EL DERECHO

Nuestra Excma. Corte Suprema -en materia de derechos humanos- siguiendo a Dworkin, “no se ha tomado en serio los derechos”, no estando a la altura de lo que se le debe exigir al máximo tribunal de la República: ser un Tribunal de Derecho. Que si bien esta magistratura no ha dudado en recoger el “mandato jurisprudencial internacional” de aplicar por vía del artículo 5° inciso 2° de la Constitución (“control de convencionalidad”) el Derecho internacional de los derechos humanos, lo ha hecho de manera sesgada e infringiendo el Derecho interno, aun cuando se trate de normas penales de carácter imperativo y no facultativo o discrecional.

Que, por otro lado, este mismo Tribunal -acogiendo irreflexivamente la figura del delito de “lesa humanidad”- no ha trepidado en vulnerar derechos adquiridos, aplicar retroactivamente la ley penal, transgredir los principios pro reo, de legalidad, de tipicidad, de igualdad y, finalmente, el principio pro homine.

Que la situación anterior se ve agravada por el hecho que esta forma de actuar jurisprudencial ha tenido severas repercusiones en diversos institutos del Derecho penal, como la prescripción, la media prescripción, la autoría y participación, las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal, los beneficios penitenciarios y la responsabilidad civil derivada de los delitos, entre otros.

Que también, nuestro máximo Tribunal ha hecho gala de su desidia frente a la afectación de los derechos de los afectados por estos fallos, en su gran mayoría, personas privadas de libertad o en proceso de estarlo, por causas de derechos humanos por actos cometidos durante el Gobierno Militar, varios de los cuales son personas octogenarias y nonagenarias, algunas gravemente enfermas e incluso, discapacitadas.

Que, si bien frente a esta mayoritaria jurisprudencia se han levantado voces contrarias al interior del mismo Tribunal, plasmadas en diversos votos disidentes o prevenciones de connotados ministros, ello no ha sido óbice para que se mantenga esta mala jurisprudencia, principalmente, por la Segunda Sala Penal.

Que toda esta situación, es decir, una Sala de la Excma. Corte Suprema que falla constantemente contrario a Derecho, deshumanizadamente y desconectada de las finalidades de la pena, sumado al hecho que las personas afectadas por estos fallos han sido juzgadas hoy, pero por hechos acaecidos hace medio siglo, bajo un proceso penal obsoleto, parcial y anti garantista, donde quien instruye juzga y falla son la misma persona, ha provocado la necesidad de revisar detalladamente esta forma de actuar de esta Sala del máximo Tribunal, con el objeto de determinar las responsabilidades penales que la infracción de la ley conlleva y que, por ejemplo, el delito de prevaricación contempla (artículo 223 del Código Penal), sin perjuicio de la exploración futura de otras figuras comunes, como la del artículo 492 del mismo Estatuto punitivo.

Carla Fernández Montero
Abogado Penalista Derecho Penitenciario

PREINFORME-DERECHO-DC-

Otro caso de justicia para militares

SEÑOR DIRECTOR:

En este y otros medios se ha discutido en tiempos recientes los casos del comandante Crespo o el soldado conscripto Robledo, pero en esta oportunidad quiero llevar la atención a un caso de octubre del 73 ocurrido en Angol, en que lamentablemente murieron 2 jóvenes y que involucra a 13 militares de la época, de los cuales dos eran soldados conscriptos que hacían su servicio militar.

Este era un caso ya juzgado, en que se había condenado al que era el segundo comandante del Regimiento Húsares, quien fue el que dio la orden de matarlos y estaba confeso. Posteriormente en el 2005 la Corte Suprema amnistió al condenado por estar prescrito

Por alguna razón, bajo el primer gobierno de Piñera muchas causas de este tipo fueron reabiertas, y quizás ello podría haber sido lógico en otros casos, pero no en este, en el cual ya había un claro responsable que estaba juzgado y condenado.

De los 13 a los que se les condena, solo dos tuvieron una participación directa, ya que fueron los que dispararon, pero dicho eso, eran un cabo y un soldado conscripto cumpliendo órdenes, por lo que se les debiera eximir del caso.

Los otros 11 no tienen culpabilidad alguna en las muertes de los jóvenes, condenarlos a su edad, mas de 50 años después, por algo que no son culpables y en donde el mando asumió la responsabilidad no suena muy justo. Es mandarlos a morir a la cárcel. Dicen que la justicia es ciega, pero ello no quita que deba ser justa.

Las Fuerzas Armadas y las policías del Chile actual observan estos casos y los más recientes ocurridos cuando han debido poner orden a los desórdenes, estallidos y revoluciones. En épocas en que se discute la posibilidad de que vuelvan a la calle, toman nota de la forma en que paga Chile a los que han debido cumplir ordenes o simplemente tienen el pecado de haber sido militares o carabineros en la época equivocada.

Richard J. Kouyoumdjian Inglis

AthenaLab

El País es de los Audaces

Ante la pregunta frecuente, “¿cómo el país ha caído en el comunismo?”, hay una respuesta simple: porque  los comunistas son audaces. No les importa nada el “qué dirán”. En las encuestas de opinión reciben el mayor rechazo. Les da lo mismo.

¿Cómo se explica que en democracia, donde se supone que la mayoría manda y repudia a los comunistas, gobiernen los comunistas? Porque son audaces, están en el gobierno, en el poder judicial y, si no tienen mayoría en el parlamento, la consiguen a como dé lugar.

Desde luego han creado un estado donde se pagan a sí mismos remuneraciones que exceden en promedio en 50 % a las del sector privado (La Tercera, 20.11.21). Cuando Pinochet equilibró el presupuesto en 1975 el estado tenía 300 mil funcionarios. Tuvo que echar a 90 mil para cubrir el déficit del presupuesto. Hoy, con los comunistas en el poder, hay un millón 220 mil. Y ahí mandan ellos.

Hicieron la revolución armada antes de 1973 y ahora los contribuyentes chilenos les pagamos centenares de millones de dólares anuales para resarcirlos porque los militares (convocados por los políticos civiles) la derrotaron. ¿Cómo logran los millones de “indemnización”? Con audacia. Un ministro sumariante de DD. HH. llamado Álvaro Mesa Latorre, de la corte de Temuco, ha mandado a presidio a trece exmilitares ancianos, por la muerte en 1973 de dos sujetos en Angol acusados de disparar contra el regimiento. Y ordena al Estado pagar $300 millones que no tiene por qué pagar. ¿Cómo? A punta de audacia, contra toda legalidad, contra la verdad de los hechos y hasta contra un fallo de 2005 de la propia Corte Suprema.. Y esto tan insólito ni siquiera ha salido en algún diario de circulación nacional. La causa había sido cerrada y sobreseída ante la justicia militar en 1973, los hechos fueron amnistiados en 1978; después de 2000, cuando se fue el general Pinochet y los jueces rojos hicieron todo lo que no se habían atrevido a hacer cuando era comandante en jefe, la propia Corte Suprema, según El Mercurio de 6 de agoto de 2005, sobreseyó a todo el regimiento en la misma causa. Bueno, el audaz Mesa, (que antes ha condenado a exmilitares “por haber sido militares”, audacia extrema) pasó hasta por sobre la jurisprudencia de sus superiores jerárquicos. Y no le va a pasar nada, porque es audaz.

Si usted lee el best-seller del teniente coronel de Carabineros Claudio Crespo no va a poder entender cómo nuestros uniformados han podido ser maltratados por antisociales y, pese a ello, son perseguidos por entes del gobierno al cual sirven. Porque mandan los audaces: el Instituto de DD. HH., la Brigada de DD. HH. de la PDI, el Consejo de Defensa del Estado y, además. los persiguen los fiscales más audaces del Ministerio Público. Resultado: antisociales libres y carabineros presos.

Se ha conseguido que ni siquiera cuando los antisociales les disparan a los carabineros éstos puedan usar sus armas de reglamento. ¿Cómo? Con pura audacia, pues el Código de Justicia Militar dice (art.410)  “será causal eximente de responsabilidad penal para los carabineros el hacer uso de sus armas en defensa propia o en la defensa inmediata de un extraño al cual, por razón de su cargo, deban prestar protección o auxilio”. ¡Pero los carabineros no pueden usar sus armas!

Y así se han tomado el país, constituyen la burocracia de más altos ingresos y su última audacia ha consistido en sobornar a un parlamentario, a vista y paciencia de irresolutos, tibios y entreguistas, para así ellos presidir la Cámara de Diputados.

¿Qué dicen los “sensatos”? “Hay que llegar a alguna clase de acuerdo con los audaces.”

Hermógenes Pérez de Arce