Operación inmobiliaria del PC

La noticia del traspaso de una inmobiliaria del Partido Comunista con más de 100 propiedades a otra sociedad aparentemente constituida al efecto por personas vinculadas a ese partido ha levantado una serie de suspicacias. Naturalmente, un precio de poco más de tres mil millones de pesos, que se aparta en extremo de cualquier valorización comercial, resulta altamente llamativo. Del mismo modo, una forma de pago parcelada y con largos plazos de cumplimiento hace menos razonable un precio tan exiguo. Probablemente, a medida que se vayan conociendo los pormenores de la operación, podrán despejarse las legítimas dudas respecto de una eventual simulación de esos contratos de compraventa.

Sin embargo, dos cuestiones parecen relevantes de destacar. Por una parte, en el caso de que dichas operaciones fueran reales y simplemente hayan sido económicamente desventajosas pero necesarias para dar cumplimiento a la ley, habría que reconocer un defecto en la regulación. Ciertas legislaciones, en el legítimo afán de conseguir transparencia en el financiamiento de la política y evitar conflictos de interés, han generado situaciones de discutible conveniencia para el buen funcionamiento de las colectividades políticas. Establecer, por ejemplo, que los partidos pueden tener inmuebles siempre que destinen dos terceras partes de ellos a sus actividades partidarias impone ciertas limitaciones a la inversión de los recursos propios que resultan controvertibles. En rigor, se fuerza a los partidos a renunciar a ciertas inversiones en actividades perfectamente legítimas y rentables. Se advierte en este tipo de casos el intervencionismo que suele acompañar muchas políticas de financiamiento público a actividades de la sociedad. Con la premisa de querer apoyar el desarrollo de alguna dimensión del quehacer social -ya sea liberar a los partidos de la influencia del dinero o asegurar la gratuidad de las universidades-, el aporte económico del Estado viene aparejado de un criterio dirigista que arriesga desde la autonomía de las casas de estudio -como han hecho ver varios rectores- al buen funcionamiento de las colectividades políticas, como parece atestiguar el episodio inmobiliario del Partido Comunista.

Por la otra, en el caso de que se tratara de operaciones simuladas -lo que detractores del partido le imputan a la luz de la aparente falta de racionalidad económica, tanto por el precio pagado por tales bienes como por la forma de pago-, nos hallaríamos frente a la paradoja de que se estarían burlando las normas que se han autoimpuesto los partidos para recuperar la confianza ciudadana. Con el agravante de que su protagonista, el Partido Comunista, y en especial algunos de sus diputados, han pretendido erigirse en verdaderos fiscales de la probidad de sus adversarios políticos utilizando para estos efectos la justicia criminal.

Publicado en Editorial de El Mercurio