Es un axioma o un verdad que no requiere mayor explicación, el hecho que la inhabilidad judicial, legislativa, política o por cualquier razón, ética y legalmente procede cuando, una persona natural o jurídica, presenta impedimentos para ejercer una acción que, por sus resultados, podría denotar un mínimo grado de parcialidad, animosidad o interés particular y personal en ello.
El no inhabilitarse ética y legalmente conforma una estafa se mire desde donde se mire, y conforma una estafa de magnitud mayor, cuando se trata de una notable autoridad pública como es un juez o parlamentario, considerando su alta posición legal y moral en el Estado. Lo cierto que esta conducta ética legal no ha sido la que han tenido en el ejercicio de su labor algunos jueces y parlamentarios en materia de Derechos Humanos, sin que ningún organismo público o privado en conocimiento de ello haya denunciado y sancionado este delito ético legal.
Que mejores ejemplos de estafas de magnitud mayor, son las cometidas en materias de Derechos Humanos:
Por los jueces de izquierda como los llamó el Ministro de Justicia y aquellos con parientes de supuestas víctimas de los DD.HH., como es el caso del hermano del Ministro juez Carlos Aldana, actual flamante candidato a juez Supremo, quienes no se inhabilitaron de fallar por razones ideológicas y personales.
Y de aquellos parlamentarios de izquierda, que por razones ideológicas o por ser víctima o familiar de víctimas de los Derechos Humanos, que no sólo no se inhabilitaron para no ser tachados de actuar por venganza de votar leyes que afectaban a sus supuestos victimarios, militares y policías, sino que además, no se inhabilitaron de votar por beneficios o millonarias reparaciones económicas para ellos mismos y para los militantes de sus partidos políticos y en particular para los terroristas que imperaron durante el Régimen Militar, todos pertenecientes a los partidos :Socialista, Comunista, Izquierda Cristiana, MAPU, MIR y FPMR.
En síntesis, queda la razonable y justificada gran duda de que si los actos de algunos jueces y parlamentarios en materia de Derechos Humanos, estuvieron o no motivados por el odio, la venganza y lo peor por el logro de lucro personal.
Dr. Jaime Manuel Ojeda Torrent
Analista Político Militar
Exonerado Político de la Universidad Autónoma de Chile.
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