La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos han reafirmado la necesidad de consolidar un régimen de libertad individual y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos fundamentales de la persona.

Los organismos internacionales señalan la obligación de eliminar todas las formas de discriminación, en particular, por motivos de edad; resaltando que la persona mayor tiene los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas, y que estos derechos, incluido el de no verse sometida a discriminación fundada en la edad ni a ningún tipo de violencia, emanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano.

Surge la evidencia de dar cumplimiento a las leyes y programas de prevención de abuso, abandono, negligencia, maltrato y violencia contra la persona mayor, y la necesidad de contar con mecanismos nacionales que protejan sus derechos humanos y libertades fundamentales.

En Chile estas normas tienen plena vigencia y los órganos del Estado y la Justicia son los encargados de velar por su cumplimiento. Sin embargo, el respeto a los Derechos Humanos de las personas mayores que están presas en el penal de Punta Peuco no se aplican, ya que se les niegan beneficios intra-penintenciarios para los cuales cumplen los requisitos legales.

Muchos de los internos cuya dignidad no es garantizada, padecen enfermedades crónicas y se encuentran permanentemente en cama. Es urgente que la autoridad política y los tribunales den cumplimiento a las convenciones y tratados internacionales suscritos por nuestro país.

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