Motivos de preocupación

Después de una larga vida dedicada al servicio público, tanto como profesor de Derecho Administrativo como funcionario de la Contraloría General, donde realicé una carrera de 47 años hasta desempeñar el cargo de contralor general de la República, contando con el apoyo y reconocimiento de todos los sectores y el compromiso del personal, me atrevo a plantear algunas inquietudes como simple ciudadano.

En este artículo no corresponde analizar en profundidad el temario, por lo que solo me limitaré a dejar planteadas algunas inquietudes que a continuación señalo: 

1. Es muy negativo, provocándose una verdadera paralización, si la persona que desempeña el mandato de Presidente de la República no es reconocido como supremo gobernante y administrador del Estado, como lo consigna claramente el artículo 24 de la Constitución Política. Esto implica que debe contar con los medios que le permitan desarrollar sustancialmente su Programa de Gobierno en función de los intereses nacionales. Por eso, es muy negativo si a través de la gestión parlamentaria se pretende inhibir la acción del gobierno procurando imponer un programa del todo diferente y que corresponde a un proyecto de país distinto al aprobado por decisión popular en las urnas. Se produce así una distorsión o entrabamiento inaceptable. Cosa muy distinta es que deba respetarse el legítimo derecho a participar en el mejoramiento de los respectivos proyectos de ley.

El rechazo sistemático a la acción del gobierno solo produce paralización o postergación en la solución de los problemas, con daño evidente para la comunidad y desprestigio de las instituciones. 

2. Existe consenso sobre la necesidad de mejoramiento de la Contraloría General de la República, institución que cumple un rol ineludible para lograr la eficacia y la legalidad de la gestión administrativa del Estado.

Sin embargo, esta tarea no puede quedar condicionada a la aprobación previa de una nueva Ley Orgánica Constitucional de ese organismo. Ello significaría postergar, quizás por muchos años, las soluciones que se requieren de inmediato. 

Al respecto me permito recordar que ya en 1997, en un seminario en que participaron personas calificadas de la universidad, del Congreso Nacional, de la Administración y también del sector privado, se aprobaron ideas y medidas concretas para lograr una Contraloría acorde con las necesidades. Y posteriormente, cuando me desempeñé como contralor general, se aprobó una doctrina institucional tendiente a lograr un control proactivo de la Administración, sobre la base de una fiscalización de tipo finalista, en función de grandes valores, con una interpretación racional de las normas, dejando de lado los excesos de formalismos, facilitando así una administración pública eficiente, efectiva, oportuna y ajustada a Derecho. Ello requiere, por cierto, de un verdadero trabajo de equipo con respeto de la carrera funcionaria y el acatamiento estricto de los plazos contemplados por la ley. 

Dentro de ese contexto, resulta ineludible poner especial preocupación en torno al rápido despacho de las materias vinculadas a la ejecución de obras públicas y realización de proyectos que son urgentes considerando las necesidades impostergables para el desarrollo del país. 

Por cierto, hay que reconocer los avances ya logrados y que han sido favorecidos mediante el empleo de instrumentos computacionales. Tampoco cabe descartar la aprobación de algunas reformas legales impostergables, pero lo más importante es que se implanten de inmediato mecanismos de coordinación y de recíproco apoyo entre la Contraloría y la Administración. Ello sin perjuicio del rol fiscalizador que corresponde a la Cámara de Diputados conforme al mandato constitucional.

3. En estos días se ha dado a conocer una decisión judicial que dispuso la libertad incondicional de personas que portaban armas en un auto con vidrios polarizados. Se trataba de sujetos con amplio prontuario policial como traficantes de droga. La explicación que se ha dado es que los organismos policiales no se ajustaron estrictamente a ciertas formalidades. 

La verdad es que ante tan insólita medida somos muchos los chilenos a los que nos cuesta entender una aplicación tan formalista de la ley, en momentos en que todo el país está comprometido en la causa de atacar la delincuencia y la drogadicción. Parece insólito que se frustre una tarea tan vital sobre la base de un formalismo que resulta a todas luces contrario a la realidad y a las necesidades propias del tiempo en que vivimos. 

4. Por último, constituye motivo de preocupación ciudadana la situación laboral de la mina de Chuquicamata. Resulta insólito que trabajadores que son evidentemente privilegiados no trepiden en paralizar una actividad tan importante para el país en un momento económico que es muy difícil. En el fondo ello constituye una manifestación de egoísmo realmente inaceptable, con graves consecuencias para los chilenos, particularmente en un momento difícil para el desarrollo nacional. Ello resulta más inexplicable aún cuando el ofrecimiento hecho por el empleador ha sido extraordinariamente generoso si nos atenemos a la realidad generalizada que viven los trabajadores en nuestro país.

Arturo Aylwin Azócar