El desastre electoral de la derecha en 2013 se gestó a partir de la criminalización de que la hizo víctima Sebastián Piñera en el 40° aniversario del 11 (declaró a los miembros de aquélla –que lo habían llevado a él al poder—“cómplices pasivos de atropellos a los DD. HH.”, poco antes de las elecciones presidenciales y parlamentarias). Ningún sector político puede aspirar a un gran apoyo ciudadano si desde su propio seno es acusado de complicidad en supuestos crímenes atroces. Lo peor es que la esperanza de una rectificación de tan lapidario veredicto se ve cada vez más lejana, pues la derecha acentúa día a día su apoyo a la campaña dirigida a su propia destrucción.

Léanse las siguiente declaraciones de uno de sus precandidatos presidenciales y, paradójicamente, crítico de Piñera, Manuel José Ossandón (RN), en “La Segunda” del 27.08, p. 15. Preguntado tendenciosamente sobre “qué le queda a la derecha en el siempre presente tema de los DD. HH.”, cae redondo en la trampa que le tiende el periodista y no sólo eso, lo empeora todo respondiendo: “Hay que tener una postura clara y categórica de rechazo a actuaciones tan deplorables como quemar vivas a personas porque piensan distinto”.

En esta materia, pues, la derecha ha devenido una lamentable cómplice de la DC y la izquierda en la tarea del “asesinato de imagen” del señalado régimen. Y Ossandón no es el único: recuérdese a Hernán  Larraín (UDI) rindiendo público homenaje de desagravio a la extremista quemada, en compañía de Patricio Walker. ¡Un culto “republicano” al terrorismo de izquierda! Así, pues, no sólo Piñera está en ese afán suicida. Suicida, porque nadie va a convencer a los chilenos –y eso es indeleble– de que los partidos de derecha no fueron la base política civil del Gobierno Militar.

El clima de escándalo moral soterrado (pues ni la izquierda ni su derecha cómplice quisieron destacar tan escandalosa confesión de prevaricación) fue tal, que el gobierno decidió premiar a Solís, aliviándole su desprestigio, y nombrarlo jefe del departamento de DD. HH. del Ministerio de Defensa, cargo desde el cual puede sostener mejor las “ficciones” para condenar a más uniformados fuera del estado de derecho. Debió jubilar como juez, según la ley, pero “se le saca la vuelta” a la misma nombrándolo “perseguidor jefe” en el Ejecutivo. El presupuesto da para todo.

Parodiando a Nicanor Parra, cabe reiterar una vez más un lugar común: en el actual proceso de demolición del estado de derecho en Chile, “la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas”.  

Tomado de la columna de Hermógenes Pérez de Arce