Impresiona la distancia entre un discurso gubernamental reiterativo en su promesa de reformas ambiciosas y la débil capacidad mostrada por la administración para gestionar esos mismos cambios. Ejemplo extremo es lo ocurrido con el proceso constituyente anunciado a mediados de octubre, y que, de acuerdo con el cronograma entonces comunicado, debería ya encontrarse en pleno desarrollo en su fase de educación cívica: hasta el momento los avances a ese respecto han sido nulos. Existen buenas razones para estimar afortunado el que una cuestión de esa magnitud se aborde de un modo más reposado, pero igualmente sorprende el contraste entre la urgencia con que inicialmente la autoridad planteó el tema y la escasa preparación que, según se observa a la luz de los resultados, parece haber habido tras ese anuncio.

Ha tendido a ser esa la tónica que ha acompañado toda la agenda de reformas del Ejecutivo durante su primer año y medio: la ambición de llevar a cabo aceleradamente cambios de profundidad inusitada (“estructurales”, según los ha denominado el Gobierno), prescindiendo del rigor que la magnitud de ellos exigía. Una reforma tributaria que deberá ser modificada aun antes de su plena vigencia, de modo de intentar resolver cuestiones que la hacían en diversos aspectos virtualmente inaplicable, es muestra emblemática de ello. También lo fue la sucesión de improvisaciones que acompañó la discusión legislativa del inicio de la gratuidad universitaria, así como el hecho mismo de pretender reformar aspectos medulares de la educación superior por la vía de una glosa presupuestaria, camino de discutible constitucionalidad, pero sobre todo indigno de la tradición de seriedad en la discusión de políticas públicas a la que contribuyeron en el pasado figuras como Edgardo Boeninger y muchos otros.

Extracto de La Semana Política de El Mercurio 29 Nov.2015