de la página web del poder judicial y no se sabe qué pasó con la noticia en el Diario Constitucional, de donde también desapareció.

Ninguna reconciliación será posible si se sigue juzgando con odio y condenando por presunciones.no fundadas, a más de cincuenta años de los hechos, Chile se debe un acto de verdadera justicia  

Los trágicos acontecimientos ocurridos durante la crisis institucional de 1973, numerosos los soldados del ayer, siguen siendo condenados en primera instancia por ministros especuales tribunales prevaricadores como resultado de procesos judiciales marcados por irregularidades, parcialidad y una profunda contradicción con los principios esenciales del derecho penal.

Lejos de garantizar un juicio justo e imparcial, lo que se observa en muchas de estas causas es una verdadera persecución judicial sustentada no en pruebas concretas, sino en construcciones jurídicas artificiales que contradicen las leyes vigentes y los tratados internacionales ratificados por nuestro país.

     Jóvenes oficiales, clases y soldados conscriptos menores de edad en esos años que cumpiían con su servicio militar obligatorio, la mayoría de los cuales sin haber tenido participación en los hechos por los que hoy se les condena, en forma severas, en procedimientos que desoyen principios fundamentales como la presunción de inocencia, la legalidad, la  irretroactividad de la ley penal y la igualdad ante la ley.

Entre las prácticas más cuestionables destaca la aplicación retroactiva de figuras penales como los “delitos de lesa humanidad”, tipificados en Chile recién a partir del año 2009. Se les imputa imprescriptibilidad a hechos ocurridos décadas antes, en abierta contradicción con la legislación chilena y con las bases mismas del derecho penal moderno. En muchos casos, las sentencias se fundamentan en conceptos como el “ius cogens” (normas de derecho internacional general que no admiten acuerdo en contrario. , utilizados como fundamentos para eludir la prescripción, la amnistía o incluso la falta de prueba material.

Lo más preocupante es que estas decisiones se adoptan violando normas legales expresas, como la ley de amnistía vigente, las reglas de prescripción, la cosa juzgada y disposiciones constitucionales que rigen para todos los ciudadanos. Se construye así una justicia paralela, una justicia “especial” aplicada únicamente a quienes fueron parte de las Fuerzas Armadas, muchos de los cuales hoy tienen más de 80 años y se encuentran en condiciones de salud deplorables, sin que se les reconozca ningún tipo de consideración humanitaria.

Este uso distorsionado del aparato judicial no busca verdad ni justicia, sino simplemente castigar, aunque ello implique sacrificar los pilares del Estado de Derecho. El resultado no es solo la criminalización de quienes sirvieron al país en una época difícil, sino también una peligrosa erosión de la confianza ciudadana en la imparcialidad del sistema judicial.

Comprometido con la verdad y el respeto irrestricto a la dignidad humana, denunciamos este patrón de arbitrariedad que por años ha sido silenciado.      Creemos que Chile no puede seguir construyendo su futuro desde el resentimiento y la exclusión. Una sociedad madura enfrenta su historia con verdad, pero también con justicia y humanidad.

Es momento de que se revise esta situación con seriedad y responsabilidad. Que se escuche la voz de quienes han sido injustamente procesados. Que se respete la ley para todos por igual. Que se detenga el castigo sin pruebas y que el país recupere el sentido común perdido en medio de décadas de polarización.