Derechos Humanos
Derechos Humanos
ENEMIGOS DEL ESTADO
Por Humberto Julio Reyes
La noticia que, recientemente, el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete, había absuelto a un cabo de nuestra Armada, acusado por el Ministerio Público como autor del delito de homicidio simple, contra un comunero mapuche, durante incidentes registrados el 3 de noviembre de 2021, me lleva a reiterar anteriores planteamientos, a riesgo de parecer repetitivo y aburrir al paciente lector de estas líneas.
El contexto:
El Cabo en cuestión obedeció las órdenes de un mando responsable para proteger de un ataque armado a una unidad policial, estando vigente un estado de excepción constitucional.
La supuesta víctima pertenecía a uno de los grupos alzados en armas que ha declarado la guerra al Estado chileno y que provocó el enfrentamiento en que él resultó muerto.
El proceso:
El Cabo hubo de defenderse como simple particular, no pudiendo intervenir en su defensa ni su institución ni la justicia militar.
Se sumaron al Ministerio Público otros querellantes, entre ellos el inefable INDH. En parte de la sentencia absolutoria se establece que “no se pudo establecer si la bala que mató a Yordan Llempi fue disparada por el cabo segundo Ricardo Seguel”.
Menos mal, sin embargo, tanto el Ministerio Público como el INDH analizarán la presentación de recursos de nulidad, algo a lo que ya estamos acostumbrados cuando no obtienen una condena en primera instancia.
Mis comentarios:
El Ministerio Público, que nos representa como organismo del Estado, perseverará, aún si durante el proceso “nunca hubo la menor intención de indagar el ataque que sufrió Carabineros y, posteriormente, los Infantes de Marina, con armas largas y subametralladoras, por parte de un grupo de 10 a 15 civiles”, según el abogado defensor Sergio Contreras.
¿Y el Consejo de Defensa del Estado? ¿Defendió al acusado para evitar el posible perjuicio fiscal como producto de la probable demanda civil?
¿Asumió el Estado (su representante), a priori, que su deber se satisface defendiendo a quienes voluntariamente violan la ley y acusando a quien, como funcionario del Estado, actúa en defensa del estado de derecho?
¿No parece algo kafkiano o acaso así sucede en todo país medianamente civilizado?
Más allá de la componente ideológica, siempre presente en estas causas, es una serie de reformas judiciales, tramitadas apresuradamente en un ambiente donde se priorizaba disminuir la probabilidad de ocurrencia de violaciones a los derechos humanos, lo que nos ha llevado al actual estado de cosas.
Una reforma procesal penal garantista respecto a los delincuentes pero que no rige para causas en que se procesa a ex uniformados; modificaciones al código de justicia militar dejándolo fuera de competencia en causas en que haya civiles involucrados; limitaciones administrativas a las facultades propias de un estado de excepción; ellas agravadas por el sesgo con que procede habitualmente el ministerio público, mientras la defensoría de las víctimas, las verdaderas, sigue esperando.
¿Quiénes son, entonces, los enemigos del Estado a quienes se persigue con un empeño digno de mejor causa? ¿Los que lo defienden?
También pregunto si hubiera existido absolución de haberse probado que el disparo mortal provino del arma del cabo acusado.
¿Ello habría significado que no cumplió su deber y que actuó de manera dolosa?
Finalizo imaginando que bastaría que las cortes de apelaciones tuvieran la valentía de reconocer, cuando procede, que no hubo pruebas suficientes, para que las sobrepobladas cárceles especiales, donde muchos ven transcurrir sus últimos años de vida útil, quedaran con escasos huéspedes.
Lo digo porque dificulto que en alguna causa de derechos humanos se haya demostrado la autoría de un homicidio mediante un informe balístico que demostrara que la víctima falleció por un impacto del arma del acusado.
Habitualmente sólo presunciones bastan para que el Estado envíe a prisión a sus defensores como si fueran sus enemigos. ¿Harían lo mismo en caso de guerra externa?
Enrique Slater @slater_enrique
Como siempre, los organismos de DD.HH. , buscan reabrir las heridas del pasado y no respetar los acuerdos, en su momento definidos. Se ratifica nuevamente, que por sobre la justicia y cumplimiento de lo pactado, el propósito principal, es la persecución y venganza
La tercera
¡La esperanzadora carta de ex CORE de La Araucanìa
Sr Director:Me imagino que ahora quedará más que claro, que ese es el “modus operandi” de la izquierda, SIEMPRE y en TODOS LOS PAÍSES DEL MUNDO! Ojalá en Chile puedan reaccionar ( si es que les importa) que cientos de ex uniformados estén cumpliendo condenas en base a mentiras y falsos testimonios, y a veces, sin ni siquiera testimonios, sino que haberse NEGADO a considerar los testimonios que efectivamente los exculpan. ¡Lo que ha salido a la luz en Uruguay, es exactamente lo que ha sucedido en Chile! Esperamos que levanten la voz los que tienen el poder para hacerlo. Así como en Uruguay la VERDAD le ganó a la mentira, esperamos que en esta celebración del nacimiento del NIÑO DIOS, toque los corazones y sean muchos los que pidan la revisión de las situaciones de condenas que sufren por años y decenas de años, todos esos soldados que cumplen INJUSTAS Y ODIOSAS CONDENAS, sin siquiera haber estado en el lugar de los hechos. Genoveva Sepùlveda |
|
|
Acá el Estado de Chile ha pagado más de $992 mil millones de pesos en indemnizaciones por violaciones a los derechos humanos durante la “dictadura” (Fte. radio Biobío)… unos 983 millones de dólares.
¡Todo un negocio!
Y vea los que pasó en Uruguay:
《 CHILE: En espera de la VERDAD, ante el destape en Uruguay 》
La situación que vivimos en Chile es el reflejo de un problema sistémico que se arrastra por más de 30 años: ” la constante violación de derechos fundamentales hacia nuestros militares.”
Es inaceptable que, en un Estado que se autoproclama democrático y garante de derechos humanos, existan ciudadanos tratados con menos dignidad y justicia que otros, violando los principios básicos de equidad ante la ley.
Estamos ante una deuda histórica, un doble estándar que perpetúa el dolor y la exclusión de quienes, con errores o aciertos, cumplieron órdenes del Estado en contextos complejos.
Estas violaciones no solo van en contra de los derechos humanos, sino que también evidencian un desprecio institucional hacia quienes fueron utilizados como herramientas y luego abandonados a su suerte.
Como ciudadanos chilenos comprometidos con la verdad y la justicia, debemos exigir, contra viento y marea, el reconocimiento de estos atropellos. Es hora de que la justicia deje de actuar bajo sesgos ideológicos y aplique un criterio imparcial que permita una reconciliación real en nuestra sociedad.
No podemos construir un Chile verdaderamente justo mientras se perpetúan castigos selectivos y se ignoran los derechos humanos de quienes también son parte del tejido social y de la historia de nuestro país.
Chile merece un trato justo para todos sus ciudadanos, sin excepciones.
¡Es hora de alzar la voz y exigir dignidad para nuestros militares!”
Chilenos de Corazón
Mientras en Argentina:
