El 19 de mayo, un proyecto de Acuerdo del Senado le solicitó a la Presidenta de la República implementar las medidas necesarias para que se detuviera la entrega de beneficios a falsos exonerados.

El proyecto recogió un informe de Contraloría emitido en mayo de 2013, en el que el organismo detectó una serie de irregularidades en la tramitación y pago de las solicitudes de reconocimiento de exonerados políticos.

Daba cuenta de que el Instituto de Previsión Social (IPS) habría desembolsado indebidamente 29.000 millones de pesos y que al menos 3 mil beneficiarios carecían de los requisitos legales para acceder al aporte.

Urgido por el Senado por las cusas de no haber cortado aún esos millonarios pagos que no corresponden, el IPS respondió oficialmente que “las medidas tendientes a cesar el pago de la pensión no contributiva y otros beneficios percibidos por falsos exonerados, como asimismo el reembolso de lo que se ha pagado indebidamente, corresponde a la autoridad que las concedió, el Presidente de la República, a través del Ministerio del Interior, de conformidad a la Ley N° 19.234, en relación con el artículo 4° de la Ley N° 19.260 y el artículo 53 de la Ley 19.88.

Y finaliza: “sólo una vez que dicha autoridad disponga el cese de las respectivas pensiones o beneficios, podrán iniciarse las acciones administrativas y legales tendientes a obtener el reembolso de lo pagado indebidamente”.

Nada puede extrañar que este despojo colectivo a las arcas fiscales se dé, ya por un tiempo, con el pleno conocimiento del Gobierno. Por las listas de exonerados que reciben este beneficio vitalicio se sabe que casi en su totalidad pertenece a la izquierda dura, ésa que colmaba las oficinas de la administración pública durante la Unidad Popular. Uno de los que goza de estos recursos de por vida es el actual presidente del PC, Guillermo Teillier.

Es demasiado evidente el respeto reverencial que la Presidenta le dispensa al PC, de tal modo que le tiembla la mano de solo pensar en poner su firma en un decreto que perjudique a tantos camaradas. Pero si una pizca de coherencia le queda a la Mandataria, también en este caso debería apelar al “realismo” por ella misma patentado en virtud de los severos problemas económicos que vive el país.

A partir del 1 de octubre, el Fisco dejará de subsidiar a los pasaportes y subirá el valor de las Cédulas de Identidad, fondos que, según la ministra de Justicia, se destinarán a “otras necesidades sociales”; el ministro de Hacienda comunicó que ante la escasez de recursos fiscales se verá en la obligación de salir al mundo a solicitar dinero; el presidente de CODELCO anunció un ajuste “hasta los huesos” en los cos de producción del cobre; el Banco Central tiene en carpeta subir las tasas de interés para detener la galopante inflación; el desempleo aumentó inesperadamente; el crecimiento para el 2015 no pasará del 2.2 y el costo del dinero (por el alza del dólar) parece incontrolable.

Con este panorama desolador, el Fisco no puede permitirse el lujo de continuar regalando dineros públicos a 3 mil falsos exonerados, porque esa plata mal habida la reclaman con extrema urgencia otros requerimientos sociales, como la miserable vida de chilenos en campamentos periféricos.

No sólo el Senado debe preocuparse por este abuso cometido, a vista y paciencia de todos, por la ultra izquierda, sino la población en su conjunto tiene que unirse para exigir que se termine en el acto con este despilfarro intencionalmente ideológico y tiene que mantenerse atenta a que estos sinvergüenzas devuelvan a las arcas fiscales los 30 mil millones, de los cuales, silenciosa y conscientemente, han hecho mal uso por años.

Tomado de una nota de Alfonso Hidalgo de Voxpress, septiembre 2015