Tras el cierre del penal Cordillera durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera, y con mayor fuerza tras el anuncio de la presidenta Bachelet de que estaría evaluando igual medida respecto de Punta Peuco, el debate se ha centrado, a mi juicio, exclusivamente en la venganza y rédito político más que en la forma de contar con un sistema penitenciario adecuado para mantener a los condenados por violaciones a los derechos humanos en condiciones tales que el castigo sea su separación de la sociedad y no, como ocurre actualmente, su deterioro físico, psíquico y dignidad como seres humanos.

Sabemos que miles de personas están privadas de libertad en condiciones de hacinamiento, y que la rehabilitación y consiguiente reinserción social de la población penal está lejos de ser una realidad. Pero todos ellos, independiente del delito cometido y de la pena impuesta, tienen derecho a acceder a los beneficios de la Ley 18.216 sobre Penas Sustitutivas como a los beneficios penitenciarios, lo que causa mucha molestia en sus víctimas y familiares, por cuanto ven a sus agresores salir en libertad tras cumplir una parte de su condena o sin haber estado un solo día privados de libertad.

Por ello, más que buscar ventajas políticas a costa de revivir una y otra vez lo que nos divide, deberíamos coincidir en que cerrar penales es contradictorio con el discurso de mejorar nuestro sistema penitenciario y reforzar la necesidad de construir más recintos de este tipo, que nos permitan tratar a la población penal de tal forma  que los programas de resinserción se conviertan en una posibilidad y no en una eterna promesa. Es decir por nombrar tan solo un ejemplo, entender que un primerizo, si realmente queremos rehabilitarlo, no debería convivir con un experimentado narcotraficante o asesino.

Cerrar Punta Peuco puede ser muy atractivo para los políticos, pero ello, en la práctica, no resuelve nada.

Si puede ayudar a que el resto de los penales eleven sus estándares y ampliar la red penitenciaria de forma que los condenados se sometan a programas focalizados de rehabilitación, sin perder de vista jamás que la dignidad de quienes están cumpliendo condena debe ser protegida por el Estado, independiente del crimen cometió.

Cabe agregar que quienes están condenados en Punta Peuco no son tratados como los demás sentenciados en nuestro país. Se trata de adultos mayores, que en su mayoría pasan de los 70 o 75 años de edad y, por razones más políticas que jurídicas, se les niega reiteradamente acceder a los beneficios de la Ley 18.216 y a los beneficios carcelarios o extrapenitenciarios, sin considerar su edad avanzada o que padezcan enfermedades graves o terminales, ni que sus amigos o familiares, para visitarlos, deban pasar controles más estrictos aún que el resto de las cárceles.

No estoy de acuerdo con cerrar Punta Peuco.

Creo que seguir ahondando el odio y la división que por tantos años ha lastimado a nuestro querido Chile solo sirve a los intereses de un grupo que hoy ostenta el poder, y que ve en este tema tan doloroso para miles de familias una oportunidad para mantener abierta una herida y perpetuarse en el Gobierno, más que una política carcelaria que persiga justicia,

Marisol Turres Figueroa

Diputada UDI