Para nadie es un secreto que los juicios por presuntas violaciones a los Derechos Humanos por parte de ex-militares, tanto en Chile, Argentina y otros paises, se ha convertido en una lucrativa actividad para ciertos grupos de abogados (generalmente ligados a la izquierda política). Muchas veces los honorarios de los profesionales no son pagados por las familias de los involucrados en los hechos, sino por organizaciones del extranjero.

Los gobiernos de turno, inmersos en afanes electorales, fomentan el inicio de causas para atraer a una opinión pública (a) crítica respecto de los antecedentes históricos, que llevaron al quiebre de las democracias del continente a fines de los años 60 y durante la década siguiente.

Es lamentable que la defensa de principios universales se haya transformado en una “empresa”. Tal situación no logra otra cosa que contribuir al desprestigio de los regímenes de gobierno actuales, alimentando el odio y la revancha. Difícil escenario para una efectiva reconciliación.