Llamado a PARO de camioneros:

https://youtu.be/eslYvfJkzDg?si=0tcTXwZzhjYldovv

La impunidad en el ADN

Las pensiones de gracia son otro ejemplo de la incoherencia y opacidad con que actúa este gobierno donde nadie da cuenta de sus actos.

por Pilar Molina27 enero, 2024

Van sólo dos años, pero hasta ahora, nada refleja mejor la impunidad con que actúa el gobierno de Gabriel Boric que el caso de las pensiones de gracia. Califican como “desprolijidades” lo que en algunos casos llega a ser delito. O prefieren hablar de “descriterios políticos” en vez de asumir el millonario fraude de funcionarios oficialistas con las fundaciones y de “error” cuando seis ministros no registran sus reuniones en la casa de un lobista con empresarios.

Frente a las 419 pensiones de gracia hasta por 500 mil pesos que ha concedido Gabriel Boric a los que alegaron lesiones por acción policial después del 18 de octubre, la raíz es siempre la misma. La falta de transparencia y la impunidad para actuar fuera del libreto. En febrero pasado la oposición pidió publicar la lista de beneficiados. El Estado está obligado por Ley de Transparencia a publicar la nómina de personas a las que otorga beneficios y subsidios.

Salvo que se trate de “datos sensibles”, excepción a la que se acogió el Ejecutivo. Cómo no, porque ¿cómo no iban a constituir datos sensibles que le financiemos pensiones de por vida a personas que fueron condenados por su participación delictiva en hechos del 18 de octubre, los mismos que los hicieron acreedores de la gracia del Estado? Ellos, con pensiones vitalicias por tirar bombas molotov a carabineros, quemar sus casetas o patearlos en el suelo. En contraste, los carabineros fueron formalizados por apremios ilegítimos. Una señal nada buena en medio de la crisis de seguridad en que estamos sumergidos.

Para peor, algunos beneficiados no tuvieron lesiones o fueron leves (“erosión en el dorso de las manos”). O bien, no sufrieron nada que les menoscabara su capacidad laboral y además muchos (69 de los 140 que analizó Contraloría) tenían condenas anteriores, hasta 10 en varios casos, que incluían delitos tan graves como homicidio o producción de material pornográfico, además de robo con violencia.

Pero nada de esto lo conocimos porque le bajara un ataque de sinceridad al gobierno, sino que porque Ex Ante empezó a publicar a partir de septiembre los prófugos de la justicia y los condenados que los chilenos financiamos con una mesada mensual. Desde La Moneda empezó entonces el goteo habitual de información, donde las cifras de los pensionados y los condenados, los con y sin daño para trabajar, cambia según la ocasión. Y también la reacción: que no se pueden revocar los beneficios administrativamente, que sí se puede, que lo harán en el caso de los delitos graves solamente, que el Presidente ordenó antes de irse a vacaciones, según aseveró su ministra Tohá, quitarle la pensión a un agraciado “con antecedentes de pornografía infantil”.

Pero la última fue sólo una reacción poco sincera de la ministra del Interior, Carolina Tohá, cuando se sintió pillada por la revelación del lapidario informe de Contraloría esta semana sobre la falta de responsabilidad, control, eficacia y eficiencia con que se concedieron las pensiones de gracia. El Ejecutivo no buscó acreditar nada, salvo la calidad de víctima que la justificó el INDH, que ya conocemos cómo opera.

La Moneda tenía en su poder el informe acusatorio de Contraloría desde el 13 de diciembre, pero sólo esta semana atinó a decir algo (que el procedimiento estuvo mal regulado y fue un error entregar pensiones a personas con prontuario y sin daño permanente), pero echándole la culpa por ello al INDH, al Congreso, que legisló el procedimiento en dos Presupuestos anuales y, para variar…. ¡al gobierno anterior! 

La ley 18.056 que establece normas generales para otorgar este derecho vitalicio señala una serie de exigencias para acreditar los “servicios distinguidos”, los “actos meritorios” en “beneficio importante del país” o las catástrofes o accidentes que justifican concederlo. Y señala que el Presidente, que es quien tiene la facultad, puede saltarse las exigencias previstas en la ley “en casos calificados y por decreto supremo fundado”.

Boric dictó los decretos, pero está claro, no fueron fundados y por eso ocultaban los beneficiados.

Pero la impunidad es total. El Instituto Nacional de Derechos Humanos eximió su responsabilidad acusando que sólo le correspondió acreditar la calidad de víctima de las personas, escudándose en que los 419 beneficios se entregaron por la glosa 12 del Presupuesto 2022 que deja la decisión exclusivamente en manos de Interior.

La ministra Tohá y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, buscaron diluir cualquier atisbo de responsabilidad: que nunca antes se habían exigido antecedentes penales ni diagnósticos médicos para otorgar las 18 mil pensiones de gracia que existen, lo cual habrá que revisar para atrás también.

Tohá aseguró que dejarán sin pensión a 17 de los 69 con antecedentes penales, de los cuales 13 (“algunos de ellos muy graves”) fueron concedidas por Piñera, donde al menos sí se reglamentó la exigencia de antecedentes médicos que esta administración no tuvo a la vista en 19 casos.

En la Comisión de Pensiones de Gracia, que recomienda sobre la pertinencia del beneficio al Mandatario, participan representantes de cuatro ministerios y uno del fenecido gabinete de la ex Primera Dama. Todos nombrados por el Presidente, pero nadie se dio cuenta de nada tampoco. Las pensiones pasaron como por un tubo y ni siquiera dejaron en actas qué agravamiento de lesiones originó que las subieran, como consignó Contraloría.  Tal parece no tenían que justificarlo porque fue Boric quien anunció en su primera cuenta pública (del 1º junio de 2022) que alzaría el monto del regalo.

Pasamos de los indultados con prontuario a los pensionados de gracia que no tienen otro mérito que ser parte del octubrismo que comprometió al actual Gobierno. Pero poco importa cualquier argumento. Una vez más se consagran actitudes incoherentes e incomprensibles de La Moneda, una opacidad censurable y el ocultamiento deliberado de información. Como siempre antes, seguirá campeando la impunidad. Parece estar en el ADN de esta administración.
PILAR MOLINA

Periodista Más de Pilar Molina

Grande, único y pitoniso, nos advirtió hace más de 20 años… escuchen:

Gobierno:

“La ley y el desorden”: duro análisis de especialistas británicos sobre crisis de seguridad en Chile

Por Christian Leal

Sábado 20 enero de 2024 | 16:04

“La gente quiere a los militares de vuelta en las calles, quieren que se decrete el estado de emergencia, y quieren ver una mano fuerte a cargo, algo que el gobierno no ha sido capaz de tener”, escribe el Senior Associate Fellow de RUSI, Richard Kouyoumdjian.

Un duro análisis publicó este viernes el Royal United Services Institute (RUSI), un reputado grupo de expertos en seguridad británico, sobre el aumento de la delincuencia en Chile, así como del proceso que enfrenta el general de Carabineros, Ricardo Yáñez, por presuntas violaciones a los derechos humanos.

En la columna, escrita por el consultor en seguridad Richard Kouyoumdjian Inglis, se hace un recuento de los hechos ocurridos durante el estallido social de 2019 y sus consecuencias sobre las policías, así como del avance del crimen organizado en nuestro país durante las últimas décadas.

“(Carabineros) no estaba preparado -y al parecer nadie lo estaba- para enfrentar un estallido social a nivel nacional donde se mezclaban demandas sociales genuinas, con las acciones de criminales y delincuentes del peor tipo, quienes vieron una oportunidad para saquear, destruir y robar”, establece el texto.

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A partir de ello, Kouyoumdjian presenta su tesis de que el procesamiento del general Yáñez no sólo afectaría nuevamente la imagen de Carabineros, sino que pondría en jaque los esfuerzos para superar la crisis de seguridad que vive Chile.

“Aunque (el Ministerio Público) sólo tiene un jefe, el fiscal nacional Ángel Valencia, los fiscales regionales no siempre le prestan atención y como resultado, pueden dejarse llevar (por sus convicciones). Es lo que ocurre con fiscales como Ximena Chong y Xavier Armendáriz, quienes con frecuencia dejan entrever sus tendencias progresistas o de izquierda cuando lidian con casos como estos”, especifica.

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Kouyoumdjian, quien es Senior Associate Fellow de RUSI, prestó servicios en la Armada de Chile desde 1986 a 1994, labor que lo llevó a trabajar durante 9 meses como observador internacional y oficial al mando de fuerzas de las Naciones Unidas en Camboya.

“El crimen es algo que necesita que todas las partes involucradas estén en sintonía, y procesar al jefe de la policía uniformada no va a ayudar en esto. Este es un tema importante para los chilenos porque impacta su vida diaria: han visto cómo su calles pasaron de robos, a secuestros, asaltos, homicidios y narcotráfico“, añade en su conclusión.

El columnista de RUSI cita el ejemplo de Ecuador respecto de cómo un país donde no se prioriza la seguridad puede ser superado por el crimen organizado, y con una tasa de homicidios que creció en un 800%. Basado en el toque de queda de dos meses ordenado por el presidente Daniel Noboa, Kouyoumdjian apela a las Fuerzas Armadas como un recurso al que el presidente Boric se niega a utilizar.

“Chile solía ser un bien país en el cual vivir, en muchos sentidos, mejor que sus vecinos. La gente quiere a los militares de vuelta en las calles, quieren que se decrete el estado de emergencia, y quieren ver una mano fuerte a cargo, algo que el gobierno no ha sido capaz de tener. En este ambiente, reemplazar la cabeza de Carabineros no es una buena idea, especialmente si impacta en su eficiencia y efectividad”, sentencia.

ROBERTO HERNANDEZ

@RAHM52

¡Escándalo nacional x pensiones d gracia entregadas a delincuentes que se declararon víctimas del estado en el estallido delincuencial de 2019! PARA ELLO HA BASTADO SOLO EL TESTIMONIO DE LAS “VÍCTIMAS”. Así se ha condenado a cientos de ex uniformados de 1973, sólo x TESTIMONIOS

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Jaime Jankelevich

A la captura del mercado de capitales
Capturar el mercado de capitales es lo que verdaderamente busca el gobierno con su reforma de pensiones. Ceder que el 6% vaya 4/2 o 5/1 a las cuentas individuales no les importa, si logran aprobar la reforma que les abre el camino a los fondos.
Las reformas de pensiones y la tributaria, mal llamada pacto fiscal, son las únicas dos reformas que el Gobierno podría llegar a mostrar como herencia de su mandato. El problema es que las dos son muy malas y particularmente la de pensiones, contiene una amenaza oculta en el texto de la reforma, cual es transformar el Estado en el administrador de los fondos de pensiones y dominador del mercado de capitales.

La ministra Jara pretende terminar con las AFP en dos años y generar un ente llamado Inversor de Pensiones (IP), que serían uno público y varios privados -los que estarían a cargo de la inversión de las cotizaciones de pensiones- y una organización única, monopólica, pagada por el Estado, que se haría cargo de la gestión del soporte operacional.

Adicionalmente a la IP, habría una licitación de stocks de afiliados, con lo cual el Estado podría acceder a millones de dólares desde las cuentas individuales, pues baste decir que, a diciembre de 2023, la cartera de inversiones de las AFP era de US$188.594,34MM, lo que equivale aproximadamente a un 57% del PIB. ¿Se imagina esos fondos en manos del Estado? Es justamente a esto a lo que aspiran, por lo que el 6% repartido 4/2 o 5/1 les da lo mismo, lo importante es el botín financiero.

Si esto se aprueba, le facilitaría al Estado invertir en el mercado de capitales comprando acciones, permitiéndole el acceso a la propiedad de empresas privadas y a sus directorios, pudiendo eventualmente imponer cambios en los objetivos empresariales, políticas sectoriales, etc., con lo cual la pérdida de valor por incertidumbre sería incalculable pues en no más de 10 años, tendrían el control absoluto del sistema.

Pregúntese qué inversionista va a querer invertir en una empresa chilena, teniendo en su directorio a burócratas estatales con poder. Si esto se llegase a aprobar, Chile perdería todo atractivo para los inversionistas y el país sufriría un retroceso que costaría muchos años revertir. Porque, quién administra mejor, ¿el sector privado o el público?

Es cosa de mirar Codelco, que cerró a septiembre de 2023 con una deuda de US$20.000 MM -18% superior respecto de 2022- una baja de producción del 9% y una caída del 65% en sus excedentes; desde US$2.606MM (9/22) a US$917MM (9/23). Un estudio del Centro de Estudios del Cobre y la Minería calculó que la deuda podría alcanzar los US$30.000MM en 2030 e incluso estimó que Codelco podría caer en insolvencia por el aumento de costos y de creciente deuda en proyectos que se han dilatado en concretarse.

El Estado es una masa gelatinosa de burocracia ineficiente capturada políticamente, de la cual no responde nadie. Las listas de espera en Salud son interminables, provocando muertes inaceptables; el fracaso absoluto de las reformas de educación aumentó la desigualdad en el país y destruyeron la educación pública. Terminaron con el mérito y la selección, lo que aumentó la brecha entre la educación privada y la estatal, lo que quieren ocultar prohibiendo que se publiquen los resultados de la última PAES.

Se gasta indiscriminadamente en proyectos de escasa rentabilidad social, lo cual se sabe, pero se siguen manteniendo. El Ministro de Hacienda quiere más impuestos, pero no existe accountability alguna de como se emplean los dineros de los contribuyentes y por supuesto la evaluación de los empleados fiscales es siempre la mejor, con lo cual acceden a los beneficios por gestión, y todos sabemos que eso está muy lejos de representar la realidad.

Si el Estado es ineficiente, indolente y un muy mal administrador de recursos, el riesgo que capturen el mercado de capitales y tomen posiciones en la propiedad de empresas privadas es gigantesco, por las negativas consecuencias que eso podría generar en la confianza empresarial, en los inversionistas y en el desarrollo del país.

Pero, el gobierno va a repartir caramelos en el Congreso y existen altas probabilidades que el proyecto se apruebe en la Cámara. Se habla de aprobar un auto préstamo limitado; o sea, de un retiro disfrazado y como eso a la gente le va a encantar, los diputados que tienen pronto que reelegirse, no querrán quedar mal con sus electores. Pero si además el gobierno acepta que un 4/2 o incluso un 5/1 del 6% adicional vaya a las cuentas individuales, será muy difícil que pierda la votación.

La esperanza entonces radica en el Senado, porque ahí es más difícil que logren su aprobación, aunque nada es seguro.

Si el gobierno triunfa en su intento, en pocos años Chile vería desaparecer uno de los pilares más relevantes del desarrollo logrado durante más de 30 años, lo que nos llevó a ser líderes en la región y admirados como un verdadero milagro económico por el resto del mundo.

Fronteras sin control

Por : Carlos Gajardo PintoAbogado. Exfiscal.

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Frente a este panorama, no podemos pasar por alto las palabras del Fiscal Regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, quien denuncia que pasadas las 18:00 horas se accede sin control por el paso fronterizo de Colchane.

El inicio de enero nos sumerge en un año que ya se vislumbra marcado por la violencia, una realidad palpable en varios de nuestros países vecinos y que demanda nuestra atención inmediata en Chile. Nos enfrentamos a una situación alarmante: la permeabilidad de nuestras fronteras, por donde ingresan armas, drogas, contrabando y migrantes. Sin ir más lejos, la situación en Bolivia sirve como un recordatorio urgente para tomar acción y no subestimar esta problemática.

La reciente noticia acerca de la muerte de un militar del Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando (CEO-LCC) en Pisiga, cerca de la frontera que compartimos con Bolivia, es un trágico ejemplo de la gravedad de la situación. Este hecho, una presunta emboscada durante un control rutinario, ilustra la peligrosidad que rodea a quienes luchan contra el contrabando en nuestra región.

Durante 2023, la Aduana boliviana experimentó 35 ataques, agresiones y emboscadas, con 19 técnicos heridos y 41 vehículos dañados. Hace aproximadamente una semana, cinco militares del CEO-LCC fueron quemados vivos dentro de un automóvil por una organización criminal que opera en la frontera entre Bolivia y Argentina, y el viceministro de Lucha contra el Contrabando de Bolivia enfatizó que estos actos fueron acciones planificadas por organizaciones criminales.

Considerando la naturaleza transnacional de muchos de estos grupos, no hay que perder de vista el foco. Una encuesta sobre Percepción de Comercio Ilícito en Chile, publicada este mes por la Cámara Nacional de Comercio, revela la gravedad de la situación internamente: el 80% de los encuestados considera que detrás del comercio ambulante ilegal existen mafias asociadas a delitos e ilegalidades. Esta percepción se respalda con la desarticulación de bandas, como la reciente operación en Tarapacá, donde se incautaron 838 mil unidades de cigarrillos ilegales y se reveló una logística organizada para el traslado de mercancía, utilizando una retroexcavadora para abrirse paso por rutas no autorizadas.

Frente a este panorama, no podemos pasar por alto las palabras del Fiscal Regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, quien denuncia que pasadas las 18:00 horas se accede sin control por el paso fronterizo de Colchane. La sofisticación de estos delitos se hace evidente, y si no actuamos con determinación ahora, enfrentaremos consecuencias similares a las de nuestros vecinos.

• El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

Pensiones vitalicias, indultos y harto más. ¿Meras coincidencias?

Las pensiones de gracia vitalicias otorgadas por el gobierno se suman a lo acontecido con los indultos, al retiro de 139 querellas por LSE a presos de la violencia octubrista y a un proyecto de ley para indemnizarlos. ¿Serán meras coincidencias?

por Jaime Jankelevich28 enero, 2024

La contralora (s) Dorothy Pérez abrió un nuevo frente de conflicto para el Gobierno al publicar el informe sobre el otorgamiento de pensiones de gracia vitalicias durante 2022, en el que se señala que se tuvo a la vista antecedentes para entregar el beneficio a personas con condenas por estafa, narcotráfico, producción de material pornográfico infantil, abuso sexual, homicidio (publicado por El Líbero), violencia intrafamiliar, etc. La Contraloría detectó 58 casos, pero el Gobierno, intentado mostrar «acuciosidad» aumentó a 69.

La ministra del Interior Carolina Tohá, a raíz de dicho informe declaró: «Pero no fue nuestro Gobierno el que definió este procedimiento, estaba definido ya cuando nosotros llegamos». Lo que dijo la ministra es cierto en cuanto al procedimiento, pero sus palabras suenan a intentar liberar de responsabilidad a su Gobierno en otorgar dichas pensiones de gracia, sin haber comprobado a quien se estaba beneficiando.

Este episodio no es el primero en que hay problemas relacionados a beneficios otorgados por el Gobierno a personas que han estado involucradas en el octubrismo, ya sea en hechos de violencia, en delincuencia, personas con densos prontuarios  y que, al hacerse públicos, se le asignan responsabilidades a terceros y no se asumen las propias por parte de quienes tomaron las decisiones.

Me pregunto si esto es mera coincidencia u obedece a un patrón de conducta para beneficiar a actores del octubrismo, lo que me lleva a pensar que dicho cuestionamiento amerita ser analizado y contextualizado para intentar sacar conclusiones.

El actual gobierno, un día antes de asumir oficialmente su mandato, es decir, el 10 de marzo de 2022, anunció a través de los futuros ministros del Interior y Justicia el retiro inmediato de 139 querellas por LSE a presos de la violencia octubristra, por hechos que ocurrieron entre el 19 de octubre de 2019 y el 18 de enero de 2020, además de una mesa de reparación para las víctimas de DD.HH., lo que correspondía, dijeron, a una promesa de su programa de gobierno y que buscaba que la LSE no fuera utilizada para la persecución injusta y desproporcionada.

Fue la primera señal de perdonazos a los violentistas del octubrismo.

Antes, en octubre de 2020, diputados de lo que ahora es el oficialismo, entre los que estaba Gabriel Boric, presentaron un proyecto de ley en la Cámara para indemnizar a las llamadas “víctimas del estallido social” y se aprobó una moción en que se rebajaron los estándares probatorios para que una persona fuera considerada víctima. El sentido de esa ley era “establecer una regulación especial para efectos de determinar la responsabilidad del Estado de Chile respecto de todas aquellas personas que hayan sido víctimas de lesiones, mutilaciones y muertes bajo el contexto de movilizaciones sociales en el denominado estallido social”.

Pasó el tiempo y sobrevino el caso de los indultos. Nuevamente, gracias al rol de la prensa, T13 dio a conocer que el indultado Luis Castillo estaba vinculado a 26 causas judiciales y tenía 5 condenas desde 2005. Adicionalmente se supo que Gendarmería había recomendado no indultarlo por alto riesgo de reincidencia, pero Boric le otorgó el beneficio sin considerar dicha recomendación. Resultado, en diciembre pasado fue detenido por estar involucrado en un secuestro. Pero no fue el único caso, pues hubo otros cuatro delincuentes que estaban condenados y fueron beneficiados con indulto.

Esto dio lugar a que se atribuyeran los beneficios otorgados a desprolijidades, mientras la ministra Vallejo aseveró que si el Presidente hubiera tenido todos los antecedentes, no los habría indultado. En definitiva, terceros eran los culpables por lo que se utilizaron los fusibles, exonerando de sus cargos al jefe de Gabinete del Presidente y a la ministra de Justicia.

Y esto continúa con las pensiones de gracia vitalicias ya comentadas, que gracias al informe de la Contraloría se conoció que hubo falta de control interno, además de comprobarse que en 19 casos había una inconsistencia entre el relato del caso y los antecedentes médicos que lo avalan, responsabilidad que recae en el INDH.

De todo esto tiendo a pensar que son demasiadas las similitudes en las decisiones gubernamentales para considerarlas meras coincidencias. Pienso que ha existido y probablemente aún existe el intento de beneficiar a quienes participaron del octubrismo, pues no es un secreto para nadie que, gracias al octubrismo, Gabriel Boric logró ser elegido Presidente de la República.

¿Formará esto parte de la superioridad moral con la que llegaron a gobernar según el ex ministro Jackson?

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JAIME JANKELEVICH

Bioquímico y consultor Más de Jaime Jankelevich