Las autoridades son débiles porque, como decía Diego Portales: “creen que la democracia es la licencia”.

Además, porque el “discurso de los derechos humanos” —pronunciado por quienes han sido sus  mayores violadores en la historia moderna— ha sido eficazmente utilizado para quitar legitimidad al uso de la fuerza y para desarmar psicológica y moralmente a quienes, por deber de autoridad, están obligados en justicia a aplicar la violencia legítima del Estado para reprimir a quienes subvierten el orden social. La finalidad de ese discurso es inhibir a las autoridades políticas a aplicar la fuerza para mantener el orden y reprimir la violencia ilegítima y el crimen, favoreciendo con ello a los subversivos y terroristas.

El deber primero del Estado, y que antecede a todos los demás, es el de mantener el orden público y la seguridad de la comunidad nacional; pues sobre tales bases descansan todas las actividades o empresas personales o nacionales que se proyecten, para que éstas puedan ser desarrolladas con normalidad y tranquilidad.

La existencia del Estado reposa, en último término, en el imperativo del orden y la seguridad. El Estado, como promotor del bien común, está obligado a aplicar la fuerza si ello es necesario para dar eficacia al derecho y para repeler o neutralizar la violencia ilegítima.

Adolfo Paul Latorre, Abogado.