Derechos Humanos

20/11/2024

LA PERSECUSIÓN A NUESTROS MILITARES Y POLICÍAS

Vergüenza de la política nacional

Por Gonzalo Ibañez Santa-María

Todos lo sabemos, pero la inmensa mayoría del país lo calla. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de Carabineros que dieron la cara en 1973 cuando tuvieron que salir a la calle para poner término al nefasto régimen marxista de Salvador Allende han sido implacablemente perseguidos desde 1990 en adelante. Aún hoy día, más de cincuenta años después, esa venganza persigue a quienes en la época no eran sino jóvenes oficiales o soldados que recién comenzaban sus carreras y que no hacían sino cumplir órdenes de sus superiores.
Es cierto que hubo excesos en el uso de las armas y del poder, pero la responsabilidad por lo que sucedió recae en primer lugar en quienes que, con el mal uso del gobierno del que formaban parte, obligaron a nuestros uniformados a dar el paso de 1973. Cuando se entrega la solución de los conflictos a las armas, los excesos -que siempre existirán-se producen en el empleo de estas, con las consecuencias que cualquiera puede prever. Podemos sí decir que esos excesos en Chile fueron muy menores a los que hubo en otros países enfrentados a situaciones similares.
Desgraciadamente, los tribunales de nuestro país se han dejado influir por concepciones jurídicas teñidas de revanchismo y se han convertido en instrumentos de venganza. Y toda la clase política, de un extremo al otro, cuando no ha aplaudido este actuar de los tribunales, ha guardado silencio frente a condenas arbitrarias y absurdas. Se ha hecho cómplice así de la materialización de la injusticia.
Chile hoy paga las consecuencias de esa actitud. Si lo que sucedió el 11 de septiembre de 1973 no fue sino un atentado contra la democracia, volvamos entonces al día anterior, al 10 de septiembre. En eso estamos y vamos cada día de mal en peor, con la delincuencia dominando al país.
La recuperación de Chile exige, en primer lugar, reconocer la verdad de nuestra historia y que cada uno asuma sus responsabilidades en lo que sucedió. No se puede condenar a nuestros militares cuando quienes hicieron imperioso su pronunciamiento se pasean aún por nuestras calles como si fueran santos de altar. Hoy, la reconciliación nacional exige cerrar el capítulo de lo sucedido en esos años. La paz y la justicia exigen de una vez por todas la amnistía para nuestros uniformados. Que esta amnistía no avance constituye tal vez la peor vergüenza de la política nacional.

Su Palabra es la Ley

Por Max Silva Abbott

Uno de los principales logros civilizatorios del Derecho, ha sido la regulación de la producción de sus normas jurídicas (las “leyes”, como se las conoce comúnmente), de tal suerte que su elaboración no dependa del mero capricho del gobernante de turno (o también perpetuo), sino que se encuentre sometida a diversos procedimientos colectivos y públicos, que al menos en parte garanticen su no arbitrariedad. La idea es así, metafóricamente hablando, que “no sea el rey quien hace la ley, sino la ley la que hace al rey”.

Sin embargo, este notable y necesario avance del fenómeno jurídico hoy está siendo puesto en entredicho en algunas áreas del Derecho internacional, en particular el relativo a los derechos humanos, al menos en el Sistema Interamericano.

En efecto, a pesar de que los Estados se han puesto de acuerdo en la celebración de diferentes tratados que establecen un conjunto de derechos, en la práctica su interpretación ha sido monopolizada por los órganos internacionales guardianes de dichos tratados (pues siempre se establece uno en estos instrumentos). De hecho, consideran que la única interpretación válida es la que emana de ellos mismos, interpretación que entre otras cosas debe ir adaptando ese tratado a las nuevas circunstancias –determinadas de acuerdo con su propio criterio–, al considerarlos “instrumentos vivos”.

Además, el fenómeno ha ido cada vez más lejos, en parte porque no existe ningún control sobre la actividad de estos organismos (no hay un Estado de Derecho a nivel internacional, una división de poderes, un principio de legalidad o elecciones democráticas). Incluso, lo que hoy está ocurriendo, es que estos organismos pretenden que todo lo que ellos digan o consideren respecto de los derechos humanos, en el documento o circunstancia que sea (incluso en comunicados de prensa), sea obligatorio para los Estados, fruto de haberlos convertido en los guardianes de estos derechos al suscribir los tratados respectivos.

Esta es la razón por la cual a todas estas opiniones y puntos de vista tan heterogéneos en su modo de producción y contenido, se les ha llamado, convenientemente, “estándares internacionales de derechos humanos”, que aunque jurídicamente no son vinculantes, en la práctica están teniendo una importancia cada vez mayor, pues muestran el modo en que estas entidades “ven” y exigen los derechos humanos a los Estados.

En consecuencia, se está produciendo un notable y peligroso retroceso en la formación de las “leyes” en el Derecho internacional de los derechos humanos, al menos dentro del Sistema Interamericano, pues en definitiva, estos organismos pretenden ir manipulando con su solo y libre querer, las obligaciones inicialmente asumidas por los Estados. Y como no existe ningún control sobre su actividad, ni tampoco sus integrantes responden por ella una vez finalizados en sus cargos, estas obligaciones dependen cada vez más de su mera voluntad, ideología o capricho.

Por tanto, aquí serían los órganos de control los que darían origen a las obligaciones internacionales, no los Estados; lo anterior, pese a que han sido creados por esos mismos tratados a los que en teoría sirven. Estamos asistiendo así a un peligroso, descontrolado e ideologizado voluntarismo jurídico, pues ellos pretenden que su palabra es la ley respecto de los derechos humanos. ¿Seguiremos haciéndoles caso?

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por el diario El Sur de Concepción. El autor es Doctor en Derecho y profesor de filosofía del derecho en la Universidad San Sebastián.

Los pendientes de la derecha con militares y policías

Las instituciones militares gozan de alto prestigio y reconocimiento ciudadano. Es hora de que seamos consecuentes con ellas, con los soldados, marinos, aviadores y carabineros del presente, pero por sobre todo con los que pagan con cárcel el haber sido uniformados en 1973.

by Richard Kouyoumdjian13 noviembre, 2024

AGENCIAUNO

La posibilidad de que el próximo gobierno sea de derecha es alta. Hay por lo menos cuatro candidatos confirmados, Evelyn Matthei, José Antonio Kast, Rodolfo Carter y Johannes Kaiser, y quién sabe si sale alguien más a disputar la primera magistratura. Se habló en su minuto de Ximena Rincón, pero de ella no se ha sabido mucho en tiempos recientes.

Espero que haya algún tipo de acuerdo como los que se están dando para las posiciones de gobernadores, y que la derecha logre también una contundente victoria en el Parlamento, objeto evitar que el próximo gobierno tenga las limitaciones que se experimentaron en los dos gobiernos de Sebastián Piñera.

Muchos piensan que los militares y policías votan por la derecha, y quizás no están equivocados, pero no es algo que se pueda tomar por seguro como lo demuestra la historia de los últimos 100 años de Chile. Se podría decir que en cierta manera se asemejan al corporativismo, ya que tienden a defender sus intereses más que casarse con alguna doctrina política. Dado que su actuar es más conservador tienden a tener puntos comunes con lo valórico que se encuentra en la derecha.

Dicho lo anterior, el mundo militar en cierta medida se siente traicionado por el mundo político de derecha. Siempre hay excepciones como puede ser actualmente con los Republicanos y el partido en formación de Johannes Kaiser, el Nacional Libertario, quienes han captado mejor sus reclamos relacionados con el pasado, pero que debido a que no son mayoría, no logran resolver lo que se les pide, especialmente lo referido a los presos militares de la época del gobierno militar.

Sebastián Piñera en su minuto buscó sus votos, pero durante sus gobiernos no hubo avances respecto del pasado, incluso para peor, en su primer gobierno reabrieron causas de derechos humanos que actualmente tienen a muchos en condición de procesados o inculpados, en la cárcel o ingresando a la cárcel a edades avanzadas.

En su segundo gobierno les pidió salir a la calle durante el ahora llamado “estallido delictual”, pero no se hizo cargo de la responsabilidad de haberlos enviado a controlar el orden público. Tenemos a varios militares y carabineros tras las rejas, como los emblemáticos casos del capitán Maturana, el soldado Robledo, y así muchos otros más.

Con esos antecedentes es de esperar que no salgan a realizar campaña o dar su voto por quienes ellos consideran son los sucesores del Presidente Piñera, pero tampoco implica que estén cerrados a escuchar qué tienen que decir Evelyn Matthei y Rodolfo Carter tanto de los presos militares del pasado, como también por los que están afectados por los esfuerzos de un Ministerio Público proizquierda acompañado de tribunales que profesan las mismas ideologías para los casos relacionados al estallido delictual de octubre de 2019 y meses posteriores.

Los militares del pasado suman más de 400 entre Punta Peuco, Colina 1 y otros penales. Hay varios cientos más que podrían sufrir el mismo destino a pesar de los años que tienen. Los que están presos están en condiciones inhumanas, hacinados y en muchos casos durmiendo en colchones en pasillos o el comedor. Gendarmería los trata mal, como también a sus parientes y quienes los van a visitar. Como que para ellos aplicara el dicho sin perdón ni olvido, pero 50 años después estamos hablando de los que cumplían órdenes y en la época eran oficiales subalternos, clases y conscriptos. Ellos en la mayor parte de los casos están en la cárcel por haber sido militares en 1973 y con ellos la izquierda está descargando su accionar.

Excepto por los antes mencionados, la derecha los tiene abandonados. Los esfuerzos legislativos y legales han tenido poco resultado, y de no ser por unos pocos abogados, quién sabe en qué condición estarían. Son los chivos expiatorios de Chile, condición que muchos y en especial sus familias no están dispuestas a seguir permitiendo, y, dicho sea de paso, tienen hijos e hijas, nietos que actualmente integran las Fuerzas Armadas, estando muy conscientes de lo que está pasando con sus parientes, y, por ende, quizás no muy dispuestos a salvar a quienes los mandan a poner orden.

Los militares y policías de los tiempos presentes tampoco se sienten necesariamente apoyados por todos los políticos de derecha. Principalmente reciben ayuda de organizaciones de la sociedad civil que se establecen para ayudarlos como es el caso de YAAC o la fundación “Nos importan”, o de ellos mismo como es el caso del comandante Crespo.

Los políticos de derecha normalmente levantan la voz en la prensa, pero no es mucho más que eso, y es por eso mismo, que tanto respecto de los del pasado como los del presente quieren saber cuántos puntos calzan y qué pueden esperar de Evelyn Matthei, Rodolfo Carter y eventualmente Ximena Rincón si es que se presenta a una primaria.

Las posiciones que establezcan en esta materia serán observadas con detalle, y claramente pueden condicionar la acción de las instituciones respecto del orden público que siempre se desordena cuando la derecha es gobierno y la izquierda oposición.

No sería de extrañar que un gran movimiento militar tome forma para defender a los que nos defienden, a los que juraron dar la vida por Chile y los chilenos. Los tiempos han cambiado y lo anterior es mucho más viable que hace un par de años. Hay más conciencia del valor de los militares y los policías, los que no se sienten valorados y cuidados como ellos esperan.

Capítulo aparte, y para cerrar esta columna, sería adecuado darles a los militares y policías del ahora los presupuestos que necesitan para operar, proteger, y cuidar a Chile y sus habitantes. En eso los políticos de derecha podrían colocar tiempo y esfuerzo. Invertir en las Fuerzas Armadas y su gente está demostrado que paga, pero paga más aún cuando se trata de los que están pagando con cárcel el haber sido militares o policías, sea hace 50 o 5 años atrás.

Las instituciones militares gozan de alto prestigio y reconocimiento ciudadano. Es hora de que seamos consecuentes con ellas, con los soldados, marinos, aviadores y carabineros del presente, pero por sobre todo con los que pagan con cárcel el haber sido uniformados en 1973, para los cuales la izquierda, el INDH y los tribunales niegan sus derechos humanos y los tratan de la peor de las formas, como que no fueran humanos.

Derechos Humanos