La responsabilidad de certificar

La lectura de la resolución judicial evidencia que algunos parlamentarios investigados no parecían estar conscientes de la responsabilidad que envolvía certificar la calidad de exonerado político…

Por Editorial El Mercurio

El Consejo de Defensa del Estado decidió no apelar contra la resolución de la ministra en visita extraordinaria Mireya López, que sobreseyó parcial y temporalmente a 54 parlamentarios que investigó por el caso de “falsos exonerados políticos”. En esta arista de la causa, la magistrada indagó los delitos del artículo 203 del Código Penal -que sanciona al empleado público que librare certificación falsa de mérito o servicios, de buena conducta, de pobreza, o de otras circunstancias semejantes de recomendación- y por falsificación de instrumento privado, y se sobreseyó a aquellas autoridades políticas respecto de las cuales, en palabras del presidente del CDE, Juan Ignacio Piña, “no se pudo acreditar que hubieran expedido certificaciones mendaces”, es decir, mentirosas.

La lectura de la resolución judicial evidencia que algunos parlamentarios investigados no parecían estar conscientes de la responsabilidad que envolvía certificar la calidad de exonerado político, para posibilitar al beneficiario el pago de una pensión de por vida con cargo a los fondos públicos. Las distintas categorías de comportamiento en que se agruparon las conductas de los 54 legisladores sobreseídos permiten apreciar que en algunos casos puede haber relaciones profesionales impropias entre los beneficiarios y el certificante o una delegación improcedente para realizar esa gestión por colaboradores de los parlamentarios. Resulta lamentable que estos hechos no se hayan podido clarificar en esta etapa, ya que el sobreseimiento es temporal y parcial.

La “laxitud” exhibida por algunos parlamentarios -según califica la magistrada- daña el prestigio colectivo del Congreso y afecta injustamente a quienes ninguna participación tuvieron en estas situaciones. Con razón el diputado Gutiérrez (PC), integrante de la Comisión de DD.HH. de la Cámara Baja, plantea la idea de que “todos los hechos en que hay cuestionamientos a la probidad deben ser objeto de investigación de la Comisión de Ética” de la Cámara respectiva. El congresista afirma, además, que “en su oportunidad, los certificados emitidos para acreditar la calidad de exonerados políticos fueron usados como un mecanismo de captación de votos”. Otros parlamentarios consideran una sesión especial, una comisión investigadora o incluso una interpelación.

Cualquiera de esas opciones podría aportar nuevos elementos de juicio que lleven al Consejo de Defensa del Estado -responsable de resguardar el interés fiscal- a solicitar la reapertura de la causa y la realización de diligencias adicionales.

Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades civiles que puedan surgir para los parlamentarios que hayan certificado algunos de los casos en que la falsedad de la calidad de exonerado ha sido acreditada y se ha suspendido el pago de la respectiva pensión, lo que es materia de una investigación distinta a la de este sobreseimiento.