Efectiva política de derechos humanos: consideraciones generales en el uso de la fuerza militar en La Araucanía

por John Griffiths Spielman 28 febrero, 2021

El énfasis en el problema de violencia existente en La Araucanía se debe resolver, principalmente con la fuerte voluntad política de ejercer la ley y el orden, sin lesionar el Estado de derecho para todos. Ello requiere todo el peso de la ley de parte del poder judicial y el respaldo resuelto de lo político a las fuerzas de orden y seguridad pública. Una adecuada inteligencia efectiva para contar con claros panoramas situacionales, así como con aportar evidencia de la naturaleza del problema. Lo que el Almirante Vergara denomino el consenso entre políticos, fiscales y jueces, junto a una efectiva política de derechos humanos, pero para todos.

Tradicionalmente existe la tendencia a creer que el uso de la fuerza militar es una herramienta efectiva y rápida de emplear para enfrentar múltiples fenómenos, sin considerar necesariamente la naturaleza y el carácter, del problema que enfrentamos.

A modo de hipótesis, podríamos plantear que, si el problema que enfrentamos posee la naturaleza y el carácter militar, el uso de la fuerza será lo más adecuado, actuando en conjunto con otros medios, que el Estado posee y denominados instrumentos de poder. Se usarán entonces las herramientas políticas, diplomáticas, económicas, tecnológicas y comunicacionales para apoyar el énfasis en el uso militar de la fuerza.

Sin embargo, si el fenómeno o problema a resolver, no es de naturaleza y carácter militar, la fuerza puede ser usada, pero no con el énfasis sobre los otros instrumentos de poder más adecuados en la resolución efectiva del problema. En otras palabras, la fuerza militar aporta con sus capacidades específicas a “generar las condiciones de éxito” en una maniobra que es en esencia política.

El preámbulo anterior, es necesario de plantear toda vez que hoy se ejecuta la participación militar (Fuerzas Armadas) en la Araucanía en conjunto con medios de las Fuerzas de Orden y Seguridad (Carabineros e Investigaciones), entre otros actores.

Una primera pregunta por responder sería ¿Cuál es la naturaleza del problema que enfrentamos?, es en esencia de naturaleza militar o es un tema en esencia político y con una serie de aristas: étnicas, delictual por robo de madera, violencia de diversos grupos que se consideran al margen de la ley, etc.  Es subversión, terrorismo, guerrilla urbana, o todas a la vez. Si la arista más clara es la violencia de grupos organizados, al margen de la ley. La solución, a lo anterior debe ser el empleo de los instrumentos de poder con énfasis en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, junto al imperio de la ley y con una adecuada inteligencia para poder detener y llevar a juicio a los responsables de dicha violencia y responsables de afectar el Estado de derecho, dañando a ciudadanos inocentes. Adicionalmente, un buen nivel de inteligencia es la herramienta más adecuada para determinar no solo el financiamiento de los grupos violentos al margen de la ley, sino que además precisar la naturaleza del conflicto. Lo anterior sí requiere la voluntad política de querer solucionar y no administrar dicho problema

Si pese a identificar y definir el problema como un fenómeno que en esencia no es militar y se quiere usar la fuerza, debiéramos a lo menos tener presente, entre muchas otras, las siguientes previsiones:

• ¿Cómo vamos a abordar la coherencia entre el área geográfica de responsabilidad militar, con el área administrativa y judicial presente en la totalidad del territorio en que se desarrollaran las acciones policiales y militares? Más aún cuándo ante un potencial “Estado de Excepción Constitucional, de Sitio”, por primera vez operará en un contexto de un nuevo sistema judicial, con varias jurisdicciones administrativas locales.
• ¿Quien ejercerá la total coordinación de los medios empleados? Los medios de las FFAA y los de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, más la totalidad de actores y organizaciones gubernamentales en el área. Existirá un Cuartel General con mando, coordinación y control para el total de la operación, con un panorama situacional claro y preciso, que posibilite que las fuerzas estén todas integradas en un panorama común.
• ¿Cuál será la relación de mando entre las fuerzas? Quién ejercerá el mando en la totalidad de la cadena de mando de las fuerzas desplegadas. A modo de ejemplo, en una patrulla mixta quién será el comandante a obedecer. Primara la doctrina, policial o la doctrina militar. Y si prima una u otra ¿toda la fuerza esta en condiciones de emplearla? ¿Han sido entrenados para ello?, ¿Están integrados, entrenados y coordinados los medios y procedimientos, así como las famosa reglas del uso de la fuerza?, ¿La solución logística para el apoyo de la totalidad de la fuerza, esta definida?
• No debemos olvidar que la operación se desarrollará en un territorio en el cual el centro de gravedad de las operaciones será más comunicacional y que demanda el ganar la mente y corazón de la población que la habita. La legitimidad y apoyo local son esenciales para el éxito de la operación, en que la fuerza si se va a emplear, debe usarse quirúrgicamente. Más aún cuando el despliegue militar es en el territorio propio y con connacionales, ello es vital.
• ¿Quién y cómo se dotarán de información o inteligencia en el área de empleo? ¿Qué organismo coordinara las diversas plataformas, fuentes y medios disponibles?
• ¿Quién ejercerá o asumirá la responsabilidad de la operación, ante los posibles daños colaterales que ello conlleva?  Ya que no se puede pensar que el empleo de la fuerza militar será inocuo.

Podríamos detallar muchas otras interrogantes, pero la finalidad de lo anterior es solo reflejar que el arte del uso de la fuerza es usar con el énfasis adecuado la combinación de los diversos elementos o instrumentos de poder del Estado de acuerdo con el fenómeno a resolver. Es muy simple y tentador usar la fuerza militar, pero ni aún ejércitos muy poderosos han podido vencer fenómenos como el terrorismo, o la subversión o guerrilla, ya que en esencia es un problema más político que militar, más de lucha mental que de fuerza tradicional, menos cinético y más comunicacional. La lección fue duramente aprendida en Irak cuando el conflicto mutó, desde una naturaleza militar a una guerra civil, con el terrorismo como principal técnica o arma en contra de las fuerzas militares.

Nos atrevemos a proponer que el énfasis en el problema de violencia existente en La Araucanía se debe resolver, principalmente con la fuerte voluntad política de ejercer la ley y el orden, sin lesionar el Estado de derecho para todos. Ello requiere todo el peso de la ley de parte del poder judicial y el respaldo resuelto de lo político a las fuerzas de orden y seguridad pública. Una adecuada inteligencia efectiva para contar con claros panoramas situacionales, así como con aportar evidencia de la naturaleza del problema. Lo que el Almirante Vergara denomino el consenso entre políticos, fiscales y jueces, junto a una efectiva política de derechos humanos, pero para todos.

Agregar que tan importante como contar con buenos especialistas en diplomacia, tecnología y economía y otras disciplinas, el siglo XXI, y los particulares desafíos de nuestra patria, nos demandará contar con especialistas en seguridad y defensa para enfrentar las amenazas que ya estamos sufriendo y su adecuada formación profesional y universitaria, la que sigue siendo un anhelo en el horizonte. De existir hoy, una masa critica de ellos, estaríamos en mejores condiciones para encontrar soluciones más efectivas.

Otro aspecto no menor, es señalar que, si efectivamente ya tuviésemos un Consejo de Seguridad permanente, el monitoreo, previsión e instancias de solución a los graves problemas de seguridad que hoy enfrentamos, como país, tendría razonables posibilidades de mayor éxito, beneficiando no sólo el proceso de toma de decisiones político, sino que la seguridad, desarrollo y bienestar de todos los chilenos.

Otra opinión:

Ciertamente la solución del conflicto debe buscarse en el ámbito político y negociado, debiendo mantenerse  a las FFAA al margen de este conflicto.
Sin embargo resulta difícil creerle a Cayuqueo (demuestra un cinismo descarado), y a quienes alimentan este conflicto, cuando dicen que “la solución política surgirá de un diálogo de alto nivel entre el Estado chileno y las distintas jefaturas mapuche, incluidas aquellas que defienden la violencia política o el “weichan” como estrategia de lucha. Un diálogo sin exclusiones ni vetos odiosos”.
¿Que “jefaturas”?
¿Quienes representan a los Mapuches alzados?
¿Que garantías hay de que cumplirán su palabra?
Todos los convenios, garantías y concesiones otorgadas en el pasado, han terminado con parte importante de los mapuches victimizandose, o acusando, ya sea al Estado, o a particulares, de estafa y engaño, pidiendo les restituyan tierras que ellos vendieron después de haberselas concedido el Estado, transformando esto en un cuento de nunca acabar.
Ciertamente que la solución es política, pero el uso de la fuerza o la decisión de hacerlo también es política… El último recurso.
Ojalá que este inepto gobierno no nos lleve a eso, pero cada vez esto se parece más a un zapato chino.
En este tema y en otros relacionados con seguridad y terrorismo, pareciera que el gobierno blufea con la posibilidad de un Estado de Sitio, o de un acuerdo nacional, sabiendo que no tiene piso político para ninguna de las 2 cosas.
Da la impresión de que sólo dilata, apostando a su buen manejo de la pandemia y al repunte del cobre para aguantar su permanencia en el poder.
Tampoco se ve presión de los “grupos de presión”… los gremios de camioneros, los comerciantes del Sur, las forestales quienes teniendo como presionar no se la juegan por presionar al gobierno para que haga algo para solucionar el conflicto… todo muy extraño, en un ambiente de apatía que solo se rompe cuando la tragedia se hace demasiado evidente, para al poco tiempo volver a lo mismo.
Al parecer, lo único que quiere cierto sector del país, es que los milicos “se ensucien una vez más las manos”, para que en unos años más rasguen vestiduras, y quemen en la hoguera a los que serán entonces ex uniformados.
En los 70, las instituciones pesaban. El congreso, la iglesia, el poder judicial, iban más o menos para el mismo lado, sólo el gobierno iba para el otro.
La izquierda derrumbó el prestigio de las instituciones (incluidas las FFAA), aún que hay que reconocer que las instituciones cooperaron bastante.
Hoy la situación a mi juicio es peor que en 1973.

Roberto Hernández Maturana