Editorial diario El Mercurio de Santiago, 29 de enero de 2017

Todo el país tiene la percepción de que existe intencionalidad en la ola de incendios forestales que han azotado a la zona central y otras regiones. Esa sospecha solo puede clarificarse con la rápida acción de las instituciones -fiscalía, policía y tribunales- responsables de indagar y sancionar, en caso de existir, las conductas causantes de esta tragedia. El país no puede parecer inerme ante los incendiarios, una conducta delictiva que ha tenido severas penas en nuestro ordenamiento legal.

Con todo, ni aun el heroísmo desplegado por bomberos y servidores públicos ejemplares -desde Carabineros a brigadistas Conaf- ha logrado atenuar la sensación de ineficacia del Estado frente a esta catástrofe.

Tiene razón el Gobierno cuando pone de relieve las excepcionales condiciones climáticas que han favorecido la propagación de los incendios, pero ellas son manifestación de un fenómeno estudiado y anticipado por los especialistas. Por lo mismo, resultan pertinentes los cuestionamientos a una preparación que hoy se aprecia insuficiente. Y aunque muchos de los problemas son de larga data, partiendo por la precaria institucionalidad de la  Corporación Nacional Forestal -el último intento por corregir esto lo impulsó la administración Piñera y fracasó debido al rechazo de la entonces oposición-, las actuales autoridades tampoco los han abordado de manera oportuna ni adecuada, dilatando cuestiones urgentes, como la modernización de la Onemi. En cambio, al reaccionar a la actual catástrofe han vuelto a evidenciarse -en una primera etapa- características de un estilo de gestión cuestionable: lentitud en la declaración de estados de excepción; decisiones (como la de asignar ministros a determinadas regiones) con algún impacto comunicacional, pero de dudosa eficacia y que hasta arriesgan indeseables duplicidades de funciones con los respectivos jefes de la Defensa; actitudes de sectarismo político, y desconfianza inicial frente al aporte del mundo privado.

Se agrega a ello la aparente convicción de que el mero aumento de recursos bastaría para la resolución de las dificultades, sin importar el modo en que se empleen: no de otra forma puede entenderse que las autoridades destaquen entre sus logros haber incrementado los aviones de la Conaf, pasando por alto que tres de las seis naves que componen la flota no estaban operativas al comienzo de esta semana.

Sin embargo, se advierte en los últimos días la voluntad de corregir los errores de gestión. Ciertamente, situaciones como las que han afectado al país en las últimas dos semanas ameritan ser abordadas de modo unitario y evitando ventajismos. Superada la emergencia, habrá tiempo para evaluar el desempeño del Gobierno y la precariedad del aparato estatal para enfrentar desafíos de esta envergadura.