Derechos Humanos



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La Justicia No Puede Ser Manipulada: Declaración Contra la Prevaricación y el Abuso Judicial

                                                                                                                 2 de julio de 2025

Con profunda preocupación, declaramos lo siguiente:

Con fecha 30 de junio de 2025, el juez de garantía de Temuco, Federico Eugenio Gutiérrez Salazar, resolvió declarar admisible una querella por cuasidelito de prevaricación, interpuesta por la abogada Carla Fernández Montero en contra del ministro Álvaro Mesa Latorre, y de todos quienes resulten responsables.

Sin embargo, de forma absolutamente inexplicable, el 1 de julio de 2025, es decir, solo dos días después, el mismo juez revoca su propia resolución y declara inadmisible la querella, sin que mediara hecho nuevo, recurso interpuesto ni fundamento jurídico que lo justifique.

Esta conducta no puede ser entendida como un acto judicial válido, sino como un acto administrativo arbitrario, que vulnera gravemente el debido proceso y socava la confianza pública en el sistema judicial. Más aún, constituye un nuevo acto de prevaricación, esta vez desde el propio tribunal, afectando el acceso a la justicia y el principio de imparcialidad.

Frente a esta grave situación, hacemos un llamado urgente a la Corte Suprema, al Congreso Nacional y a la Contraloría General de la República a ejercer su deber de fiscalización, velar por la independencia judicial y garantizar que la ley se aplique sin privilegios ni encubrimientos.

La justicia no puede ser manipulada. El Estado de Derecho exige transparencia, legalidad y respeto irrestricto a los derechos fundamentales.

Firman esta declaración:

Familiares, ciudadanos y víctimas del abuso judicial y la prevaricación en causas de derechos humanos, que permanecen en silencio forzado por temor a represalias del poder judicial y político.

Hoy alzamos esta voz colectiva en nombre de todos aquellos que han sido sistemáticamente vulnerados y que han debido enfrentar procesos sin justicia ni verdad. No es la primera vez que se manipula la ley para castigar inocentes o encubrir culpables. La historia lo sabe, y los archivos judiciales también.

Expresamos además nuestra profunda preocupación y total apoyo a la abogada Carla Fernández Montero, reconociendo su ética profesional, su coraje y su integridad al enfrentar de manera firme y valiente esta red de corrupción judicial. Su actuar nos devuelve la esperanza en que aún existen defensores del Derecho con conciencia, compromiso y dignidad.

No firmamos con nombres, porque los nombres han sido castigados. Pero sí firmamos con verdad.

 

 

02 julio 2025

  Flash Cren N° 9

 

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La verdad debe ser desenterrada y hacerse Justicia..

 

 

 

 

La realidad sepulta la esperanza de que la” Prevaricación” por parte del Ministro Alvaro Meza Latorre a lo menos sea sea Investigada
 

La realidad sepulta la esperanza de que la” Prevaricación” por parte del Ministro Alvaro Meza Latorre a lo menos sea sea Investigada

El Juzgado de Garantía de Temuco, con fecha 1 de julio, aludiendo a una serie de consideraciones, resuelve que en conformidad al art. 82 y 114 c CPP y 84 del CPC deja sin efecto lo resuelto en  con de fecha treinta de junio  y  resuelve: Que no siendo los hechos expuestos en la querella constitutivos de delito se declara inadmisible la querella interpuesta por la abogada Carla Fernández M
Por redes sociales se ha difundido ampliamente que dicha resolución primera es “INSOLITA”, está confirmado que se hizo  desaparecer

de la página web del poder judicial y no se sabe qué pasó con la noticia en el Diario Constitucional, de donde también desapareció.

 

LA JUSTICIA NO ES VENGANZA.

Ninguna reconciliación será posible si se sigue juzgando con odio y condenando por presunciones.no fundadas, a más de cincuenta años de los hechos, Chile se debe un acto de verdadera justicia  

 

Los trágicos acontecimientos ocurridos durante la crisis institucional de 1973, numerosos los soldados del ayer, siguen siendo condenados en primera instancia por ministros especuales tribunales prevaricadores como resultado de procesos judiciales marcados por irregularidades, parcialidad y una profunda contradicción con los principios esenciales del derecho penal.

Lejos de garantizar un juicio justo e imparcial, lo que se observa en muchas de estas causas es una verdadera persecución judicial sustentada no en pruebas concretas, sino en construcciones jurídicas artificiales que contradicen las leyes vigentes y los tratados internacionales ratificados por nuestro país.

     Jóvenes oficiales, clases y soldados conscriptos menores de edad en esos años que cumpiían con su servicio militar obligatoriola mayoría de los cuales sin haber tenido participación en los hechos por los que hoy se les condena, en forma severas, en procedimientos que desoyen principios fundamentales como la presunción de inocencia, la legalidad, la  irretroactividad de la ley penal y la igualdad ante la ley.

Entre las prácticas más cuestionables destaca la aplicación retroactiva de figuras penales como los “delitos de lesa humanidad”, tipificados en Chile recién a partir del año 2009. Se les imputa imprescriptibilidad a hechos ocurridos décadas antes, en abierta contradicción con la legislación chilena y con las bases mismas del derecho penal moderno. En muchos casos, las sentencias se fundamentan en conceptos como el “ius cogens” (normas de derecho internacional general que no admiten acuerdo en contrario, utilizados como fundamentos para eludir la prescripción, la amnistía o incluso la falta de prueba material.

Lo más preocupante es que estas decisiones se adoptan violando normas legales expresas, como la ley de amnistía vigente, las reglas de prescripción, la cosa juzgada y disposiciones constitucionales que rigen para todos los ciudadanos. Se construye así una justicia paralela, una justicia “especial” aplicada únicamente a quienes fueron parte de las Fuerzas Armadas, muchos de los cuales hoy tienen más de 80 años y se encuentran en condiciones de salud deplorables, sin que se les reconozca ningún tipo de consideración humanitaria.

Este uso distorsionado del aparato judicial no busca verdad ni justicia, sino simplemente castigar, aunque ello implique sacrificar los pilares del Estado de Derecho. El resultado no es solo la criminalización de quienes sirvieron al país en una época difícil, sino también una peligrosa erosión de la confianza ciudadana en la imparcialidad del sistema judicial.

Comprometido con la verdad y el respeto irrestricto a la dignidad humana, denunciamos este patrón de arbitrariedad que por años ha sido silenciado.      Creemos que Chile no puede seguir construyendo su futuro desde el resentimiento y la exclusión. Una sociedad madura enfrenta su historia con verdad, pero también con justicia y humanidad.

Es momento de que se revise esta situación con seriedad y responsabilidad. Que se escuche la voz de quienes han sido injustamente procesados. Que se respete la ley para todos por igual. Que se detenga el castigo sin pruebas y que el país recupere el sentido común perdido en medio de décadas de polarización.