Lo que hay detrás de las “vacaciones” de Mahmud Aleuy

Jueves 5 de octubre de 2017

Informe de inteligencia para la Red Líbero

¿Por qué el subsecretario del Interior no quiso recibir y ni siquiera darle una hojeada al informe que Patricia Bullrich puso ante sus ojos en Buenos Aires y que según ella detallaba el organigrama completo de la cúpula de la CAM?

Lo decisivo ocurrió en una semana, de sábado a sábado, y dos viajes marcan los momentos claves de la historia, como dos alfileres en la pared de un investigador que intenta reconstruir los hechos hasta encontrar la verdad.

El sábado 23 de septiembre en la mañana aterrizó el avión que traía de regreso a Chile a la Presidenta Michelle Bachelet desde Nueva York, donde había asistido a la 72° Asamblea General de las Naciones Unidas. Dos integrantes especialmente simbólicos de su última comparecencia como gobernante en la máxima instancia de la ONU eran sus ministros Marcelo Mena (Medio Ambiente) y Marcos Barraza (Desarrollo Social).

La Presidenta venía contenta. También Mena y Barraza. Los tres sentían que habían logrado dejar bien puesto el nombre de Chile en dos asuntos muy sensibles para la ONU (temas de moda, según algunos): El cuidado del medio ambiente (y en particular el problema del plástico en los océanos) y el trato hacia los pueblos originarios. Mena está a cargo del primero y Barraza del segundo.

Pero el solaz de la comitiva duró poco tiempo. En la tarde de ese mismo sábado 23 de septiembre ocurrió un hecho que terminaría provocando una de las “crisisdefinidas-como-no-crisis” más profundas de la última porción del segundo gobierno de Bachelet: el desenlace de la “Operación Huracán”.

Poco después de almuerzo, Carabineros informó a La Moneda que el GOPE había detenido al vocero de la CAM (Coordinadora Arauco-Malleco), Héctor Llaitul, y en paralelo efectivos de la dirección de inteligencia de la misma policía uniformada habían apresado a otros siete miembros de la CAM y del grupo Weichan Auka Mapu (WAM).

Era el exitoso epílogo de seis meses de trabajo coordinado entre el Ministerio Público y la policía. Era el logro que podía taparles la boca a todos aquellos que criticaban la inoperancia de las fiscalías, de Carabineros, de la PDI, de la comunidad de inteligencia nacional y del propio Gobierno en la investigación de los hechos de violencia en la zona del conflicto mapuche.

Estas detenciones no eran como otras, que habían terminado con los detenidos siendo puestos en libertad por los tribunales. Ahora había material probatorio de gran solvencia; “evidencia científica”, como explicó, con orgullo, el general de zona de Carabineros, Cristián Franzani. Se refería a las grabaciones telefónicas, a los chats y a las fotografías que hacían irrefutable la participación de los inculpados en los hechos de violencia indagados.

Pero la alegría de los policías y fiscales contrastó con la sensación que se instaló dentro del gobierno cuando se comenzó a irradiar la noticia.

Es que, irónicamente, no se trataba del momento más oportuno para dar un golpe tan espectacular contra un grupo de mapuches.

La preocupación que rondaba en esos días en La Moneda con respecto al tema mapuche era la huelga de hambre que cuatro imputados sostenían desde hacía 100 días para conseguir que se les levantara la medida cautelar de prisión preventiva. La salud de los huelguistas se debilitaba y algunas voces de la Nueva Mayoría transmitieron al gobierno que existía riesgo de que alguno entrara en fase crítica. Ese hecho o, peor aún, la muerte de un huelguista de hambre sería una crisis insoportable para la administración de Bachelet. Peor aún a 50 días de las elecciones generales. Sería una catástrofe humana, política y de prestigio internacional para la Mandataria y la coalición completa.

Por el contrario, en vez de conseguir que se les levantara la prisión preventiva a los cuatro comuneros mapuches, el Gobierno permitía que otros ocho comuneros mapuches ingresaran a cumplir prisión preventiva. Uno de ellos, además, el simbólico Héctor Llaitul, figura heroica para el sector más duro de la izquierda chilena, ex miembro del FPMR y rostro de la lucha reivindicativa de los mapuches para las ONGs internacionales que respaldan la causa.

Esa fue, de hecho, la queja del Partido Comunista ante distintos personeros de Palacio durante aquel fin de semana.

Pero este amargo análisis se consolidó oficialmente el lunes 25 de septiembre, cuando el propio presidente del PC, Guillermo Teillier, se apersonó ante el subsecretario Mahmud Aleuy en La Moneda para hacerle ver que la llamada “Operación Huracán” sólo servía para lanzarle bencina a la crisis de los huelguistas de hambre.

La cita entre Teillier y Aleuy fue tensa. El subsecretario hizo ver que las investigaciones policiales tienen su propio ritmo y lógica, a veces ajenos al calendario político, pero estuvo de acuerdo en que se debía buscar una solución al tema de los huelguistas de hambre.

Quizás como una manera de trasladar la “papa caliente” hacia el otro lado de la cordillera y así poner el foco en las armas que vienen desde Argentina a Chile, y no en Llaitul y su grupo, Mahmud Aleuy anunció viaje a Buenos Aires para pedir información a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Pero esa movida, lejos de descomprimir la tensión, agravó las cosas. Para miembros del Partido Comunista, Aleuy sólo seguía levantando la “Operación Huracán” en la agenda y haciendo alarde de su supuesto “logro” policial. Y las cosas se pondrían peor.

El viernes 29 el subsecretario viajó temprano a Argentina. Asistió a un homenaje a Carlos Prats en el parque que colinda con la embajada de Chile en Buenos Aires y luego se fue a la reunión con Bullrich. No obstante, en Santiago se fraguaba otra operación: el intento de reunir a la mismísima Presidenta Bachelet con los familiares de los huelguistas mapuches y conseguir que ella se comprometiera a que se retiraran las querellas por Ley Antiterrorista. Sobre todo después de que poco después de las 9 de la mañana fracasara el intento del abogado de la intendencia de conseguir que el tribunal de garantía de Temuco cambiara la prisión preventiva de los cuatro comuneros por reclusión domiciliaria.

Los asesores de Aleuy le transmitían en tiempo real a su jefe en Buenos Aires las tratativas que ocurrían en La Moneda. El mismo subsecretario habló muchas veces e intercambió mensajes de texto con ministros y asesores del segundo piso. Él no estaba de acuerdo ni con levantar las querellas por Ley Antiterrorista ni con que la Presidenta se involucrara personalmente en el asunto.

Los tira y afloja duraron todo el día. Pero a las 7 de la tarde Aleuy había sido derrotado. A esa hora Bachelet recibió a los parientes de los cuatro comuneros y se comprometió con ellos a que el gobierno modificaría la figura penal por la que se querellaba contra ellos. La reunión fue especialmente emotiva. Ese día, la Presidenta cumplió 66 años de edad.

A las 21 horas, el ministro Mario Fernández daba la noticia al país: el Gobierno pediría la reclasificación de los delitos por los que se juzgaba a los cuatro comuneros mapuches.

Horas antes, Aleuy sospechaba ese desenlace. Y, como el experimentado político que es, lo entendía. Comprendía el cuadro completo. Quizás por eso, cuando la ministra Bullrich le respondió que sí tenía información relevante sobre los grupos violentistas mapuches en Chile, Aleuy optó por decirle que no quería recibir nada y que esos antecedentes se le solicitarían formalmente por el conducto regular del Poder Judicial chileno.

Ni siquiera por curiosidad Aleuy quiso saber lo que decía el informe que Patricia Bullrich tenía sobre su escritorio y que, según ella, tenía datos como el organigrama completo de la cúpula de la Coordinadora Arauco-Malleco.

Es que Aleuy -de nuevo, como el político experimentado que es- sabía que si recibía ese informe y salía con él de la reunión ante la vista de los medios de prensa, cometería el error de principiante de ir por lana y salir trasquilado. Es decir, en vez de ir a dejar la “papa caliente” a Buenos Aires, se traería de vuelta a Santiago una bomba de tiempo que sólo serviría de combustible para hacer crecer la hoguera que otros trataban de desactivar recibiendo en La Moneda a los familiares de los huelguistas.

Por eso, el informe de inteligencia del gobierno argentino quedó allá y será la burocracia judicial la que tendrá que hacerlo llegar alguna vez a nuestro país. Cualquier otra posibilidad habría sido políticamente insostenible dentro de la Nueva Mayoría.

Aleuy volvió ese mismo viernes a Chile contrariado pero no derrotado. No era la primera vez que una opinión suya no se imponía. Y seguramente no sería la última. Por lo demás, cualquiera tiene un mal día.

Todo cambió, sin embargo, al amanecer del día siguiente, el sábado 30, cuando tuvo en sus manos El Mercurio. “En la Operación Huracán se abusó de efectismo comunicacional”, decía en grandes letras negras el ministro comunista Marcos Barraza. Era una crítica directa a Aleuy y una quitada de piso al apoyo que la propia subsecretaría del Interior le dio a la acción policial que terminó con Llaitul encarcelado.

También era sacar a la luz pública una discrepancia interna que se había mantenido en la privacidad de los pasillos del poder del oficialismo.

“¿Por qué Barraza?”, se debe haber preguntado Aleuy. ¿Por qué el mismo ministro comunista que acompañó a Bachelet a Nueva York? ¿Será que la Presidenta avala esta desautorización en público a su más leal y antiguo colaborador y amigo? Eso es, en el fondo, lo que necesitaba Aleuy que ella misma le aclarara en la reunión de la tarde del martes 3 de octubre.

Muy pocos saben qué ocurrió exactamente durante ese cara a cara. Pero a la salida, Mahmud Aleuy anunció que se tomaría “vacaciones”.