Derechos Humanos
Derechos Humanos
CARTAS AL DIRECTOR EL MERCURIO DE SANTIAGO 05 JULIO 2025
Desprestigio del Poder Judicial
Señor Director:
La semana pasada, la Corte de Apelaciones de Temuco confirmó la sentencia en contra de 23 exmilitares, entre ellas mi padre, en el denominado caso “Asalto al Polvorín” del Regimiento Tucapel, cuya investigación fue dirigida por el ministro en visita Álvaro Mesa, actualmente presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco. A pesar de la contundente cantidad de prueba acompañada que acredita que el día de los hechos sancionados mi padre ni siquiera se encontraba en la ciudad, los señores ministros decidieron no referirse a dichos medios probatorios en sus sentencias, dando cuenta de su total parcialidad a la hora de fallar.
Producto del negligente actuar, se interpuso una querella por cuasidelito de prevaricación contra el ministro Mesa, la cual fue declarada admisible por el Juzgado de Garantía de Temuco. Sin embargo, al día siguiente, de forma inexplicable y completamente anómala, la resolución que había sido debidamente notificada a las partes fue retirada del sistema online y reemplazada por una nueva que desestimó la querella.
Situaciones como estas fundan el desprestigio que tristemente transita el Poder Judicial en estos días, donde algunos jueces actúan con total falta de probidad, socavando la confianza en la imparcialidad y legalidad del sistema.
Pareciera ser que el Poder Judicial, al igual que en otros períodos de nuestra historia, donde actuó con falta de probidad, parcialidad e ilegalidad, rechazando sistemáticamente recursos de amparo, hoy atenta contra los derechos fundamentales, encarcelando a inocentes y permitiendo que intereses y sesgos políticos interfieran en decisiones judiciales propias y de subalternos.
Rodrigo Oviedo Stegmann
Publicación de LA VOZ DE PUNTA PEUCO
LA VOZ DE PUNTA PEUCO
4 h ·
𝑨𝑩𝑼𝑺𝑶 𝑱𝑼𝑫𝑰𝑪𝑰𝑨𝑳 𝑺𝑰𝑵 𝑷𝑹𝑬𝑪𝑬𝑫𝑬𝑵𝑻𝑬𝑺: 𝑱𝑼𝑬𝒁 𝑩𝑶𝑹𝑹𝑨 𝑷𝑹𝑬𝑽𝑨𝑹𝑰𝑪𝑨𝑪𝑰𝑶́𝑵 𝑪𝑶𝑵 𝑷𝑹𝑬𝑽𝑨𝑹𝑰𝑪𝑨𝑪𝑰𝑶́𝑵
Una nueva controversia sacude al sistema judicial luego de que el juez de garantía de Temuco, Federico Eugenio Gutiérrez Salazar, revocara en menos de 48 horas su propia resolución que declaraba admisible una querella por cuasidelito de prevaricación contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre.
La acción judicial fue presentada por la abogada penalista Carla Fernández Montero, quien acusa al magistrado Mesa de dictar sentencias arbitrarias y sin pruebas suficientes en causas relacionadas con violaciones a los derechos humanos. La querella también apuntaba a “todos quienes resulten responsables” de estos actos.
El 30 de junio de 2025, el juez Gutiérrez acogió a trámite la querella, validando que cumplía con los requisitos formales. Sin embargo, al día siguiente —sin que mediara hecho nuevo, recurso interpuesto ni fundamento jurídico claro— el mismo magistrado revirtió su decisión y declaró inadmisible la acción, provocando una ola de críticas y sospechas de intervención indebida.
Diversas organizaciones ciudadanas y víctimas de fallos judiciales calificaron el hecho como “un acto administrativo arbitrario que vulnera el debido proceso y constituye un abuso judicial sin precedentes”. Mediante una declaración pública titulada “La justicia no puede ser manipulada”, alertaron que esta situación “socava la confianza pública en el sistema judicial y constituye un nuevo acto de prevaricación, ahora desde el propio tribunal”.
“Hoy alzamos esta voz colectiva en nombre de todos aquellos que han sido sistemáticamente vulnerados y que han debido enfrentar procesos sin justicia ni verdad. No es la primera vez que se manipula la ley para castigar inocentes o encubrir culpables. La historia lo sabe, y los archivos judiciales también.”
El documento, firmado de forma anónima por temor a represalias, también hace un llamado urgente al Poder Judicial, al Congreso Nacional y a la Contraloría General de la República para que ejerzan su deber de fiscalización, velen por la independencia de los jueces y garanticen la transparencia en las decisiones judiciales.
Finalmente, los firmantes expresaron su total respaldo a la abogada Carla Fernández Montero, destacando su “ética profesional, compromiso con la verdad y valentía al enfrentar esta red de corrupción judicial que ha permanecido impune durante años”.