Editorial diario La Tercera domingo 25 de noviembre de 2018

La escalada de casos de alto impacto en que se ha visto involucrado personal de Carabineros -desfalco millonario, suplantación de pruebas en Operación Huracán y ahora el oscuro procedimiento en que murió un comunero mapuche- ha terminado por provocar una grave crisis de desconfianza en la institución, la que probablemente tomará tiempo superar. Reviste especial complejidad que exista esta percepción hacia una de las instituciones fundamentales de la República, y que el éxito del control del delito se pueda ver afectado ante pruebas falsas o por operativos que no se ajustan estrictamente a la ley.

Si Carabineros se debilita, ello solo beneficia a quienes desprecian las leyes y necesitan impunidad. Por lo tanto, es indispensable ayudar a la institución a superar los difíciles momentos por los que atraviesa. Aun cuando el momento de la policía uniformada es muy complejo, las generalizaciones tampoco ayudan, por lo que no cabe suponer un cuadro de corrupción generalizada -los estándares de Carabineros son destacados a nivel latinoamericano- o de “descontrol”, como acusan algunas fuerzas políticas. Hay reservas suficientes para que Carabineros corrija todo aquello que obstaculiza su labor, y eso pasa por asegurar una conducción institucional que no vacile en hacer respetar los protocolos que todos sus miembros deben cumplir, y sancionar a todos los responsables de sus filas de haber cometido delitos.

Es indispensable que la institución acoja la ayuda que se le ofrezca desde el gobierno y las fuerzas políticas como una oportunidad ineludible y no como un acto de intervención injustificada. En la línea correcta están el proyecto que recientemente remitió el Presidente de la República para establecer mecanismos severos de control financiero -cuyo origen es el millonario desfalco-; también se está a la espera de un proyecto que modifica la carrera funcionaria, tanto en ascenso y destinaciones, donde el mérito, objetivamente evaluado, puede ser muy útil.

Pero hay otros aspectos también muy de fondo que vale la pena tener en consideración. El personal de la institución debe asumir la importancia de apegarse en todo momento a la Constitución y a la ley, incluso en aquellas circunstancias de extrema complejidad como las que a diario les toca enfrentar, incluso a riesgo de su propia vida.

Como objetivo de largo plazo, también resultaría acertado que se evalúe especializar el rol de las policías, en la línea de los anuncios que el gobierno ha adelantado, tal que una institución como la PDI se dedique a la investigación, mientras que Carabineros se pueda concentrar en la prevención del delito, una tarea que constituye un sentido anhelo ciudadano. También es la oportunidad para revisar -en un sentido más general- una serie de roles que cumplen las policías y que bien podrían ser asumidos por otras instituciones, de modo que no se distraigan de sus labores esenciales. Así, el control fronterizo, la vigilancia del tránsito, la entrega de notificaciones judiciales y tantas otras labores administrativas podrían ser externalizadas.

En la medida que Carabineros no supere esta desconfianza, la eficacia del Estado se ve gravemente comprometida, y por ello esta labor debe ser asumida con sentido de urgencia..