Pues bien, 29 años después vivimos una realidad similar, con la superación de algunos vicios y, por otro lado, manteniéndose algunos y agregándose otros. En estas circunstancias ya no solo es oportuno, sino indispensable señalar que vivimos actualmente un clima de incerteza jurídica que, de mantenerse, impedirá la estabilidad social, política y económica de nuestro país, y que a falta de una justicia confiable, cundirá la incertidumbre y recrudecerá aún más la violencia, que en parte ya se está viendo en las calles y campos de Chile, intentando ejercerse justicia por mano propia.

Parte importante de esa falta de certeza la constituye el hecho de que muchos jueces, incluso en los tribunales superiores, están soliendo crear en sus fallos supuestos derechos a través de actos que no corresponden y de graves omisiones. Entre los primeros se cuentan la creatividad de teorías personalísimas que llegan incluso a las simulaciones, en circunstancias de que nuestro derecho se rige por la ley escrita y dictada por los órganos competentes, en una colegislación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, y que se interpreta por normas establecidas en nuestro Código Civil.

Otra de las causas que crean el ambiente descrito la constituye la arraigada costumbre de que siendo la Corte Suprema un tribunal esencialmente de casación, está declarando inadmisibles gran parte de dichos recursos sin relación pública y sin que sus abogados puedan conocer e intervenir en forma alguna, impidiendo ser oídos en audiencias públicas y por el tiempo señalado en la ley.

Tampoco está permitiéndose la vista de las causas correspondiente a los recursos de unificación de jurisprudencia en materia laboral, al punto de que en los últimos seis años se han declarado inadmisibles de plano más del 78% de ellos y rechazado más del 10%. De esa forma se está evitando que se cree una jurisprudencia que permita a la ciudadanía saber qué valor tiene la ley y los criterios por los que se han de regir y actuar en consecuencia con ellos. Recurso de casación que fue definido por un gran maestro de derecho como “el centinela para el mantenimiento de las leyes”.

Una ya acostumbrada forma para tales rechazos es la aplicación de formalismos extremos y argumentos discrecionales, en resoluciones que cuando se solicita corregir a través de reconsideraciones fundadas interpuestas por los abogados son invariablemente rechazadas.

Mención especial merece la aspiración del actual presidente de la Corte Suprema en cuanto a que deba garantizarse que no haya ganadores y perdedores anticipados de los juicios. Esa garantía hoy se ve menoscabada desde el momento en que los aprontes de los abogados en cuanto a los resultados judiciales son extremadamente acertados en los pasillos de los tribunales, y por el hecho de que ellos suspenden o inhabilitan a los abogados integrantes con el fin de lograr que no se vea su causa en las cortes, para intentar conseguir que a la semana siguiente se asigne otra sala con integraciones de jueces estudiosos e independientes que permitan tener más posibilidades de éxito. En un Estado de Derecho, a todo letrado debería darle exactamente lo mismo ante quién alegar, si todos los jueces tuvieran aquellas características. En consecuencia, este sistema -que se conoce por todos los abogados de Chile- se mantiene como un hecho de la causa, sin corregirse algo tan trascendental como la constatación de que un recurso puede ganarse o perderse, tratándose de los mismos hechos y rigiendo a las mismas leyes, transformándose el acoger o rechazar un recurso en resultado de un simple acaso. Lo anterior, sin extenderse a la discriminación que constituyen especiales concesiones judiciales a funcionarios del Poder Judicial cuando son parte de un proceso.

Los formalismos exagerados aplicados en las causas impiden la verdadera justicia. El que de acuerdo con la ley resulta casi imposible sancionar a un juez de un tribunal superior por sus actuaciones en razón de las limitaciones legales, impone a este una responsabilidad mucho mayor que a cualquier persona, ya que con esa excepción no cuenta ningún ciudadano por un oficio mal empleado. De allí la máxima acuñada por los romanos en la decadencia de su imperio: “¿Y quién custodia a los custodios?”.

Solo resta hacer votos para que se adopten las medidas necesarias por las autoridades judiciales, a fin de lograr una justicia transparente en la cual vuelva a creerse y en un sistema que hoy es uno de los peor evaluados por la ciudadanía.

Sergio García Valdés
Ex director nacional Colegio de Abogados 1983-1993
Ex profesor Derecho Constitucional PUC