Justicia e impudicia

Por Luis Larraín

La Tercera del domingo pasado informa que declaraciones de siete oficiales de Carabineros en el proceso por fraude a la institución por más de 20.000 millones de pesos han confirmado que la ex Subsecretaria Javiera Blanco recibió dinero proveniente de gastos reservados de manera irregular. Agrega que la Fiscalía, dados estos antecedentes, citaría a la ex ministra del Gobierno de Michelle Bachelet, y actualmente Consejera de Defensa del Estado, a declarar en el proceso.

La reacción del Ministerio Público ha sido que el fiscal Andrés Montes, hijo del senador socialista Carlos Montes, ha informado que esa Fiscalía abrirá una investigación por las filtraciones de información del proceso para indagar si esta divulgación constituye delito, pues la investigación está bajo secreto.

Uno podría especular acaso el fiscal Montes está cumpliendo simplemente con su deber, o si su actuación, en lugar de perseguir justicia, busca proteger a Javiera Blanco, quien indudablemente se ve perjudicada por estas informaciones de prensa que señalan incluso los nombres de quienes le hicieron entrega del dinero, en circunstancias que ella ha negado haber recibido recursos de los gastos reservados.

La actuación del Ministerio Público en este caso resulta más discutible aún si consideramos que en el Caso Penta, el mismo diario La Tercera publicó gran cantidad de información relacionada con el proceso, que también estaba sujeto a secreto por la etapa en que estaba la investigación. Los antecedentes aportados por ése y otros medios que también recibieron datos filtrados contribuyeron a crear un clima en la opinión pública contra los acusados en ese caso de aportes irregulares a la política. Es más, al observar el desarrollo del proceso, puede concluirse que esas informaciones filtradas fueron la piedra angular de la estrategia de la acusación seguida por la Fiscalía dirigida por el fiscal Carlos Gajardo.

No hubo en esa oportunidad –en que tanto los empresarios acusados como los políticos involucrados pertenecían a la UDI– acciones del Ministerio Público destinadas a evitar las filtraciones a la prensa de los antecedentes del proceso. ¿Por qué tiene una mano distinta cuando se trata de acusar a adversarios políticos del Gobierno que cuando la acusación está dirigida a una ex ministra de ese mismo Gobierno? ¿Hay parcialidad política acaso?

¿Por qué mientras los empresarios dueños de Penta estuvieron en la cárcel como consecuencia de las resoluciones de la Justicia durante el proceso, Javiera Blanco no solamente está en libertad, sino que además conserva su cargo en el Consejo de Defensa del Estado, donde fue nombrada por la Presidenta Bachelet? ¿Qué dicen los Consejeros de Defensa del Estado, institución que debe intervenir en el proceso por fraude a Carabineros, defendiendo los intereses fiscales?

Pero éstas no son las únicas noticias del ámbito judicial que hemos tenido esta semana. La Tercera informa también que la Fiscalía llegó a un acuerdo con el señor Giorgio Martelli, ex recaudador de la precampaña de Michelle Bachelet, mediante el cual el inculpado no cumplirá condena en la cárcel.

Martelli recibió más de 300 millones de pesos de la empresa SQM destinados a financiar la precampaña de Michelle Bachelet. Parte de esos dineros fueron entregados a Rodrigo Peñailillo, ministro del Interior cuando se abrió este proceso y a Alberto Arenas, ministro de Hacienda a la sazón y superior jerárquico del director de Impuestos Internos, quienes entregaron boletas ideológicamente falsas a Martelli durante la precampaña.

Hay antecedentes de que Martelli también recibió dineros de otras empresas –los controladores de Ripley, entre ellos, y Copec–, pero como el Servicio de Impuestos Internos no se querelló contra él, en esos casos no hay un proceso judicial, pues fueron tratados con multas administrativas por parte del SII, práctica habitual antes del caso Penta.

Vale decir, Giorgio Martelli formó una asociación ilícita para defraudar al Fisco –pues ese era el objeto de su empresa Asesorías y Negocios– y recibió de diversas empresas sumas que se acercan a los 500 millones de pesos, las cuales estaban destinadas a financiar campañas políticas y fueron documentadas con boletas y facturas ideológicamente falsas. El Ministerio Público acuerda con él un juicio abreviado y una pena menor. No se sabe de acusaciones contra Peñailillo y Arenas.

Por último, en una decisión para mí injustificada, esta misma semana un tribunal niega a Natalia Compagnon, nuera de la Presidenta Bachelet, el permiso para viajar con su familia de vacaciones por estar con medidas cautelares como imputada en el caso Caval. Como si una decisión simbólica pudiera borrar una trayectoria de decisiones sospechosas de parcialidad política.

¿Puede decirse que en los casos de financiamiento irregular de la política y otros relacionados con uso indebido de fondos públicos las instituciones públicas de nuestro país han actuado con justicia?

¿O más bien podemos afirmar que la vara ha sido completamente distinta para partidarios del Gobierno, notoriamente protegidos, que para opositores a éste, implacablemente perseguidos, hasta un grado que llega a la impudicia?

¿No hay acaso líderes en las instituciones de este país, Poder Judicial, Ministerio Público, Poder Ejecutivo y Legislativo, Prensa y otras relacionadas con la noble tarea de impartir justicia, que puedan levantar una voz para denunciar o al menos evaluar críticamente estas actuaciones y contribuir a ponerles término?

El financiamiento irregular de la política ha sido una falla de nuestro sistema democrático que es imprescindible corregir, sancionando a los infractores y modificando la regulación para impedirlo en el futuro. Pero mucho más grave  es el uso de instituciones del Estado para perseguir a los adversarios políticos y proteger a los partidarios, pues ése es un atentado imperdonable contra la esencia de un Estado de derecho.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero, www.ellibero.cl.