El proceso

Gonzalo Rojas Sánchez 

El proceso constituyente se origina en actos de violencia extrema desde el 18 de octubre de 2019, los que son convalidados de modo ilegítimo por el acuerdo del 15 de noviembre de ese año.

Participamos en el plebiscito de entrada del 2020 votando Rechazo para tratar de evitar el proceso. Perdimos.

Participamos en la elección de convencionales del 2021 para tratar de evitar la hegemonía de la izquierda. Perdimos.

Participamos en el plebiscito de salida del 2022. votando Rechazo para evitar que el proyecto entrara en vigencia. Ganamos.

Participamos también en el plebiscito de salida votando Rechazo para cerrar el proceso. Perdimos porque…

Al margen de toda voluntad popular se decidió desde el Congreso iniciar un segundo proceso y se fijaron 12 bases para enmarcarlo. Correspondía hacer un nuevo plebiscito de entrada para aprobar esa idea, pero se lo omitió. Y, paralelamente, se decidió bajar los quórums de reforma de la Constitución vigente a 4/7, facilitando enormemente su reforma en caso de seguir vigente.

Participamos en la elección de constituyentes del 2023 para, por segunda vez, tratar de evitar la hegemonía de la izquierda. Ganamos.

Cuando votamos por nuestros candidatos sabíamos que, desgraciadamente, tenían que trabajar dentro de las 12 bases. Ninguno de nuestros constituyentes dijo en su campaña que dejaría de trabajar para redactar el mejor texto posible. Acusarlos de traición por haber trabajado es miserable.

Nuestros constituyentes hicieron un trabajo de categoría, en el fondo y en las formas, y cumplieron con aprobar un texto para ser plebiscitado. El texto tiene muchas virtudes y algunos defectos; tiene, además, disposiciones que mejoran la actual Constitución de Ricardo Lagos. Sostener que el texto es producto del neomarxismo no solo es una enorme sandez, sino que es doblemente miserable.

El Partido Comunista y las izquierdas –duras y blandas– votan En Contra, precisamente porque el texto les resulta inaceptable.

Si gana el A Favor, se podrá defender el texto con la legitimidad del respaldo popular y, después, se le podrán hacer las modificaciones que resulten convenientes. Hay una mejor opción de cerrar el proceso, aunque no está garantizada, obviamente.

Si gana el En Contra, el Partido Comunista desplegará toda su fuerza, apoyado en el respaldo electoral, para iniciar un tercer proceso. Si no lo logra, al menos se contentará con incitar a las izquierdas para que, aprovechando los 4/7, hagan reformas a la Constitución vigente que deterioren por completo nuestro sistema constitucional.

No solo está en juego, por lo tanto, la aprobación o rechazo de un texto, sino la posición estratégica en que unos y otros quedaremos después del 17 de diciembre.

Votar En Contra es votar con los comunistas y, eventualmente, entregarles en bandeja la conducción estratégica del futuro inmediato de Chile. ¿Tiene sentido, después de 4 años de esfuerzos y sufrimientos, entregarles en bandeja esa victoria?

El Estado Domado de la Constitución Domesticada

Por Jorge Andrés Pérez 

El Estado chileno está capturado por un sistema político que necesita una Constitución Política domesticada, para poder domar las instituciones del Estado. Este no es un Estado al servicio de la sociedad chilena, pero un Estado al servicio de intereses que usan el sistema político como un caballo de Troya para penetrar el Estado chileno, y así apoderarse de él.

El Estado domado no es social, porque está al servicio de los que controlan las instituciones del Estado. La Constitución domesticada no es democrática, porque está al servicio de los que controlan el sistema político. Tenemos un Estado aparentemente social, pero al servicio de facciones políticas. Con un gobierno aparentemente democrático, pero al servicio del sistema político.

El sistema político chileno seguramente preferiría tener un sistema de gobierno parlamentario sin Constitución escrita, donde el jefe de Estado es un títere del gobierno de turno. Tal vez disfrazado de un presidencialismo democrático, que les permita gobernar arbitrariamente el Estado, ganando elecciones con barreras de entrada informales que ellos controlan. Ganando así elecciones sin tener que enfrentar una competencia electoral real, y así poder perpetuarse en el poder. Incluso con el poder para transferir (o heredar) como propiedad privada estas cuotas de poder.

El objetivo de la Constitución domesticada es liberar al sistema político de la ley, para que pueda domar con legitimidad el aparato del Estado de acuerdo con sus intereses. Es decir, se le quita a la Constitución los límites (dientes y colmillos) para contener los abusos de poder del sistema político. A medida que una facción logra imponerse en el sistema político, con ciertos grados de hegemonía, más incómodos se hacen los límites legales de la Constitución Política del Estado.

El objetivo de estos pirquineros del poder es convertir al Estado en un títere disfuncional controlado por los intereses del sistema político, para así ellos poder negociar libremente sus cuotas de poder como su capital privado. Entonces, el sistema político de facto privatiza el Estado para que sirva sus intereses particulares.

En algún grado, el Estado chileno está capturado por pirquineros pagados por el Estado que micro explotan los recursos de los nichos institucionales en el Estado como si fueran su propiedad privada. De partida tienen la actitud de que se mandan solos, y de que les hacen un favor a los ciudadanos por hacer su trabajo. Seguramente la sociedad chilena incluso le paga un sueldo a empleados del Estado que atornillan al revés, ya sea por corrupción monetaria o ideológica. Esto es el producto de un sistema político que ha domado el Estado haciendo sus instituciones progresivamente más disfuncionales. Pero esto es gracias a que la actual Constitución ya no tiene los dientes y colmillos para disciplinar las ambiciones institucionales del sistema político.

Chile está en peligro de seguir en este proceso de degradación de la disciplina institucional del Estado, producto de la corrupción moral del sistema político. Yo sospecho que estamos a pasos de empezar a entregar al crimen organizado importantes cuotas de poder en el Estado. Es decir, de empezar a vivir en un mundo donde uno ya no sabe quién en el Estado está trabajando para el crimen organizado. Un desastre, ya que el Estado paga sueldos a autoridades que usan su posición para socavar las instituciones del Estado.

Yo sospecho que hay una masa crítica de personas muy respetables en el sistema político chileno que simplemente no quieren una Constitución que les dificulte su trabajo de usar el Estado como si fuera su empresa privada. El sistema político chileno seguramente tiene una buena cantidad de empresarios políticos que operan como pirquineros institucionales que buscan oro económico o político en el Estado.

La eficacia institucional de las constituciones chilenas seguramente dura poco, porque rápidamente el sistema político les mete mano para sacarles los dientes y colmillos, para así domesticar la Constitución, para poder domar voluntades en el Estado. La Constitución actual ya no es capaz de controlar el sistema político, porque tenemos una Constitución formalmente domesticada, que permite funcionalmente domar las voluntades institucionales en el Estado.

Esta nueva Constitución es una oportunidad de ganarles por un tiempo la mano al sistema político. Si se aprueba, se van a demorar un par de décadas en domesticarla. Pero ese par de décadas nos puede comprar tiempo para formar una nueva generación de chilenos que reconozca este peligro del sistema político Latinoamericano. Esta nueva Constitución es la mejor oportunidad que los chilenos tenemos de parar el proceso de descomposición del Estado chileno, que nos condena a una economía informal que distorsiona precios en el mercado con externalidades informales.

Hay algunos diputados y senadores que van a oponerse a esta nueva Constitución simplemente porque con ella no van a ganar elecciones en el futuro. Otros diputados y senadores se van a oponer porque si bien no van a perder la pega, ahora van a tener que trabajar muy duro, y por muchos años, para sacarle los dientes y colmillos a la nueva Constitución, para así domesticarla para poder domar las voluntades institucionales en el Estado.

En conclusión, el Estado domado no es un Estado social, sino un Estado arbitrario capturado por mafias disfuncionales en el sistema burocrático; y la Constitución domesticada no es una Constitución democrática, sino una Constitución discrecional controlada por facciones informales en el sistema político.