Tomado de INFOGATE, por Hans Hansen

El ex comandante en jefe del Ejército, general Óscar Izurieta Ferrer, salió este sábado a criticar el eventual cierra del penal de Punta Peuco de parte de las autoridades de gobierno, afirmando de paso que espera que la decisión sobre el futuro de la cárcel que adopte la Presidenta Michelle Bachelet “prime el criterio de estadista por sobre el partidario”.
A través de una carta enviada a El Mercurio, Izurieta señala que Punta Peuco es una infraestructura que fue construida para ser un penal, “con todas las características de una cárcel, y Gendarmería la administra como tal”.

Asegura que “los internos ya fueron discriminados, al haber sido procesados mediante el sistema procesal antiguo, con todas las desventajas que involucra para el acusado. Con seguridad, muchas de las pruebas que se han acogido como válidas no lo serían en el nuevo sistema procesal”.
“Son los únicos profesados que han sido condenados cuarenta años después de los hechos por los cuales fueron juzgados. Son los únicos, dentro de los cuales varios han sido condenados recurriendo a ficciones jurídicas, a la aplicación de normas con efecto retroactivo, o solo por presunciones. Es el único penal cuyos internos tienen un promedio de edad superior a los setenta años, algunos de los cuales murieron cumpliendo sus condenas”, agrega.
Además, sostiene que una parte de los condenados, en la época de los hechos eran subalternos que cumplían órdenes, afirmando que “los verdaderos responsables en la mayoría de los casos ya fallecieron. De allí que existan internos con altas sentencias, pese a la calidad pretérita de subordinados. Por ello, una medida pareja como cerrar el penal, sería muy injusta”.
En ese sentido, explica que las “autoridades políticas del país resolvieron y mantuvieron durante los últimos cuatro gobiernos la decisión de ocupar Punta Peuco para el cumplimiento de condenas por parte de personal militar sentenciados por causas de derechos humanos. La segregación carcelaria es una norma que existe en muchos países. Los recintos penales para militares y ex militares es una de ellas”.
“De allí que sería inexplicable que hoy, las mismas autoridades de ayer, sin que medie hecho alguno que lo amerite, salvo la presión permanente y articulada de una minoría ideologizada, cambie las decisiones de antaño. También sería difícil de entender el que se tome una resolución de este tipo con el personal militar, en contraste con la forma magnánima mediante la cual el Estado liberó y perdonó a delincuentes políticos, algunos de los cuales incluso en democracia cometieron crímenes de sangre”, expone.
Finalmente, Izurieta concluye su misiva afirmando que “espero, en aras de la justicia y de la ecuanimidad, así como por el bien de Chile y su reconciliación, que las altas autoridades de la República sepan tomar resoluciones en las que prime el criterio de estadista por el sobre el partidario”.