Álvaro Ortúzar

El proceso de designación de la candidata a la Corte Suprema Dobra Lusic ha sido complejo. Nuestra ciudadanía ha tomado un rol vigilante y de opinión, por lo que solo acepta para los cargos públicos a personas que presenten la mejor formación profesional y rectitud. En el caso de los jueces, la necesidad de esa formación es indispensable dado que deciden la interpretación de las leyes que afectan a los ciudadanos y a los poderes del Estado; y en cuanto a la rectitud, porque de allí nace el control sobre la probidad que todo el Poder Judicial y sus auxiliares deben tener. Faltando cualquiera de estas condiciones, el sistema se corrompe o falla de manera gravísima.

Siendo lo natural que el papel del Senado en la decisión tenga por objeto consultar al candidato acerca de temas relacionados con políticas públicas y de interés nacional, o discusiones como la eutanasia, materias ambientales, derecho a la salud u otras similares, en esta ocasión, en cambio, la comparecencia de la postulante fue precedida de informaciones de prensa que nada tenían que ver con aquello, sino con el señor John Campos -un “operador político y judicial”, que resultó ser un individuo con antecedentes penales antiguos de violencia contra menores, vinculado al actual ministro de Justicia, también tiempo atrás pero cierto- que le había ofrecido a la ministra colaboración para su designación en la Corte Suprema. En simple, que tenía contactos en el Senado y era capaz de ejercer tráfico de influencias. Previo a su audiencia en el Senado, estas informaciones se publicaron y ella tuvo una reacción ampliamente rechazada: “hay que regular a la prensa”, que luego la ministra interpretó como autorregulación de los medios para evitar difamar a las personas. Luego, han aparecido otras informaciones cuya tónica son los nombramientos y los favores a Campos para ser designado en notarías en que ella habría participado desde su cargo en la Corte de Apelaciones. Una situación no aclarada en su legalidad, confusa y preocupante.

El Senado no es un tribunal, pero su deber es elegir al mejor candidato para servir el cargo de ministro de la Corte Suprema. En esta encrucijada veremos cuán fuertes y sanos son los vientos que corren en esa instancia, o, al contrario, si se impondrá la más notable muestra de la hipocresía republicana, en el sentido de respetar un acuerdo que se rige por la nefasta regla del cuoteo. Se trata de un cinismo político que puede dejar manchada con la sospecha la carrera de una magistrada, que habrá llegado al máximo poder en la judicatura sin despejar las dudas que su opción ha sembrado. El gobierno ha anunciado que cumplirá su parte del “trato”. Se lavó las manos. El país mira al Senado, su versión del cuoteo, sus explicaciones, las imputaciones no resueltas. Dado esto, si es electa, no sabremos si ella merece ser ministra de la Corte Suprema. Lamentablemente, será un mal comienzo, incluso, una noticia en desarrollo.