A la opinión pública en
general y a las autoridades del país en particular:
Durante los meses de enero y febrero la zona de La Araucanía
y Arauco han sufrido innumerables hechos de violencia y actos enmarcados en el
terrorismo que azota la macrozona sur de Chile: incendios intencionales a
siembras, rastrojos y bosques, con pérdida de vidas y casas; extorsiones a
agricultores para permitirles cosechar; demarcación ilegal y tomas de predios
que nos recuerdan la peor época de la infausta reforma agraria; amenazas,
golpes, apaleos y apedreos a agricultores, hombres y mujeres, incluso a
patrullas militares; toma y daños a instituciones públicas.
Con asombro y molestia hemos sido testigos del actuar de los
tribunales de justicia, que han dejado libres a quienes han sido detenidos por
su participación en los actos antes referidos, especialmente cuando esto ha
sucedido con personas con antecedentes por diversos actos ilegales, incluso
cultivo y tráfico de drogas o a otros que han participado de manera reiterada
de actos ilegales como tomas de predios, incluso haciendo que niños
menores de edad participen en estos delitos. Todo lo anterior ante la muda
actitud de mera observación de ministerios y organismos públicos que deberían,
al menos, levantar la voz para denunciar estas ilegalidades, y ante la ausencia
y silencio de los parlamentarios, por cuyo deficiente trabajo el pais hoy tiene
leyes en exceso garantistas y que no logran generar una verdadera justicia para
las victimas de delitos, violencia y terrorismo.
Por todo lo anteriormente expuesto la Asociación Gremial de
Productores Agricolas de Victoria Malleco manifiesta y solicita:
– al Presidente de la República y a quien corresponda, que el
Estado de Excepción decretado hace casi un mes por 30 días sea prorrogado por
similar período, pues la situación en la zona sigue siendo tan riesgosa
como cuando se decretó este Estado.
– a la Fiscalía y al Poder Judicial revisar sus resoluciones,
especialmente las emitidas en el Juzgado de Collipulli que de manera altamente
frecuente ha optado por dejar en libertad a personas con antecedentes
delictuales previos, que han sido detenidos en flagrancia y/o que han sido
sorprendidos cometiendo actos ilegales.
– a los parlamentarios del país proceder a revisar y
levantar proyectos de reformas legales que responsable y efectivamente
permitan investigar y castigar de manera ejemplar a quienes cometen delitos tan
graves como usurpación y extorsión, delitos cuyas penas hoy día no se
corresponden con su gravedad.
– Al presidente de la República poner suma urgencia a la
Reforma a la Ley Indígena y a la ley Antiterrorista.
ASOCIACIÓN GREMIAL DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS DE
VICTORIA-MALLECO
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