En su columna de ayer, con el afán de sostener su peculiar opinión sobre el significado del plebiscito del 5 de octubre de 1988, Carlos Peña agravia a la derecha y a quienes votamos por la opción Sí, lo que no es poco habitual en él; y también al Presidente de la República, al acusarlo de falsificar la historia “al celebrar con la derecha el plebiscito de hace 30 años”.

Peña ha afirmado que lo que se votó aquel 5 de octubre no es lo que aparecía en el voto que nos entregó en esa ocasión, vale decir Sí o No a que Augusto Pinochet Ugarte ejerciera la Presidencia de la República por un nuevo período de ocho años.

Las condiciones en que se ejercería ese eventual mandato popular, más allá de lo que opine Peña, o el Presidente Piñera o yo mismo, están escritas en la Constitución Política de 1980. Habría un Congreso, con la mayoría de sus integrantes elegidos por votación de la ciudadanía. Al término de ese período se realizaría una nueva elección presidencial, cuyo ganador inauguraría las normas permanentes de la Constitución de 1980.

Hasta aquí los hechos, ciertos, indesmentibles.

Los que votamos Sí preferíamos que este primer período lo encabezara Pinochet. Los que votaron No, como el Presidente Piñera y, presumo, Carlos Peña, que no fuera así, y que el Presidente fuera elegido en una elección competitiva. Ellos ganaron, y lo que decía la Constitución, con algunas modificaciones introducidas el 30 de julio de 1989, se cumplió plenamente.

No es verdad entonces lo que afirma Peña de que quienes votamos Sí, no queríamos recuperar la democracia, sino prolongar la dictadura. Queríamos una transición distinta, es cierto, y perdimos. Menos cierto aún es lo que afirmó el domingo anterior en su columna en el sentido de que los votantes del Sí aprobábamos las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen militar. Peña quiere convencernos ahora de que él sabe mejor que nosotros por qué hicimos algo.

Estamos acostumbrados a que vuestro columnista, cual pope laico, juzgue la moralidad de nuestras actuaciones en política. Él ejerce con fruición su autodesignado rol de ser una suerte de ministro del tribunal del santo oficio de nuestra democracia, repartiendo sanciones o exculpando a los distintos actores de la sociedad.

Cada uno de nosotros sabrá hasta dónde siguen las prescripciones morales de Carlos Peña y él está en su derecho al hacerlas. Lo que en cambio es reprobable es que él atribuya falsedades a quienes piensan distinto. El pasado 5 de octubre, el Presidente Piñera hace una interpretación sobre el significado del plebiscito. Uno puede estar más o menos de acuerdo con él. Lo que uno no tiene derecho a hacer es atribuir a otro una falsificación de la historia por pensar distinto.

Un guardián tan celoso de la democracia, como Carlos Peña pretende ser, debiera aceptar que haya opiniones distintas sobre los hechos políticos. No hacerlo revela una mentalidad totalitaria.

Luis Larraín