EL GERMEN DE LA AUTODESTRUCCION

Gene F. Fernández Llerena

Resumen: Análisis del abuso del Derecho, promovido por el Gobierno y el Alto Mando de Carabineros en la afectación de los Derechos Humanos de los Carabineros, cuando son dados de baja, sin un sumario o investigación de por medio, conturbando los Derechos Fundamentales que le son reconocidos en el N° 2, 3, 4, 12 y 24 del artículo 19 y 38 CPR

ANTECEDENTES.

Desde hace mucho tiempo, cuando un Carabinero incurre en un acto objeto de reproche, por negligencia, impericia, culpa, dolo o ignorancia, y el conocimiento de éste trasciende a la comunidad nacional, sea por los medios de comunicación, por las redes sociales o cuando un “poderoso” –entiéndase político, figurilla pública, conocido empresario o cualquier individuo que pertenezca esa “elite” o piense que lo es, partidos políticos, organizaciones sociales, INDH, etc– lo hace público, termina, de manera indubitada, en su inmediata exoneración, en la cual, el Gobierno de turno, lo expone, a manera de triunfo, por todas las vías posibles, algunas veces, adelantándose incluso, a la comunicación que en ese tenor, el Alto Mando de Carabineros realiza.

El hecho de comunicar la exoneración de un funcionario, sin mediar, un sumario, investigación o un debido proceso, solo cubre de ignominia a los autores y promotores de dicho acto, pues, constituye la afectación grave e infraccional de los DDHH del individuo infractor y que ha sido expuesto, gratuitamente al escarnio público y demuestra entonces, que en Chile, existen personas de segunda o incluso tercera clase, pues mientras a los delincuentes y criminales se los provee y reconoce de todo tipo de derechos, a los Carabineros, sencillamente no sólo se les niega sino que además se hace pública jactancia de su conturbación, lo que es impresentable, y ciertamente concurre en la frontera que divide a un acto administrativo arbitrario, a otro que tiene el carácter de ilícito.

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Entonces, esa “exoneración” in actum del servicio, constituye, en la especie, el término de la carrera profesional del infeliz que incurrió en el acto objeto de reproche, y respecto del cual ha sido públicamente defenestrado. Se denomina “BAJA” cuando se trata de un individuo que pertenece a la tropa, y “RETIRO TEMPORAL” cuando se trata de un Oficial, y aunque visten el mismo uniforme y pertenecen a estratos jerárquicamente distintos, comparten a lo menos, una característica en común, adolecen del PITUTO que podría haberles salvado o el medio respecto del cual, se les respete – aunque provisoriamente– los Derechos que la Constitución le asegura a cualquier persona de este país.

Enseguida, cuando me refiero al concepto de “infeliz” sobre aquel Carabinero que cayó en desgracia, lo utilizo, no con el afán de ofender al sujeto que transita por ese predicamento, sino para reflejar el duro trance que significa ser expuesto al escarnio público, y ser expulsado de su Institución, a la cual ingresó en tierna edad y generalmente al sentir el llamado de la vocación y ver truncada indefectiblemente su carrera profesional sin ningún derecho de por medio, como si de un perro o un mendigo se tratase, al cometer el grave error, de importunar con su ignominiosa presencia algún sacro lugar o reservado a una élite en particular.

En efecto, el grosero acto de expulsarlo sin más justificación que una espuria resolución, sin duda, arrastra con ello, no solo su persona, sino a todos aquellos que conforman el círculo íntimo de aquel, compuesto por sus padres, hermanos, cónyuge, pareja, hijos, quizás algunos amigos, conocidos, todos, cual más, cual menos, quienes habrán de cargar alguna astilla de esa pesada cruz que ahora, gratuitamente le dispensó el Gobierno, el Alto Mando de Carabineros y todos esos “catones de la moral” quienes como hijos de Torquemada hicieron público reproche más allá de lo razonable y debido aportando el madero para la hoguera respectiva.

Es una tragedia, desde el punto de vista que se mire, pues se le impide hacer uso del legítimo derecho a dispensar de sus remuneraciones, las cuales, todos sabemos que son exiguas, modestas y limitadas cuando se trata de un Carabinero de tropa, que ante un siniestro como el señalado, no soporta ni puede optar a una defensa jurídica apta o razonable, entonces, no contentos, estas autoridades, en exponerlo a merced de terceros, además lo privan ilegal y arbitrariamente de los escasos medios que podría utilizar para procurarse una humilde defensa, debiendo, cual acto librado una noche de San Juan, pactar con aquellos tinterillos o abogados de baja estofa que a cambio de millonarias cifran, les prometen una inexistente redención.

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Cierto es, que hasta ahora, el análisis que he materializado, dice relación con el Carabinero infractor, independiente si es culpable o inocente de los actos que se le imputan, pues el estudio se centra en el acto arbitrario, ilegal e infraccional en que incurre el Gobierno y el Alto Mando de Carabineros, al resolver, exonerarlo del servicio, sin concurrir los presupuestos jurídicos mínimos que la Constitución Política de la República y leyes dictadas conforme a ella, establecen para perfeccionar un acto administrativo terminal, de entidad tal, que constituye el término abrupto de su carrera profesional, con absoluto desprecio a los DDHH que toda persona goza al pisar territorio chileno, cuya fuente emana, indubitadamente en el ser humano, y que en ese sentido, el Estado incluso a suscrito tratados internacionales, que ratificados por el Congreso Nacional, tienen el carácter supraconstitucional –según algunos-, actualmente vigentes, por lo que no se entiende entonces, de donde emana la facultad que le permite a estos individuos que temporalmente gozan del carácter jurídico de autoridad, se ufanen en la violación desvergonzada de éstos, al aplicar vías de hecho barnizadas de una legitimidad reglamentaria, que le repugna al constituyente, al legislador y a cualquier persona, aún de modesta inteligencia, que distingue de manera acertada, la frontera de lo correcto o incorrecto.

El Instituto Nacional, desde hace tiempo, se encuentra sumido en una grave crisis institucional, promovida por subvertores del orden, los cuales constituyen una suerte de banda de delincuentes que disfrazados de alumnos –lo que no obsta, que varios de ellos, realmente lo sean-han sostenido de manera contumaz, una campaña de desorden, ilícitos y delitos contra la propiedad pública, privada y una amenaza a la integridad física de sus pares y de sus profesores cuando pretenden éstos, continuar con el régimen de clases. Por otra parte, las autoridades, llamadas a imponer el orden, de manera cobarde e inexplicable, no efectúan los actos que en derecho corresponde, encontrándose la Municipalidad de Santiago absolutamente sobrepasada –por acción u omisión– y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en una pasividad que raya en la falta de servicio.

Así, este actuar del Estado, ha contribuido en materializar un reservorio artificial, donde se perfeccionan atentados, con absoluta impunidad, lo que nos permite colegir, ante la presencia de determinados hechos, la existencia de grupos organizados, como antaño llevaron a un JACKSON, CARIOLA, VALLEJOS, BORIC y otros tantos esbirros más, a forjarse una carrera política, –pavimentada con los rostros de miles de alumnos que cual cantos de sirena, siguieron los llamados a paro y solo ganaron perder, muchos de ellos, el año escolar, bajas calificaciones y finalmente un costo económico asumido por sus padres– que los tiene gozando de una dieta que supera los $9 millones de pesos, a costa de todos nosotros, sin perjuicio de corroer la ya alicaída percepción ciudadana que se tiene del Gobierno y sus autoridades.

Precisamente en uno de estos eventos, las RRSS y medios de comunicación dieron a conocer como, dentro de un grupo de carabineras, quienes en forma previa, habían aprehendido a una mujer, una de ellas, perdiendo los estribos, le propinó, ya encontrándose reducida, un par de golpes de puño lo que conllevó la reacción concertada de la izquierda o la oposición, al utilizar dicho hecho, como una bandera de lucha más, en contra del Gobierno y Carabineros de Chile.  Menos de 24 horas después, el Ministro del Interior, sr. CHADWICK PIÑERA, se jactaba –una vez más– de comunicar la BAJA de la funcionaria por haber participado en estos graves hechos, acto que sostengo, tiene el carácter de absoluta infracción a los DDHH que toda persona goza en nuestro país, excepto, por cierto, cuando se trata de un Carabinero.

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Así las cosas, lo obrado por la Carabinero, estuvo mal, no debió golpearla, pero ciertamente todos sabemos que las imágenes son apenas un extracto de lo que sucedió, no tenemos ni la menor idea de que aconteció en forma previa, imagino que la joven mujer, debe estar arrepentida de su actuar, pues, a esta hora, perdió su trabajo, su carrera profesional, los años de sacrificio y todo lo que tenía, incluyendo sus sueños, porque un par de individuos que gozan temporalmente del cargo de autoridad, le han violado sus derechos humanos, al igual que ella, –al propinarle el certero golpe a la detenida– como un castigo –sin juicio previo-, al haber perdido la calma.

Ahora bien, las imágenes tampoco muestran que fue un gran golpe, ni siquiera para lesiones, pero, jugó en su contra, el haber abrazado como carrera profesional, el ingresar a Carabineros de Chile, el cual por antonomasia, concentra el odio y repudio de una parte de la comunidad nacional, partiendo por delincuentes, criminales, políticos de izquierda, comunistas y en general todos aquellos que alguna vez, han sentido que sus derechos han sido afectados por un individuo, que alguna vez, vistió el mismo uniforme, entonces, las generaciones actuales, cargan, injustamente, con toda la animadversión consciente e inconsciente, generada como consecuencia de aquellos actos, que materializados por sus miembros, alguna vez fueron calificados con absoluto reproche y es por eso, que cuando ocurren hechos, como los protagonizados por esta funcionaria, concentran el repudio de un espectro amplio de la sociedad, promovido en buena parte, de estos profesionales de los disturbios, esos que ud y yo sabemos perfectamente de donde vienen y quienes son, pero que propugnan esa falsa igualdad cuyo sustento nace, en “robarle” al que trabaja, para dársela al mediocre y flojo que participa  y contribuye con sus votos, en esa suerte de organización.REPORT THIS AD

Con esto, no justifico en lo absoluto lo obrado por la ahora ex – funcionaria, de hecho, tendrá que enfrentar la justicia y responder por sus actos, sin embargo, imagino que Ud y menos yo, acepta hechos donde se promueva de manera tan desvergonzada la injusticia o el abuso, venga de donde venga y el trato que ciertamente le han dado a esta mujer, por su “error”, abuso, o exceso de celo, ciertamente es infraccional, ilegal e increíblemente injusto, pues literalmente la han echado a la calle, sin posibilidad alguna de defenderse, con lo puesto, y perdido todos los años que trabajó en Carabineros de Chile, me parece vergonzoso, y ciertamente repugna que individuos que gozan de altos cargos en la Administración, materialicen actos como los descritos, pues han violado DDHH y principios jurídicos constitucionales, no merecen por cierto, tener el carácter de funcionarios públicos aquellos que obran en igual tenor.

La diputada, sra. PAMELA JILES, en su cuenta personal de twitter, publicó bajo el título “dada de baja” los datos esenciales y personales de la Carabinero, incluso su código de funcionario –una especie de rut institucional– más una serie de fotos, que imagino las obtuvo de las RRSS de ella, con un epílogo titulado “No siempre vemos a la psicópata que está detrás de una sonrisa.”

Lo que generó profundas reacciones entre sus seguidores y aquellos que reprobaron dicho actuar, trenzándose en una virtual confrontación de huestes, como la mejor de las batallas de la saga del “Señor de los Anillos”, en que orkos, goblins y Uruks, se enfrentaban en una contienda sin cuartel contra elfos, hombres y enanos, –dispenso por cierto, la oscura calidad inicial a los fans de aquella– y al avanzar el día, la “honorable” diputada eliminó la publicación de marras, quizás con la finalidad de borrar la prueba de su reprochable actuar, pues he de suponer, que ello se debió al acertado consejo de algún asesor que le habrá ilustrado, por ejemplo de lo siguiente:

1. Materializó una injuria grave con publicidad, pues calificó a la srta. DOUMOT GUZMAN de “psicópata”, sin tener un documento, antecedentes o sentencia alguna donde conste tales hechos, por consiguiente, la ofendida, podría, felizmente deducir una querella en su contra por incurrir en el ilícito previsto y sancionado en el artículo 416 del Código Penal con expresa reserva de acciones civiles.
2. Reveló antecedentes e información que corresponden al ámbito de su vida privada, imputándole hechos que hasta ahora no han sido probados, infraccionado los DDHH reconocidos en el N° 4 del artículo 19 de la Constitución –entre otros-, este actuar, entonces, incurrió en daño a la persona e intereses de la srta. DOUMONT GUZMAN, la cual, podría eventualmente deducir acciones en sede civil, reclamando indemnización de perjuicios.

Lo reprochable del actuar de la sra JILES, es que sus ofensas, son promovidas, por quién, como requisito previo en asumir el cargo público que goza –y con ello los $9 millones de dieta, entre otros millonarios recursos-, juró cumplir con la Constitución, cosa que precisamente ha violentado con su actuar,  agravando ya el análisis en cuestión, puesto que precisamente en forma previa a declarado, que hasta un “delincuente tiene derechos y el Estado debe protegerlo”, entonces, no se entiende este actuar infraccional para con una persona, cuyo pecado, pareciera ser, más allá de la agresión en cuestión, el representar o pertenecer a una Institución Policial, un actuar en ese tenor, en derecho, podríamos calificarlo de dolo, en relación a los presupuestos contenidos en la teoría de los actos propios o en coloquial, al recurrir a aquel viejo aforismo criollo que señala, “borra con el codo, aquello que escribió con la mano”.