Por Roberto Hernández Maturana

En Enero de 2017, el diario “el País” de México dio a conocer una carta de 20 militares presos acusados de excesos en el combate al narcotráfico

“Fuimos usados por el Estado mexicano. Se nos capacitó para una función y se nos ordenó hacer otra muy diferente (…) El señor Felipe Calderón, excomandante supremo de las Fuerzas Armadas, declaró la guerra al narcotráfico y fue un término muy desafortunado”. Así protestaban entonces los militares, ante el presidente de la República, la Cámara de Diputados y el Poder Judicial de la Federación. Todos estaban procesados o condenados por delitos cometidos durante los años duros de la Guerra contra el Narco, en el sexenio del ex presidente Calderón. Algunos cumpliendo penas de hasta 31 años.

Tras la llegada de Calderón al poder en diciembre de 2006, los militares por orden del gobierno, salieron de sus cuarteles y asumieron el papel de la policía en varios estados del país, en lo que se entendía como una situación extraordinaria…

En todo este tiempo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México denunció en torturas, abusos y asesinatos cometidos por militares. La presión se sintió al interior del Ejército, hasta el punto de que el secretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, había declarado el 9 de diciembre de 2016 que el Ejército no se siente a gusto persiguiendo delincuentes. “Nuestros soldados”, dijo, “ya le están pensando si le entran a seguir enfrentando a estos grupos, con el riesgo de ser procesados por un delito que tenga que ver con derechos humanos”. Cienfuegos pedía un “marco jurídico” para el actuar de la tropa, una ley que regulara su presencia en las calles.

La discusión versaba no tanto sobre la capacitación de los militares sino más bien sobre el marco jurídico, la necesidad de dar “seguridad” al Ejército cuando actuara en funciones policiales.

Para los críticos de Calderón y su Partido de Acción Nacioanal  (PAN) , fue su gobierno el verdadero responsable :  “quien los sacó a las calles sin preparación, quien los instruyó a hacer algo que produjo muertes colaterales”.

En su carta a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, los militares mexicanos condenados decían: “Fuimos usados por el Estado mexicano en un fallido experimento donde resultó una cantidad enorme de víctimas colaterales y decenas de militares de poca graduación en prisión”.

Casi al final de la carta, los 20 militares concluyen: “¿Qué opina el Secretario de la Defensa Nacional? [Que] ‘Estamos haciendo una función para la que no estamos preparados’, [que] ‘ninguno de nosotros vino a las FFAA para hacer esto’. Si esto opina el titular de las Fuerzas Armadas, ¿dónde quedamos nosotros?”.

Traigo a colación esta carta a propósito de la firma por parte del Presidente Sebastián Piñera, el pasado 9 de julio, de un decreto que autoriza la participación de las FF.AA. en tareas de vigilancia, apoyo logístico, transporte y tecnología en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en las fronteras del país, cosa que hasta el día de hoy estaba limitado a Carabineros y la Policía de Investigaciones. La firma de este decreto ha generado una amplia discusión entre partidarios y críticos de la medida.

Si bien es cierto que la lucha contra el narcotráfico es uno de los principales desafíos en materia de seguridad que deben enfrentar los gobiernos, que se enfrentan al riesgo de que ese tipo de estructuras criminales se extiendan con los males asociados que arrastran: corrupción y violencia en distintos ámbitos y niveles al interior de la sociedad, y que el debate sobre cómo hacerle frente ha sido intenso, no se ha establecido un consenso sobre cómo lograr el objetivo. Por su parte el ministro de Defensa ha dicho que la medida solo se aplicará “en zonas fronterizas, y no en poblaciones”. ¿Quién asegura que en un par de meses más no sea precisamente ese el paso siguiente? Si, como ha dicho el Presidente, se trata de una guerra “sin tregua y sin cuartel”, ¿por qué no llevarlaa todos los ámbitos? Solo en mayo recién pasado, el Presidente Piñera fue explícito en reconocer que las Fuerzas Armadas “no están preparadas ni entrenadas para este tipo de materias”… y tenía razón. En la misma línea, su ministro del Interior aseguró en junio que “son las policías las que tienen las competencias, la preparación y el trabajo profesional para combatir el narcotráfico”. ¿Qué explica este cambio de parecer?

Existe no sólo un conflicto en materia de los objetivos definidos en la Constitución para cada institución involucrada, sino también serios riesgos para las mismas FF.AA. y para la sociedad involucra a las FF.AA. en materias que no les corresponden institucionalmente.

Las FF.AA. por la naturaleza de sus funciones distintas a las policiales, carecen de la capacitación para enfrentar procesos resguardados por garantías procesales y constitucionales. La detención y procesamiento de personas, la entrega de evidencia al Ministerio Público son procedimientos que no conocen los integrantes de las FF.AA., no tienen contacto con una investigación policial, no conocen los estándares establecidos ni los derechos de los detenidos, y esta formación no se entrega en una inducción de un par de horas, sino que son elementos que están en la base de la formación en las academias policiales.

A las FF.AA. se le está traspasando cierto nivel de responsabilidades que hasta ahora ha tenido Carabineros; eso significa cambiar de manera radical la forma como pensamos la labor de las policías, y también modificar el objetivo de las FF.AA. en el sentido de la protección de la soberanía.

No hay funciones específicas para las FF.AA. que puedan relacionarse con estas funciones, y en el decreto no queda claro tampoco cómo se coordinarán con la PDI, Carabineros y el Ministerio Público. ¿Cómo se resguardarán los principios y garantías de las personas que entrarán en contacto con el personal militar?, ¿quién responderá por la seguridad de los mismos medios militares en caso de emplearse coercitivamente contra narcotraficantes que se resistan violentamente a un control y que posteriormente sean perseguidos por organizaciones preocupadas de los derechos humanos de los delincuentes, por sobre la de las obligaciones que el estado le impone a las FF.AA. en esa delgada línea crítica, cuando un comandante deba resolver en la soledad del altiplano rechazar con fuerza letal una ataque también letal?

El decreto en comento presenta evidentes problemas de constitucionalidad: A las FF.AA. se les confía la “defensa de la patria y seguridad nacional”, mientras que a las policías se reserva el resguardo del “orden público y la seguridad pública interior”. El llamado “combate al narcotráfico” —un eslogan, no un concepto técnico— no está dentro de las funciones que la Constitución y la ley orgánica de las Fuerzas Armadas no contempla este tipo de misiones, y no se puede borrar esta diferenciación constitucional por vía de un reglamento.

Siempre es posible que una parte de la población demande medidas de este tipo y mañana pueden pedir “mano dura”… incluso “muy dura”; pero el Estado tiene que velar por el cumplimiento del bien común y resguardar un debido proceso, para eso justamente hemos elegido nuestros gobernantes: para que protejan los valores fundamentales, caer en estos populismos penales porque la población hipotéticamente lo ha solicitado es abrir la puerta a situaciones de las que en el futuro solo responderán los integrantes FF.AA. , normalmente los subalternos que se emplearán en estas misiones y no lo políticos que las han improvisado, quienes una vez más  lavarán sus manos como Pilatos y condenarán unánimemente los “excesos cometidos”

Resguardar las fronteras, prevenir y controlar el narcotráfico son tareas fundamentales para este y cualquier gobierno. Es su obligación tomar medidas efectivas para ello; pero ellas deben sujetarse a la Constitución y las leyes. Es de esperar que antes de adoptarse cualquier decisión populista, se deje claramente establecida las facultades y obligaciones que deberían cumplir las instituciones armadas, previa una amplia discusión en el congreso, y el Estado, a través de sus autoridades, se haga efectivamente responsable de sus resoluciones que sin duda afectarán en el futuro a sus ciudadanos e instituciones.