Por Alejandra Cruzat
Un silencio incómodo ha acompañado a la mediática detención del ex teniente coronel de Fuerzas Especiales de Carabineros Claudio Crespo como imputado por la pérdida de visión que sufrió Gustavo Gatica en una de las jornadas más violentas que se registraron en Santiago en noviembre del año recién pasado. En base a un peritaje balístico de la PDI, la Fiscalía habría llegado a la conclusión que el perdigón que impactó a Gatica fue disparado por el Comandante Crespo y, atendida la distancia que lo separaba a los violentistas, no parecía posible suponer que el disparo fuese en legítima defensa.
En la audiencia de formalización la jueza de garantía fue más allá incluso, y sin mediar interrogación o declaración alguna del imputado, que ni siquiera era consciente de haber sido el autor de los disparos en cuestión, agregó “aquí hay un ánimo de causar una lesión grave, de infligir dolor a una persona”. Aventurada afirmación.
Pero la otra verdad de este caso, esa verdad incómoda que como sociedad no tenemos la honestidad de reconocer, es que el día 8 de noviembre de 2019 el ex uniformado salió a la calle en el cumplimiento del deber que la propia Constitución le ha otorgado a nuestras Fuerzas de Orden y Seguridad, el de restaurar el orden público y, para ello utilizó un medio disuasivo autorizado por las reglas y protocolos del uso de la fuerza vigentes a esa fecha para la situación que se enfrentaba: la escopeta antidisturbios.
El caos y la violencia en las calles ese día era brutal: encapuchados quemaban la Universidad Pedro de Valdivia, saqueaban la Parroquia de la Asunción y una decena de carabineros se enfrentaba a una multitud de violentos manifestantes que los agredían sin tregua. Por otra parte, el carro lanza agua no podía operar.
Es en esas tremendamente adversas circunstancias, y no otras, en las que Fuerzas Especiales de Carabineros debía cumplir la consigna. Sacarlo de contexto, y pasar por alto las eximentes de responsabilidad penal que contempla nuestra jurisdicción por razón de su cargo, es una irresponsabilidad. Hoy día, a la distancia y sentados cómodamente frente a las duras imágenes de ese día, nos preguntamos qué se podría haber hecho mejor para controlar las graves alteraciones al orden público de esas fechas. ¿Replegarse e incumplir con ello el deber? Ciertamente, no. De haberlo hecho los daños podrían haber sido todavía mayores.
Estoy segura que Carabineros está trabajando en la respuesta, y como sociedad debemos apoyarlos y lograr un consenso mínimo al respecto, pero si seguimos desconociendo el hecho de que nuestras FFAA y de Orden son las que legalmente ostentan el monopolio de la fuerza, y las obligamos de facto a incumplir su misión -ya sea por normas impracticables o persecuciones judiciales injustas o con supuestos alejados de la realidad- en un corto plazo no tendremos ya a nadie dispuesto para controlar la violencia ilegítima y los ciudadanos quedaremos en la total indefensión.
