Fuerzas Armadas y Macrozona Sur

Los últimos 4 gobiernos de este país no controlaron la violencia y terrorismo en la macrozona sur , pese a los intentos de diálogo y visitas inoficiosas de autoridades. El terrorismo sigue y en aumento , lo que hace aparecer como un temor el abordar los temas de seguridad con las herramientas que entrega el estado de derecho, por lo que improvisar un estado de excepción intermedio, utilizando para ellos a militares es un riesgo . Sacar a las FFAA a las carreteras, pero restringidas en el uso de la fuerza, no estaría bien, sabiendo que los autores de los atentados que conocemos a diario tienen armas de guerra y actúan sin piedad. El estado de derecho, se recupera con voluntad política y no con temor a la aplicación de justicia. Si las FFAA sin un fuerte respaldo político son atacadas y respondieran con su armamento como legítima defensa y hay bajas de terroristas ,seguramente será un tema de DDHH y los uniformados formarían parte de la larga lista de Colina y Punta Peuco y los civiles seguramente serán victimas con escandalo nacional por violación de sus DDHH . Si mueren militares , aparecerán las eternas querellas a quienes resulten responsables del hecho. Los militares deben actuar con reglas muy claras y con respaldo jurídico y político absoluto y no intermedio.

Rene Norambuena Veliz

General (R)

Militares al mando de un civil: el fallo clave del Estado de Protección del Gobierno

Óscar Aranda

Contraalmirante (R) y Exdirector de Inteligencia de la Armada

COLUMNA DE OPINIÓN

El borrador que el gobierno hizo circular para sociabilizar su proyecto de “Estado de protección y resguardo constitucional” contempla una disposición inédita en Chile: asigna a civiles el “mando” de fuerzas militares. En efecto, dentro del artículo 4° de la proposición, se introduce la posibilidad de que el “mando operativo” de las fuerzas militares empleadas en tareas de protección recaiga en un civil designado por el Presidente de la República.

La pretendida disposición resulta inédita porque -por ejemplo- la actual Constitución no asigna el “mando” de fuerzas militares ni siquiera al Presidente de la República: Efectivamente, en su artículo 32°, la Constitución le otorga al Presidente de la República la facultad de “disponer” y “organizar” las fuerzas de tierra, mar y aire, pero no el “mando” de dichas fuerzas. Incluso en el escenario de una guerra, agrega la Constitución en el mismo artículo 32°, el Presidente asume la “Jefatura Suprema” de las FF.AA. y no su “mando”, término que corresponde a la gestión operativa de éstas y no a su dirección de más alto nivel, atribución que el Presidente efectivamente inviste.

El “mando” -en el sentido militar de la palabra- involucra la facultad de asignar misiones a las fuerzas militares y de definir la “consigna” a quienes ejercen ciertas tareas. Lo que es más relevante aún: el mando hace solidariamente responsable de las consecuencias de la orden impartida al que manda con quien obedece. El concepto de “mando operativo” referido en el proyecto, además incorpora la responsabilidad de asignar los medios requeridos para cumplir misiones. De lo anterior es que se desprende lo inconveniente de esta inédita iniciativa, veamos por qué:

En el hipotético caso de que se apruebe la proposición oficialista, el civil designado podría asignarle una misión al comandante de una unidad militar existente en los “territorios” -otro novel concepto- bajo su jurisdicción. ¿Conocerá aquel civil las capacidades y limitaciones de las fuerzas militares disponibles?, ¿o se tratará solamente de un “mando” simbólico y vacuo por la ignorancia del que manda? Por otra parte, ¿podrá el civil designado asignar a las fuerzas militares los medios financieros, logísticos y operativos requeridos para su misión? ¿Es él quien cuenta con los medios requeridos y los administra considerando las necesidades integrales de la Defensa y no solamente a su particular problemática? Por último, ¿responderá aquel civil por el buen uso de los recursos asignados?

Otro inconveniente grave del proyecto dice relación con las responsabilidades derivadas del cumplimiento de una orden, aspecto inherente al mando. En efecto, la doctrina indica que quien manda y quienes obedecen son solidariamente responsables de las consecuencias de una orden. Pero si quien “manda” es civil, ¿se le aplica también el Código de Justicia Militar? ¿O estaremos ante otro caso de “justicia a la medida”, en el que el militar será eventualmente procesado mediante un sistema procesal y quien emitió la orden, mediante otro más laxo? Esto, hacer al jefe irresponsable por las consecuencias de la orden que imparte, constituye un llamado a la desobediencia y atenta contra la disciplina militar.

Por otra parte, que un civil entregue la “consigna” a una fuerza militar asignada a tareas de protección tampoco es baladí. El Código de Justicia Militar, en su artículo 208, indica que “Será causal eximente de responsabilidad para los militares, el hacer uso de armas cuando no exista otro medio racional de cumplir la consigna recibida.” Esto quiere decir que, al asignar la consigna, el civil designado al mando estaría autorizando el empleo de las armas como recurso de ultima ratio en el cumplimiento de la misión que le entrega a los militares. Si producto de lo anterior hay muertos, ¿será procesado dicho civil -en calidad de inculpado- tal como inauditamente lo están siendo los infantes de marina que acudieron en legítimo auxilio de Carabineros atacados con armas de fuego, aparentemente resultando un delincuente muerto y otro gravemente herido?

Otro aspecto deficitario del proyecto sociabilizado lo constituye el hecho de que, sin estado de excepción, los militares carecen de atribuciones para mantener el orden público. De hecho, no existen reglas de uso de la fuerza -RUF- para los militares durante un estado de normalidad. Entonces, los militares que sean asignados a tareas de protección constituirían elementos decorativos, carentes de atribuciones para el cumplimiento efectivo de la misión que les asignan. En la práctica, serían sólo un blanco de alta rentabilidad mediática.

El proyecto sociabilizado por el Gobierno aún adolece de fallas graves que lo hacen inconveniente, pues expone a los militares, al asignarles tareas sin las atribuciones que requieren para su cumplimiento, lo que se agrava más aún al introducir la posibilidad de que el mando operativo de las fuerzas militares lo ejerza un civil desprovisto de la preparación militar y de la experiencia profesional requeridas para esto y -lo que es peor- que no sería solidariamente responsable por las órdenes que él mismo eventualmente imparta.

Óscar Aranda

Contraalmirante (R) y Exdirector de Inteligencia de la Armada

El Mito de Sísifo y el problema de la seguridad en Chile

Por Jaime García Covarrubias

La mitología griega nos ilustra del drama de Sísifo quien, al caer en desgracia con los dioses, es condenado a quedar ciego y a tener que llevar, por siempre, un enorme peñasco a la cima de una montaña para que una vez allí, ruede nuevamente al suelo. Una vez ocurrido lo anterior, Sísifo, dramáticamente, tiene que volver a empujar la roca a la cima. Esta condena a perpetuidad que sufre Sísifo, la toma el filosofo existencialista Albert Camus y la transforma en su notable libro “El mito de Sísifo”, publicado en 1942, donde reflexiona sobre el absurdo y la falta de sentido de la vida.

La metáfora, basada en la mitología griega y en el genio de Camus, nos proyecta a una situación que ocurre a diario en el Estado de Chile y que afecta, por tanto, a todos los ciudadanos que respetan el estado de derecho.
El problema mas angustiante de la sociedad chilena es, sin duda, la seguridad en todas sus formas. Incluyo desde la seguridad individual del ciudadano común que transita por la calle, tanto como el que descansa tranquilamente en su casa y hasta quienes a diario tienen que correr riesgos en la región de la Araucanía. Todo ellos, de una u otra forma están bajo el riesgo de un asalto o del robo en su propio domicilio, de un “portonazo”, tal vez de un incendio terrorista en la zona en conflicto o una bala loca u otra no tan loca. Es una mezcla de amenazas a la seguridad que dan cuenta de un país donde se ha debilitado el estado de derecho y la institucionalidad.

Afirmo que el problema de la seguridad es el más grave que tenemos los chilenos porque, a diferencia de otros igualmente acuciantes, no se resuelve únicamente con dinero.

El ejercicio de la política se sostiene entre dos valores republicanos que son fundamentales e interdependientes. Estos son la “Autoridad”, que representa al Estado (institucionalidad) y los deberes ciudadanos y; la “Libertad”, que representa los derechos de éstos últimos. Ambos están en tensión, porque no es posible que esta dualidad se exprese en toda su dimensión en forma simultánea. Siempre una limitara la extensión de la otra. A más autoridad tendré que disminuir libertad y viceversa. Con la paradoja que para que exista libertad real, habrá que aceptar que esta sea garantizada por la “autoridad” del Estado, que no es otra cosa que la vigencia del estado de derecho. Se conjuga, entonces, otro valor republicano cual es la “seguridad”.
En las últimas décadas, en el mundo occidental y en nuestra región en particular, las ansias de libertad en todas las formas se llevó por delante a la autoridad del Estado. Con ello, se quebró el equilibrio entre y deberes y derechos. En este proceso convergieron desde los más liberales que detestan al Estado, hasta los más de izquierda que impugnan la autoridad del que llaman estado “burgués” y que, además, lo consideran como el protagonista del “neoliberalismo”.

Lo que ocurre hoy arranca de situaciones precedentes ya que nuestros gobiernos han sido incapaces de solucionar la problemática de la inseguridad, agravada con el narcotráfico y una inmigración ilegal que ya fue advertida como grave amenaza en las primeras reuniones de ministros de Defensa de la región y reiterada en las siguientes. De esto hace ya 30 años.

Estamos ciertos que encontrar una solución al problema de la inseguridad ciudadana y de  la violencia, tan propia del ser humano, no es fácil porque su solución no es unívoca.  En efecto, al escuchar a los personeros públicos referirse a este tema, se percibe una gran incapacidad para ver el problema en toda su magnitud y en tiempo y espacio.

El gobierno anterior, en el caso de Macrozona sur, al igual que se hizo en el Plan Colombia, apostaba a más presencia del Estado y generar inversiones en la región. El actual, por su parte, levanta la opción del diálogo, como que si esto pudiera resolverse de solo una u otra alternativa. Lo mismo ocurre cuando se refieren a la delincuencia urbana. Unos señalan que hay terminar con la pobreza, acusándola de causante del problema y otros esgrimen mano dura, más policías y ejecución de la ley. No se enfoca el fenómeno desde una mirada global.
Cabe la interrogante ¿no es posible pensar en un plan integral consensuado entre gobierno y oposición, para resolver un ingente asunto que va dejando un reguero de víctimas?

Tradicionalmente, en los temas de seguridad se consideran tres caminos a seguir. Estos tres ejes tienen tiempos y actores diferentes, deben ser aplicados en forma convergente y con mucha voluntad. Estos son:

Conocer los fundamentos y motivaciones de las acciones violentas (delincuencia, urbana, narcos o terrorismo) para resolverlas más profundamente. Esto toma tiempo y no debe paralizar las acciones de corto plazo. Esta tarea es multidisciplinaria.
Determinar los tipos armas que se están empleando para impedir el acceso a éstas y conocer los recursos económicos que poseen.
Disminuir el rango de oportunidad para evitar que se cometan estos actos violentos, lo que debe hacerse con fuerzas policiales capacitadas, empoderadas y un adecuado sistema de Inteligencia. Respecto a la policía, su empleo debe ser esencialmente cualitativo ya que la mera opción cuantitativa nunca será óptima solución al problema.
Pareciera que el Estado y su gobiernos, ora de derecha, ora izquierda, han claudicado en su lucha contra la inseguridad por razones distintas. Y lo peor es que los ciudadanos no vemos que las autoridades ofrezcan verdaderas soluciones.

El Estado de Chile, cual Sísifo ciego, cada día lleva la enorme roca del problema a la cumbre para luego esperar absurdamente que esta ruede al llano para repetir el ejercicio al día siguiente. Esperamos que mientras la piedra roda, al igual que Sísifo que, según Camus, era su único momento de libertad, nuestras autoridades  consensuen soluciones para reforzar el estado de derecho como una política de Estado. (Red NP)