| Como dice el viejo refrán, “la justicia tarda, pero llega”.
Hoy, aunque por razones que pueden incluir intereses poco transparentes, esta sentencia parece empezar a hacerse realidad.
La crisis de credibilidad del Poder Judicial y la corrupción es tan profunda que ya nadie puede ignorarla.
Tras el quiebre de la democracia, en los años más convulsionados de nuestra historia reciente, tanto quienes servían juramentados a la Patria como grupos radicalizados que equivocadamente habían optado por la vía armada, cometieron hechos dolorosos que ameritaban ser aclarados
Si bién era necesario investigarlos con objetividad e igualdad ante lal ley para establecer la verdad, el Poder Judicial no estuvo presente entonces y lo más grave, tampoco lo está ahora.
La mayoría de los servidores de la Patria encarceladaos y procesados son personas de más de 75 años y algunossuperan los 90, hacinados, sin posibilidad de recibir cuidados mínimos, enfermos, con capacidades limitadas, apremiados, perseguidos y condenados solo por haber servido en una unidad donde se investigo un hecho delictivo, sin que existan pruebas directas ni participación acreditada.
La otra cara de la moneda, es que violentistas responsables de crimenes fueron amnistiados, gozan de inumerables beneficios e incluso uno en plena democracia fue presidente de un partido y diputado que poco de honorable tenía.
Sin duda, algunos de los llamados a impartir justicia, desde la comodidad de sus estrados, han equivocado el camino.
Por ideología, miedo o conveniencia han incurrido en prevaricación, vulneración del debido proceso, desprecio por la igualdad ante la ley y uso arbitrario de presunciones, con lo cual solo han logrado intensificar el dolor de las familias de las víctimas, insultando la memoria de quienes lucharon por sus convicciones, y destruyendo la vida de quienes hoy son condenados sin razón valedera como criminales de lesa humanidad.
En el antiguo sistema procesal inquisitivo pero al menos -escrito, amplio y minucioso- han quedado registradas en miles de páginas que documentan cada una de estas arbitrariedades cometidas por jueces y ministros especiales.
La historia, aunque la mayoría de las veces tarde, deja evidencia para que, en un futuro, quienes hoy actúan al margen de la ley también deban responder, pues todo agente del Estado que persigue y condena al margen de la ley, incurre en acciones que podrían configurar responsabilidad grave, incluso bajo estándares internacionales, las que no prescriben |
