Recientemente la prensa informó la detención de diez personas entre ellas Alex Brito (PS), funcionario de la Cancillería, miembro del directorio de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores (Aemre); Mauricio Navarro (DC) ex Alcalde de Los Andes y Alex Trigo (PS) ex gobernador de Choapa, por asociación ilícita; trafico de personas y cohecho, todos ellos ex funcionarios del gobierno de Bachelet. 

La red de tráfico alcanzó a ingresar 381 inmigrantes chinos, cada uno de los cuales pagó US $5.000 por entrar al país, que equivalen a $ 1.333.500.000. Según la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell. “Esta es la red más grande de trata de personas que ha existido en la historia de nuestro país”. (Se equivoca, hay una peor y sigue impune).

Brito es militante socialista. Cuando se conoció el caso, el secretario general de la colectividad, Andrés Santander, presentó un escrito al Tribunal Supremo del partido pidiendo que se abra un proceso contra Álex Brito “debido a su involucramiento en el caso “Frente a este hecho, que conmociona a la ciudadanía y daña nuestra imagen pública, solicito la aplicación de la máxima sanción que establece nuestro estatuto partidario». Explican en el partido que esperan la expulsión del militante.

Se puede apreciar, por parte del PS una respuesta rápida, decidida y tajante: No al tráfico de inmigrantes, no a la corrupción, no al uso de cargos públicos para lucrar. 

El día 16 de diciembre de 2018, en el capítulo 34 del programa Mesa Central del Canal 13 de televisión, Heraldo Muñoz, Ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Bachelet, manifestó que:

• Tanto él como Bachelet y su gobierno tuvieron conocimiento de un “negocio” con sede en Haití para el traslado ilegal de ciudadanos a Chile. 
• Los administradores del negocio invitaban a ciudadanos haitianos a vender sus casas y propiedades, pagar 3.000 dólares a los organizadores del viaje y adquirir un pasaje hasta Chile en la Aerolínea LAW 
• A cambio de los 3.000 dólares recibirían un contrato de trabajo en Chile, reservas en un hotel y dinero en efectivo para acreditar de condición de turistas.
• El gobierno (cancillería) informó varias veces de esta estafa a las autoridades haitianas las que “no hicieron nada”.
• El gobierno de Chile nunca informó al Ministerio Público ni puso denuncia alguna ante nadie.

El Código Procesal Penal en su artículo 175 dispone que deben denunciar, obligatoriamente los delitos que conozca o se enteren: “Los funcionarios públicos pueden ser testigos o tomar conocimiento de hechos que pudieran revestir el carácter de ilícito penal y la denuncia debe efectuarla en el término de 24 horas desde que tomó conocimiento del hecho”.

La Presidente de la República, Michelle Bachelet; el Ministro de Relaciones Exteriores Heraldo Muñoz; el Ministro del Interior, el Ministro de Defensa; los Jefes Policiales y de Investigaciones; el Poder Judicial y cualquier  funcionario público que transitara por la Avenida del Libertador Bernardo O´Higgins de Santiago tuvo que ver y vió a algunos de los centenares de miles de turistas haitianos vendiendo Super Ocho y bebidas para sobrevivir.

El problema es que ninguno, absolutamente ninguno de ellos, denunció un delito que todos los chilenos estábamos viendo a diario y en todo el país.

El incesante desfile de “turistas” haitianos que llegaban en vuelos de LAW, en horas de la noche y la madrugada, con sus sobres amarillos con el dinero y los contratos y reservas hoteleras falsas era evidente e inocultable, sin embargo, la prensa nunca se dio por enterada ni investigó con seriedad esta anomalía, peor aun, después de la declaración pública del ex Canciller Muñoz, tampoco hubo preguntas.

Estos silencios y complicidades configuran una conspiración organizada y dirigida por una voluntad decidida a mantener oculto el delito. El esquema de cobros y reembolsos configura una voluntad de lucro y explotación de los migrantes.

Presunto tráfico de inmigrantessegún Wikipedia

“En agosto de 2016, tras recibir una denuncia de la Policía de Investigaciones, el Ministerio Público decidió abrir una investigación acerca de la eventual participación de la aerolínea Latin American Wings en un caso de tráfico de migrantes, dado el masivo ingreso de ciudadanos haitianos como turistas (paradójicamente proviniendo del país más pobre de América). La Fiscalía informó que investigaba que algunos de estos pasajeros llegaban a Chile con cartas de invitación falsas compradas a religiosos de iglesias cristianas por hasta US$ 300. 

El ex canciller Heraldo Muñoz comentó que el gobierno de Michelle Bachelet tuvo la información de que habían “empresas” en Puerto Príncipe que estafaban a los emigrantes haitianos ofreciéndoles que a cambio de vender sus casas, obtendrían un contrato laboral en Chile, contrato el cual nunca recibirían”. 

En este caso, esta necesidad inicial e ineludible de hacer cumplir la legalidad vigente, fue vulnerada por el Estado y por el Gobierno y lo peor, esto ha sido ocultado y escondido por quienes debían sacarlo a la luz: el Gobierno, la Justicia y la Prensa.

Conspirar significa «unirse en secreto acuerdo con el fin de efectuar un acto ilícito o impropio o para usar tal medio para llevar a cabo un fin ilícito» y considero que la autora principal y última de esta conspiración es Bachelet porque ella “tuvo” que tomar conocimiento del delito (argumento Carroza), lo ocultó, incumplió su obligación legal de dar cuenta a la justicia y ordenar su investigación y que hay razones para considerar que lo hizo para su beneficio personal.

Las 381 personas traficadas por Alex Brito (PS), son nada comparadas con los cientos de miles de la conspiración dirigida desde el Gobierno de Michelle Bachelet (PS). Sin embargo el escándalo levantado, para ocultar el crimen mayor, mas desvergonzado y mas cruel, perpetrado por el Gobierno de Bachelet continúa en ejecución con la complicidad pasiva de Piñera (RN) y su gobierno.   Basta!.

Fernando Thauby