Interesante e importante entrevista que revela la realidad judicial e injusticias:

Punta Peuco y perdón

A raíz del anuncio del Presidente Boric sobre convertir Punta Peuco en una cárcel común, se reabre el debate sobre el perdón en materia de derechos humanos. Esta reflexión plantea que, más allá de consignas políticas, el Estado debe enfrentar con urgencia la situación de los reos mayores y enfermos, atendiendo compromisos internacionales y principios de derecho humanitario que hoy siguen siendo ignorados.

18 de junio de 2025

A propósito de las medidas anunciadas por el Presidente Boric en la reciente cuenta al Congreso acerca de transformar el penal de Punta Peuco en una “cárcel común”, y las diversas reacciones de la opinión pública que han recogido distintos medios de prensa escrito y que hacen hincapié en la necesidad de “perdón”, quisiera precisar algunos aspectos en torno a esta idea:

1.- Llevamos más de 30 años intentando una justicia transicional, que -en parte- no se ha logrado gracias al triunfo de la consigna “ni perdón ni olvido”, que perdura con fuerza en la actualidad en nuestra clase política gobernante transformándose en un “caballito de batalla” en tiempos de elección, en un factor que -por así decirlo- aúna las diversas corrientes ideológicas de la izquierda. Así, bajo el actual “clima electoral”, resulta difícil, sino imposible conjugar el verbo “perdonar” en materia de DDHH.

2.- Ahora bien, la insufrible situación carcelaria de los reos de Punta Peuco no aguanta más, y el perdón del Estado en este asunto no puede quedar sujeto -nuevamente- a condiciones “político-jurídicas” ajenas a nuestro Derecho o que por edad y enfermedad ya no es posible de satisfacer por los presos, sino a costa de su propia vida. El Derecho humanitario -consustancial al concepto de “perdón”- se aplica sobre vivos y no sobre muertos. La indulgencia del Estado no puede esperar. ¡Ya no hay tiempo!

3.- Igualmente, cabe recordar -como abono a la tesis anterior- que el Estado chileno ha incumplido sus compromisos internacionales en esta materia. Así, por ejemplo, Chile está en desacato respecto el fallo Palamara Iribarne vs. Chile de la Corte Interamericana de DDHH del año 2005, que obligó a Chile a reformar su sistema de justicia militar regulado por el “arcaico” Código de Procedimiento Penal de 1906, y que consagra un sistema inquisitivo, escrito y secreto, bajo el cual se sigue juzgando y condenando a los civiles y militares por causas de DDHH, cualquiera sea su edad y/o condición de salud.

4.- Pero, además, nuestros tribunales han vulnerado los artículos 10 y 13 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los DDHH de las Personas Mayores promulgada el año 2017, que proscribe tratos crueles, inhumanos o degradantes en las penas y exhorta a Chile a promover medidas alternativas a la pena efectiva, lo que está en consonancia con lo prescrito en el artículo 5 n° 3 de la Convención Americana de DDHH, que mandata: “la pena no puede transcender de la persona del delincuente”.

Siendo así, para afrontar de manera seria, el tema del perdón en materia de DDHH, debe necesariamente tenerse en consideración los factores antes descritos, de lo contrario, todo quedará en una “mera declaración de principios”, con nulo efecto práctico.

Carla Fernández Montero

Abogada, Derecho Penitenciario

¿Hasta cuándo seguir fingiendo?

17 junio, 2025

Las declaraciones del comandante en jefe de la Armada sobre la conveniencia de que la Marina sea retirada del estado de excepción constitucional en la Macrozona Sur no debieran ser recibidas como una señal de abandono, menos de irresponsabilidad. Por el contrario, deben ser interpretadas como un llamado urgente a los poderes del Estado y la clase política a reconocer abiertamente una realidad que lleva años siendo negada o eludida por muchos: en La Araucanía y el Biobío existe terrorismo.

Las FF.AA. no están diseñadas para combatir una amenaza que no ha sido reconocida por quienes poseen la potestad legal correspondiente. El despliegue militar, aunque necesario para contener episodios de violencia, no puede sustituir una política integral, ni prolongarse indefinidamente en ausencia de una voluntad política decidida de combatir la violencia terrorista. Adicionalmente, la Armada tiene una misión principal y estratégica que cumplir —la defensa nacional—, que exige preparación permanente y despliegue soberano. Distraerla sin límite en tareas de control interno, propias de fuerzas de orden y seguridad, la aleja de su rol fundamental.

Este dilatado estado de excepción ha mostrado la ambigüedad del Estado frente a la violencia rural armada. Mientras se extienden decretos, se despliegan efectivos y se refuerzan medidas de seguridad, se evita cuidadosamente utilizar el término “terrorismo”, se relativizan las causas de tal criminalidad y se distrae la atención de los hechos con un interminable análisis de las “causas de fondo”. Una demanda histórica –por legítima que sea– no justifica que grupos minoritarios, escasamente representativos de los pueblos originarios, asesinen, incendien, asalten, tomen tierras y amedrenten sistemáticamente.

Esa inconsistencia mina no solo la eficacia de las acciones, sino también la legitimidad de las instituciones encargadas de hacer valer la ley. Negarse a llamar terrorismo a lo que, en efecto, cumple con todos sus requisitos –violencia planificada, con medios de guerra, motivada por fines ideológicos y con efecto intimidatorio sobre la población civil– es una omisión política grave que alimenta la impunidad.

Por eso, los dichos del almirante De la Maza no deben escandalizar. Más bien, debieran interpelar a quienes, incumpliendo los deberes de sus cargos o situándose en las tribunas del relativismo, han dejado pasar demasiado tiempo sin enfrentar la cuestión de fondo: la pérdida del Estado de Derecho en una parte significativa del territorio nacional.

La solución, está claro, no pasa solo por lo militar. Pero cualquier política –de diálogo u otra– solo será viable en un contexto de orden y seguridad efectiva. Y eso exige, en primer lugar, aceptar la naturaleza de los hechos. El Estado no puede seguir delegando la responsabilidad en las FF. AA. entretanto renuncia al deber político y moral de restablecer plenamente el imperio de la ley. Si se quiere verdaderamente paz duradera en el sur, se debe partir por dejar de fingir que no hay terrorismo. Y actuar en consecuencia. (La Tercera)

Álvaro Pezoa

Director Centro de Ética y Sostenibilidad Empresarial, ESE Business School

1. de los Andes