· Están convencidos que detrás de esto hay además un perverso incentivo económico dada las millonarias indemnizaciones que ordena la Suprema tras cada fallo.
Como una acción judicial que tiene un carácter de persecución política en contra de militares calificó el vicepresidente de la Multigremial de Militares (R), Pedro Veas Diabuno, la detención que afecta al presidente del Centro de Coroneles del Ejército de Chile, Cristián Labbé, razón por la que como entidad gremial han estrechado filas con el afectado y su organización. “Creemos como Multigremial de Militares (R) que la detención del ex Alcalde de Providencia, Coronel (R) Labbé, responde a temas políticos por ser él una figura de connotación pública como ex Alcalde de Providencia y eventualmente candidato a otro cargo de elección popular. Estas acciones buscan enlodar la imagen política de Labbé y su honra”, dijo el vicepresidente de la entidad gremial.
De la misma opinión es el abogado penalista Carlos Portales, experto en causas de Derechos Humanos que afectan a militares (R), pues la detención del ex Alcalde es un intento de destrucción de la imagen como político, y una muestra más de la eterna persecución hacia los militares, pues la consigna de “Ni perdón, Ni olvido” se ve que está más presente que nunca, a lo que se añade que la Justicia además hace eco de las presiones de grupos de izquierda.
Negocio de los DDHH Para el vicepresidente de la Multigremial, las causas de los Derechos Humanos se han vuelto un negocio muy lucrativo para los supuestamente afectados, ya que las indemnizaciones se han vuelto atractivas desde el punto de vista económico. “A la fecha el Estado de Chile ha desembolsado más de 3 mil millones de dólares por concepto de indemnizaciones, y hoy en día por el fallo de la causa más simple la Suprema ordena al Estado indemnizar con montos millonarios a cada afectado”.
Dijo esperar que la Corte ratifique la libertad bajo fianza del Coronel (R) Cristian Labbé, cosa que se verá mañana en la Corte de Apelaciones, así como la de una viuda de un Suboficial del Ejército, de 70 años de edad, también detenida en la madrugada de ayer sin saber la razón, trasladada en una camioneta desde el sur hacia Valparaíso, y acusada de participar en los supuestos hechos de tormento y secuestro del dirigente sindical Cosme Caracciolo, ocurridos hace 40 años. “Ya no le basta a la Justicia con los militares en retiro, ahora detiene a los familiares”.
Valparaíso, 10 de noviembre del 2016
