El proceso debido

Al enterarme que había sido detenido en México el “Comandante Emilio”, uno de los acusados por el asesinato de Jaime Guzmán y que como la gran mayoría de los implicados ha eludido por 26 años la acción de la justicia, sentí gran satisfacción.

Pero de inmediato, ese sentimiento mutó a contrariedad al conocer las declaraciones al respecto del ministro Mario Carroza, el juez que debe decidir imparcialmente si el detenido es culpable. Un diario resumió sus dichos sobre el inculpado: “es el autor material”. Vale decir, dictó fallo sin más trámite y sin ningún proceso; aquel que le es “debido” según cualquier declaración de derechos humanos que se consulte. Conforme con el derecho que estudié en la universidad -en la cual el asesinado senador fue mi profesor durante dos años-, si un juez anticipa su opinión, queda inhabilitado y no puede continuar conociendo del juicio. Pero estamos en Chile.

Se ha especulado si acaso Raúl Escobar llegará a Chile o recibirá la misma protección que otros autores del crimen en el extranjero, que les ha granjeado impunidad. El canciller dio a conocer el compromiso con su par mexicano de trabajar juntos para una extradición acelerada, lo que cambiaría las cosas, pero hay algo que se olvida: debe concederla la justicia mexicana. Y en este escenario, Escobar podría alegar que en Chile no tendrá un debido proceso -y se le están facilitando las cosas para ello-, factor que siempre es tomado en cuenta por un tribunal que debe conceder la extradición.

¿Ocupará Escobar esa defensa en México? Hay dos razones para creer que no. Primero, que allá está siendo investigado por varios secuestros, de modo que podría enfrentar muchos años de cárcel (como Mauricio Hernández, su socio de fechorías, en Brasil). En cambio, él sabe que en Chile las penas se cumplen a medias -si es que se cumplen- y que más temprano que tarde saldrá en libertad. No en vano dijo a su abogado que “no teme volver a Chile”.

La segunda, es que más allá de las declaraciones del juez, el fondo del asunto es un sistema anacrónico en que una misma persona cumple el rol de “fiscal investigador” y de juez, lo que no cumple ningún estándar de justicia razonable y que tuvo que ser suprimido hace ya 20 años, por constituir una auténtica violación a los derechos humanos. Pero que igual se sigue aplicando a los “casos antiguos”, el 99% de los cuales se refieren a militares y policías, con la excepción del homicidio de Jaime Guzmán -y por conexión, el secuestro de Cristián Edwards-, caso que la memoria de la centroderecha ha conseguido mantener vivo e impedido que se archive. Y para la izquierda, que se cuestionen de paso los “procesos de derechos humanos” sería dispararse en el pie. Entonces, es muy posible que Escobar llegue por estos lados, pero no por una razón de principios, sino de simple táctica.

No obstante, sería prudente que los legisladores de centroderecha impulsen una legislación que acabe con el antiguo sistema de una buena vez, traspasando las investigaciones en curso al Ministerio Público y el fallo a los tribunales orales. Así se evitaría cualquier pretexto de Escobar y se lograría que se haga verdadera justicia, sin doble estándar, en todos los casos.

Por Axel Buchheister