Editorial diario El Mercurio de Santiago, 23 de noviembre de 2016

La Encuesta Bicentenario, que desde el año 2006 viene realizando la Universidad Católica con GfK Adimark, ha indagado en esta oportunidad por la percepción del perdón en la sociedad chilena. El llamado papal a celebrar mediante un año santo de la misericordia el quincuagésimo aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II actuó como una motivación para introducir este capítulo especial en la investigación sobre nuestra sociedad. La primera conclusión que puede obtenerse del estudio es que la inmensa mayoría de los chilenos tiene una visión positiva del hecho de perdonar y creen haber perdonado a las personas que les han hecho daño. Es también mayoritaria la opinión de que tratándose de familiares o amigos, cualquier cosa que haya pasado debe ser perdonada, incluso si la persona que ha hecho el daño no se ha arrepentido. Muy pocos chilenos consideran que perdonar es un signo de debilidad y tres de cada cuatro se manifiestan absolutamente contrarios a esa idea.

No obstante, pese a las opiniones positivas sobre el perdón, las expresiones cambian cuando se refieren a la esfera pública o a personas lejanas a los encuestados. Así, está expandida la opinión de que no deben ser perdonados ni los homicidas ni los políticos corruptos, ni tampoco los empresarios que se coluden para ajustar los precios. Es abrumadora la mayoría que no está dispuesta a que se perdone a los terroristas o a las personas que han abusado sexualmente de menores. Las opiniones resultan más divididas cuando se pregunta por el autoperdón. Resultan casi equivalentes quienes creen haber cometido faltas que no se han perdonado a sí mismos y los que dicen que sí se las han disculpado. Al respecto, es interesante comprobar que tanto los católicos como los evangélicos muestran pequeñas diferencias del promedio general, siendo un poco menos indulgentes consigo mismos los evangélicos.

Luego de pronunciarse sobre el perdón dentro y fuera de la familia, el 52 por ciento de los encuestados opinó que en sus familias se necesita más perdón, pero pese a la actitud más estricta con quienes les son lejanos, el 80 por ciento opinó que en el país es necesario que exista más perdón. Esta creencia se mantiene prácticamente inalterada en todas las categorías sociodemográficas. No es fácil interpretar esta disposición de los chilenos, pero podría pensarse que pese a los clamores contra la delincuencia y la inflexibilidad en aplicarles a los militares el rigor del antiguo sistema procesal penal, existe un ánimo más clemente en la población en general.

Con todo, pese a lo dicho, una mayoría de 58 por ciento insiste en que es necesario reponer la pena de muerte para los crímenes graves. Al parecer, los chilenos piensan que toda falta menor merece ser perdonada y que se necesita aún perdonar más en el país, pero no están dispuestos a ser compasivos con las faltas graves, para las que exigen castigos severos, incluyendo la pena de muerte. No hay en la encuesta preguntas que permitan distinguir si el tiempo influye en el perdón, pues no es lo mismo perdonar una falta reciente que otra cometida hace muchos años. Pero es una mayoría de 80 por ciento la que cree que Dios puede perdonar todos los pecados, incluso los más graves y terribles.

Como es la primera vez que se realiza una encuesta de esta magnitud que pregunte por el perdón, no es posible determinar si se trata de creencias largamente arraigadas o son tendencias actuales que podrán variar con el paso del tiempo. Una de las cualidades de la Encuesta Bicentenario es que procura obtener información sostenida en el tiempo acerca del estado de la sociedad en materias relevantes y cabe esperar que esta importante temática retorne en los futuros estudios, pues revela una característica fundamental de nuestro país, de enorme trascendencia para la reconciliación de los distintos grupos nacionales.

NOTA DE CHILE MERECE

El Poder Judicial en sus sentencias ha establecido que los supuestos delitos contra los derechos humanos cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y la entrega del Gobierno Militar son delitos de LESA HUMANIDAD… imprescriptibles e inanmistiables.

Del mismo modo se ha recurrido a “ficciones jurídicas”, como sucede con la tesis del secuestro permanente, aumentando así el número de condenas.

Hoy el promedio de edad de los presos en Punta de Peuco alcanza la edad de 76 años. Cabe hacer presente que el promedio de edad en los otros centros penitenciarios chilenos es de 25 años.

Día a Día se abren nuevos procesos por las más variadas denuncias, lo que hace previsible que nuevos viejos militares sean procesados y / o encarcelados.

El trato actual hacia los uniformados en retiro constituye un hecho para ellos profundamente frustrante y doloroso.  Esto se aprecia con suma claridad cuando les llaman “asesinos,” cuando no se aplica la misma justicia que se da a todos los chilenos, donde son considerados culpables antes de haber iniciado el juicio, cuando la mayoría del pueblo chileno desconoce y es indiferente a su suerte, después de 27 años escuchando una versión unilateral de la historia que una importante cantidad de compatriotas cree y asume como verdad y divulga sin conocimiento de causa,

Esta realidad convierte  a muchos de los viejos militares en retiro en presos políticos debido al interés de un sector del Estado de suturar rápidamente el pasado, con el argumento falaz de buscar justicia, lo que no ocurrió con aquellos acusados por delitos terrorista a quienes se les concedió amnistía, prescripción de la pena, debido proceso, etc,. no habiendo hoy ninguno cumpliendo condena en prisión. Este tipo de prácticas injustas sólo polariza a los chilenos y ayudan a construir la “verdad oficial” que dista mucho de lo que realmente ocurrió en Chile a comienzo de los setenta. Actualmente el gobierno de la UP es recordado como un régimen “soñador” que buscó hacer lo mejor para “el pueblo”, siendo que en realidad fue un régimen incompetente y caótico que trastornó a la sociedad de ese entonces y la arrastró a un estado de crisis permanente.