La Moneda octubrista en acción

Por PILAR MOLINA
Periodista.

Pautas todas las semanas para distraer la división con sus aliados de izquierda y los graves problemas que no es capaz de gestionar el gobierno.

La semana pasada fue la pauta de La Moneda por los dos años de gobierno: que Chile está mucho mejor que como lo recibió Gabriel Boric, aunque todo lo desmienta, partiendo por sus alcaldes que piden militares en las calles y todas las encuestas.

Esta semana acordaron otro mensaje a la opinión pública: tratar de instalar que el escándalo desatado por la filtración de información de la cabeza de la PDI, Sergio Muñoz, al penalista Luis Hermosilla, es un problema para la derecha. Y que llega a constituir una “red de corrupción de cuello y corbata”, como acusó con toda gravedad la vocera Vallejo en los patios de La Moneda.

“La evidencia no le importa al octubrismo instalado en La Moneda. La estrategia es desviar la atención de los graves problemas propios que tienen”.

El domingo, el vocero legal del Presidente, el ministro de Justicia, Luis Cordero, instaló que la filtración era gravísima, pero, advirtió, “esto está recién comenzando”. Lo repitió en la radio (T13) al día siguiente, cuando aventuró que “la situación es muy grave y en la medida que la investigación avance es probable que podamos conocer otros hechos que son más complejos”. Cuando le preguntaron qué antecedentes tenía, se disculpó, “no, no sé nada. El gobierno no tiene información porque la investigación es secreta” (vaya contradicción).

A la otra vocera, la de Palacio, le tocaba abrochar la acusación en la opinión pública. La misma que ha llamado repetidas veces a la oposición a tomar acuerdos, ahora que descubrió que no funciona gobernar cuando la oposición niega la sal y el agua a todos los proyectos del Ejecutivo.

Sin inmutarse, desde la casa de gobierno, Camila Vallejo abundó el tono enfático sobre los alcances de estas pericias al celular de Hermosilla: “Estamos hablando de una posible red de corrupción de cuello y corbata que implica no solamente al ex director de la PDI, sino que también a ex personeros de gobierno y líderes políticos, hasta el momento, de la oposición”. Añadió que esta red “se habría posiblemente organizado para entorpecer la labor investigativa de distintas causas asociadas a corrupción por parte de la fiscalía”, lo cual produce mucho escozor, repitió dos veces.

Sus parlamentarios del 20% incondicional de Apruebo Dignidad hicieron el resto de la pega, echando al ruedo al ex ministro del Interior Andrés Chadwick y al ex Presidente Piñera. Bien curioso, porque se supone que la investigación es secreta, lo cual le hizo ver de inmediato el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, al que le cayeron las ráfagas de la izquierda por preguntarse “no sé que información tiene la ministra Vallejo para hacer una afirmación de esa naturaleza”.

Y más sorprendente aún es que tuviera antecedentes de los cuales carece la Fiscalía. Esta no formalizó a Sergio Muñoz por delitos de corrupción, sino que por la violación de secreto al entregar información reservada a Hermosilla respecto a un puñado de causas por delitos comunes y en otras dos, donde sí hay obligación de reserva, porque acusan lavado de activos (de gastos reservados del anterior director de la PDI Héctor Espinosa y de fondos municipales en el caso del ex alcalde Raúl Torrealba).

Por eso el Fiscal Nacional le pidió a la autoridad de La Moneda que “si efectivamente ella tiene información sobre la existencia de una red, debería aportarla a la fiscal a cargo de la causa”.

Por supuesto que ella no tiene pruebas de nada, pero nunca eso le ha impedido a Vallejo encajar calumnias o difamaciones. Su especulación convirtió en delito cometido por Chadwick que éste recibiera información del entonces director de la PDI, Sergio Muñoz, cuando ya no era ministro, sobre una diligencia en la investigación sobre la venta de la minera Dominga por parte de la familia de Piñera a Carlos Alberto Délano. Y el otro motivo para hablar de “red de corrupción” es que Muñoz le hizo un alcance por WhatsApp sobre otra causa donde la Contraloría descartó que Piñera hubiera cometido una infracción al fideicomiso ciego al firmar un decreto durante la pandemia, el que extendía los plazos de obra a algunos casinos y que fue sobreseída por la justicia.

Lo cierto es que a pesar de la red de “cuello y corbata” que, según la portavo comunista, se armó para “entorpecer la labor investigativa de distintas causas asociadas a corrupción”, la Fiscalía ha admitido que ninguna de las filtraciones comprometió las investigaciones.

Pero la evidencia no le importa al octubrismo instalado en La Moneda. La estrategia es desviar la atención de los graves problemas propios que tienen, partiendo por el caso de corrupción de Comunes (con Oliva y la disolución del partido) y de Revolución Democrática con los convenios. Allí sí hubo una red, porque se trata de fraude con platas fiscales a lo largo de todo el país y por parte de diferentes autoridades, como seremis de diversos ministerios y también de gobernadores.

Asimismo, es estratégico distraer cuando en medio de la crisis de seguridad el octubrismo torpedea llegar a acuerdo sobre las RUF para el uso de la fuerza en el orden público y el combate al crimen organizado. E, igualmente que, no obstante la delincuencia, insiste en descabezar Carabineros, a pesar que la acusación por la cual será formalizado el general Director es por responsabilidad de mando y no por filtrar información reservada. Apruebo Dignidad también empuja hacia una crisis sanitaria, buscando eliminar las isapres, lo cual no comparten sus aliados del Socialismo Democrático

Igual de conveniente es mover los focos hacia otro lado cuando hoy iluminan cómo nadie se responsabiliza porque la reconstrucción en Valparaíso sencillamente no avance o que miles de escolares no puedan iniciar sus clases porque no tienen matrícula o porque sus colegios siguen sin reparación.

Ignoraba el octubrismo de La Moneda que terminarían la semana buscando cotillón para distraernos de otra derrota. Esta semana, junto a sus aliados de izquierda, pasaron a ser minoría en el Senado, lo cual hará aún más difícil aprobar sus malas reformas previsionales y tributarias.

¿Cuántos delincuentes envió el régimen de Maduro a Chile?

Por Sergio Muñoz Riveros

Ex-Ante

Walter Rodríguez, sicario profesional, identificado como jefe del comando que asesinó a Ronald Ojeda, entró varias veces a nuestro país a cumplir “trabajos” semejantes, y luego escapaba sin problemas. Hoy, según la fiscalía, se encuentra de nuevo en Venezuela. ¿Cuántos otros criminales como él han sido agentes de la “brisa bolivariana”, como dijo Diosdado Cabello, y han contado con la fluida cooperación de cómplices internos?

Son muy grandes el dolor y la indignación que todos sentimos ante los asesinatos cometidos por las bandas de delincuentes que han conseguido desfigurar nuestra convivencia en los últimos años. Sentimos como propio el drama de las familias de las víctimas. Pero, ese mismo sentimiento debe ayudarnos a mantener la serenidad necesaria para contribuir al propósito de dar una respuesta contundente a un enemigo con el cual no puede haber tregua.

¿Cuántos delincuentes puso en libertad el régimen de Maduro para que vinieran a Chile a partir de 2019? Varios miles, al parecer, por todo lo que hemos visto. Walter Rodríguez, sicario profesional, identificado como jefe del comando que asesinó a Ronald Ojeda, entró varias veces a nuestro país a cumplir “trabajos” semejantes, y luego escapaba sin problemas. Hoy, según la fiscalía, se encuentra de nuevo en Venezuela.

¿Cuántos otros criminales como él han sido agentes de la “brisa bolivariana”, como dijo Diosdado Cabello, y han contado con la fluida cooperación de cómplices internos? Vamos entendiendo, retrospectivamente, las calamidades sufridas por nuestro país en los días del estallido falsamente social.

El país enfrenta una verdadera emergencia nacional como consecuencia del terreno ganado por el crimen organizado a partir de la revuelta. ¿Alguien duda todavía de que uno de los principales objetivos de entonces fue debilitar y llevar a la crisis a Carabineros, contra cuyos miembros se concentraron las peores agresiones de parte de los grupos dedicados a robar, quemar y destruir? Fue muy grave la campaña de odio llevada a cabo contra nuestra principal institución policial, que tuvo como activistas, hay que decirlo, a no pocos parlamentarios oficialistas que hoy ponen cara de inocentes.

Varios gobiernos tienen responsabilidad en la génesis de la crisis de seguridad que hoy enfrentamos, lo que incluye no haber anticipado los efectos de una política migratoria imprudente y, ciertamente, la insólita porosidad de nuestra frontera norte. Lo más grave, en todo caso, han sido las incomprensiones supuestamente progresistas sobre el asunto crucial del monopolio estatal de la fuerza. Allí está la llaga de La Araucanía para demostrarlo.

Chile ha pagado demasiado caro la miopía e incompetencia de quienes llegaron al gobierno sin entender que el Estado tiene la obligación de proteger eficazmente a la población, para lo cual debe asegurar, en primer lugar, el pleno control del territorio nacional e imponer el respeto a la ley. La mayor prueba de cuán extraviada era su visión fue el proyecto de Constitución que desarticulaba el Estado unitario, y con el cual se comprometieron Boric y el bloque de gobierno.

La dimensión de la amenaza planteada obliga a un gran acuerdo nacional respecto de cómo actuar. Eso exige que el gobierno y la oposición entiendan que tienen una tarea común, que trasciende los partidismos: precisar los términos de una vigorosa ofensiva del Estado democrático dirigida a derrotar a las bandas de delincuentes. Nada es más imperioso.

Se requiere dar un fuerte respaldo a Carabineros de Chile y a la PDI en esta hora, y entregarles los recursos que sean necesarios para potenciar su labor. Hay que despejar pronto la confusión respecto de las reglas del uso de la fuerza. Quienes arriesgan su vida cada día para proteger a la comunidad no pueden seguir condicionados por las ambigüedades en un ámbito tan decisivo. Por supuesto que las instituciones policiales están obligadas a actuar en el marco del Estado de Derecho, pero eso no puede implicar que sus funcionarios carezcan de mínima seguridad acerca del apoyo legal que necesitan para responder a la agresión de quienes, como está demostrado, actúan sin Dios ni ley.

Hizo bien el gobierno al llamar en consulta al embajador chileno en Venezuela, Jaime Gazmuri. Hoy, no existe la posibilidad de que haya relaciones diplomáticas normales entre Chile y Venezuela. Han sido demasiadas las burlas y ostensible el juego doble de un régimen cuya naturaleza despótica parece hoy más clara para La Moneda, con la excepción del PC, que es un firme aliado de Maduro. No se puede esperar colaboración de aquella dictadura en materia de seguridad, pero hay que presionarla para dejar en evidencia sus trampas ante la comunidad internacional. Y adoptar las medidas apropiadas para proteger los intereses de Chile.

Pese al clima preelectoral, es indispensable que las fuerzas políticas procedan con equilibrio y sentido de Estado. Eso exige cuidar el lenguaje, de manera de no agudizar la incertidumbre y la angustia en la población. El país tiene reservas institucionales para enfrentar la crisis con energía e inteligencia. El gobierno debe cumplir con el mandato constitucional de defender nuestra soberanía, resguardar la seguridad nacional y sostener el orden legal en cualquier circunstancia.