El ministro sumariante Carroza ha prevaricado, por fin, en el caso Quemados, pero no tanto como otros de sus camaradas jueces de izquierda, pues ha reconocido la excepción de cosa juzgada en favor del capitán Fernández Dittus, que comandaba una patrulla encargada de proteger a pasajeros y transeúntes contra la amenaza de ser quemados por terroristas incendiarios, que en un día de protesta de 1986 portaban botellas con combustible y ácido explosivo para atentar contra vehículos de locomoción colectiva y particulares que circularan contraviniendo la consigna opositora.

Un respetado ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, don Alberto Echavarría Lorca, de los tiempos en que la extrema izquierda no constituía todavía mayoría en los tribunales superiores de justicia, determinó que Carmen Gloria Quintana había tropezado contra los recipientes altamente combustibles y ello les había provocado quemaduras a ella y su acompañante, que fueron apagados por un sargento de la patrulla, que debió atenderse en un hospital. 

El capitán decidió inicialmente llevarlos a un hospital o entregarlos a carabineros, pero los extremistas, la gravedad de cuyas quemaduras no era evidente, le pidieron no hacerlo así, pues ello les significaría ser procesados como terroristas, y dejarlos en libertad. El capitán eligió un lugar en que no fuera visto incumpliendo su deber y los dejó ir. Como finalmente Rojas resultó muerto y Quintana con graves quemaduras, fue condenado en el proceso por cuasidelito de homicidio y lesiones a 541 días, que cumplió. Ahora ello le ha valido ser exonerado de toda responsabilidad.

El juez Carroza ha prevaricado porque el caso estaba prescrito, no obstante lo cual lo reabrió cuando dos ex conscriptos integrantes de la patrulla, en precaria situación económica, aparecieron treinta años después, con amplia publicidad en los medios, contradiciendo lo que habían declarado en 1986 y afirmando que oficiales del Ejército habían quemado a Rojas y Quintana, lo que motivó una querella judicial por “los abogados de siempre”, también siempre listos para ir tras una millonaria indemnización que compartirían con las “víctimas”.

¿Pero cómo se aviene la “verdad judicial” de que tres oficiales que no formaban parte de la patrulla quemaron ex profeso a los terroristas, como dice la nueva sentencia, con la otra “verdad judicial” emanada de la anterior sentencia en el proceso de 1986, que produce cosa juzgada, y según el cual las quemaduras fueron accidentales y el único responsable de cuasidelito fue el capitán Fernández Dittus, al abandonar a su suerte a los quemados?

Cuando la justicia se aparta del derecho y su menester se convierte en un quehacer político que procura grandes rentas económicas suceden estas cosas.

Lo que no cambia es que termina pagando el Estado, condenado a indemnizar con 450 millones de pesos a los portadores de combustibles y ácidos altamente explosivos para quemar pasajeros.

Alguien diría que no hay prescripción por tratarse de un delito de “lesa humanidad”, pero ese delito no existía en 1986 y, en todo caso, lo cometían los terroristas, que se disponían a “atacar a una población civil”, como se describe ese tipo penal, y no a los militares que quisieron proteger a esa población civil de ser quemada dentro de los vehículos.

Pero reconozco que el proceso prevaricatorio del ministro Carroza sirvió para una cosa: en él el ex conscripto Leonardo Riquelme Alarcón reveló que fue él quien tropezó con las botellas de líquido altamente inflamable, lo que las quebró y generó el fuego que quemó a los terroristas. Esa honestidad de Riquelme Alarcón me llevó a proclamarlo “ciudadano del año” y a renovar mi fe en el pueblo chileno, pues frente a dos desertores que, por una razón que podemos imaginar, salieron treinta años después con una versión distinta de la de 1986, hubo ocho que se mantuvieron en la misma, siendo que todo los tentaba también a desertar y obtener una prebenda. Eso habla bien de la mayoría del pueblo chileno. Por fortuna los conscriptos leales a la verdad sólo han sido condenados por Carroza a un período de libertad vigilada, aunque el proceso les ha resultado ruinoso para sus modestos ingresos.

Peor suerte corrieron los oficiales condenados a diez años por hechos en los que no tuvieron participación y, tal como centenares de otros militares presos, fueron condenados mediante el perjurio de decenas de extremistas dispuestos a declarar en su contra por los mismos móviles que nos podemos imaginar.

Pero el país sigue cayendo muy bajo: se consagra la mentira como “verdad Judicial”; un mismo juez certifica dos “verdades judiciales” contradictorias; se obtiene millonarias sumas del Estado mediante un engaño; se condena a inocentes por delitos que no han cometido; y se sigue voceando una consigna falsa para condenar a un régimen que hizo lo posible por proteger a la población civil de ser quemada por terroristas incendiarios de izquierda.

Hermógenes Pérez de Arce