ha firmado diversos convenios internacionales sobre el adulto mayor y que desde ese punto de vista, los tratados no se están cumpliendo en el caso de los militares en retiro que permanecen en prisión.

“Yo creo que es sacar las castañas con la mano del gato y en definitiva una cosa no quita la otra. Además, las personas con enfermedades terminales como lo dijo el propio Papa tienen dignidad”, manifestó.

Según Jorge Ulloa, esto es una manera de seguir impidiendo que los militares presos puedan gozar de algún beneficio. En su opinión hoy en día no se respetan los derechos carcelarios que tienen los detenidos procesados por violación a los derechos humanos.

“Basta con mirar un poco el desarrollo de ese tipo de casos para darse cuenta que muchos tribunales tienen una tendencia política y que no les importa la edad ni el derecho que tienen los presos para optar a algún beneficio. Se supone que van en consulta a la Corte, pero muchos de ellos son negados. Todavía hay un doble estándar de parte del gobierno y de gendarmería”, aseguró.

Sobre los criterios a considerar por el tribunal para otorgar beneficios a los condenados por crimenes contra los DD.HH., el diputado UDI los califico como un completo absurdo, porque habrá que definir primero que es “serio” para el juez, situación que a su juicio, es totalmente subjetiva.

EQUIPO EL MURO (extracto)