OPINIÓN

SEÑOR DIRECTOR

Carlos era el menor de una familia de escasos recursos y vivía al sur de Chile. A pesar de todas las ganas, no pudo terminar su cuarto medio como muchos en este país, porque tuvo que trabajar para ayudar a sus padres. Sin embargo, Carlos tenía un sueño, quería algún día terminar sus estudios y superarse. En esos tiempos, cuando era aún menor de edad, con 18 años, hizo obligatoriamente el Servicio Militar. Admiraba a los uniformados por su valentía y formación, quizás algún día podría ser un suboficial de Ejército y tener una oportunidad. Carlos por su calidad de soldado conscripto y posición, no tenía poder de decisión, pero confiaba en sus superiores. Le enseñaron de jerarquía y obediencia e incluso a dar la vida si fuese necesario.

Chile, es 11 de septiembre de 1973 y Carlos se enfrenta a sucesos que no comprende del todo. Las órdenes de sus superiores que venían desde aún más arriba, eran claras y no existía posibilidad de cuestionamiento. A Carlos le tocó manejar una camioneta que llevaba presos que habían sido detenidos en circunstancias desconocidas para él. Solo debía conducir. Hoy Carlos tiene 68 años y está privado de libertad hace 5 con una condena de 10 años más.

Qué injusta puede ser la vida. Confió en la jerarquía. Confió porque por el contexto, tampoco podía cuestionarse. Tampoco existía la posibilidad de tomar sus propias decisiones. ¿Qué estamos haciendo Chile? Tenemos presos a personas que en esos tiempos eran soldados u oficiales que, por sus rangos, no tenían poder de decisión. Cientos de Carlos privados de libertad con altas condenas sin ser responsables ni haber tenido la posibilidad de “hacerlo mejor”.

Mi padre, como Carlos, tenía 22 años. No participó de los hechos y tiene una sentencia de 13 años por el mero acontecimiento de haber estado de guardia el día equivocado.

Por un Chile más empático y con más corazón, al menos 50 años después.

Viviana Fuentes Bozzolo

Periodista

*LOS SUBTENIENTES DEL 73*

Señor Director:
La generación de oficiales que egresaron de la Escuela Militar, a inicio de los 70, son quienes están pagando “los platos rotos”, por hechos ocurridos a partir del 11 de septiembre de 1973, circunstancias que nunca imaginaron ni quisieron vivir.
Ingresaban a la Escuela, siendo unos niños, de 14, 15 o 16 años, formados con una estricta disciplina, las órdenes no se discutían. Actualmente estos jóvenes sobrepasan los 70 años.
Después de cinco años de entrenamiento militar, egresaban como subtenientes, en la mayoría de los casos su primera destinación, las escuelas de armas, luego los regimientos de tropa.
Su instrucción orientada a prepararse para enfrentar conflictos bélicos, sin embargo, debieron combatir el terrorismo, lo que significó readecuar su instrucción militar para enfrentarse a un enemigo armado no convencional, que atacaba en el lugar y hora menos esperado.
Los subtenientes recién egresados, confiaban que sus mandos respetaban los reglamentos, siendo inimaginable que podrían obrar con un comportamiento indebido, por lo que no discutían una orden.
Suma a lo anterior que, en los inicios del gobierno militar, los ex presidentes de la república Gabriel González V., Jorge Alessandri R. y Eduardo Frei M., apoyaron decididamente la intervención militar dado el caos general que se vivía, toda vez que pensaban que era la única salida que se disponía para no caer en el comunismo. Países, como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, España, Suiza, Israel, etc., a pocos días de la intervención militar, reconocieron a la Junta Militar como tal; del mismo modo, la Comisión de DD.HH. de la OEA reconoció a la Junta Militar como “Mando Supremo de la Nación”, aprobando con su venia los primeros decretos emitidos por ella.
Respecto a la participación de oficiales y suboficiales subalternos, el propio ex ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Guzmán, quien poseía experiencia en investigar delitos contra los DD.HH., en entrevista publicada en revista “Le Monde Diplomatique”, manifestó que a estos subalternos les era aplicable la circunstancia eximente de responsabilidad criminal del que obra “violentado por una fuerza irresistible o impulsado por un miedo insuperable”, contemplado en el artículo 10 Nº9 del Código Penal.
Los subalternos que participaron en el cumplimiento de su deber en los años 73 y posteriores, no debieran tener responsabilidad penal, son víctimas de las circunstancias, convencidos de contribuir a la paz de su país. Los verdaderos responsables –los políticos de la época- se han lavado las manos y mantienen a cientos de militares y carabineros presos con altas condenas, transformándose las cárceles en campos de exterminio, siendo muchos octogenarios enfermos.
Llamo a la sociedad y en especial a la Corte Suprema, a razonar y resolver un tema que se arrastra por 50 años, donde quienes en definitiva se encuentran dando la cara son subalternos, que sólo cumplieron órdenes.
Roberto Fuentes

LA PREVARICACION ARMA DE VENGANZA

Los jueces chilenos despiertan desprecio y odio en la gente

 Toribio no tiene por norma incluir textos de otros autores, a lo sumo, para no apropiarse de algunos contenidos o referencias menciona a sus autores. En esta oportunidad, estimó conveniente incluir en forma íntegra y fidedigna el escrito de Tomás Jocelyn-Holt, considerando que reveló antecedentes que dieron margen a uno de los procesos más burdos, ominosos, miserables y vergonzosos de los anales de nuestra historia judicial, llevado a cabo por el juez Mario Carrosa, ministros de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema, por abogados; falsos testigos y un periodista de Chile Visión. Juicio, que guardando las debidas proporciones se asemeja al caso del capitán Dreyfuss del ejército francés, injustamente acusado de espía, procesado y condenado a prisión perpetua en la Isla del Diablo. Pero en nuestro querido Chile, esta afrenta no ha conmocionado a la opinión pública como en Francia; tampoco hay un Émile Zolá que logre convulsionar y provocar una crisis política; ni siquiera a los organismos de Derechos Humanos, la iglesia Católica, como otrora lo hiciera el Cardenal Raúl Silva Henríquez; y mucho menos a los parlamentarios de la derecha que han resultado un fiasco. Lo anterior no solamente es válido para Julio Castañer sino para centeneras de oficiales, suboficiales y conscriptos que han sido víctimas de procesos espurios.

6. Queda por descifrar los grupos que han presionado para dictar este fallo y sus efectos─y es inevitable que el poder judicial de Chile, se exponga al encarcelar por 20 años a un inocente, para que se pudra y se muera en la cárcel, como si nadie se incomodará por ello─. Queda por descifrar como Carroza usó este caso para llegar a la Suprema. Cómo la masonería y una trenza judicial lo usó como una muestra de su poder. Cómo abogados pendejos de DD.HH. ─que no tienen historia ni testimonio de la época cuando se produjeron estos abusos─ han pretendido ensayar sus teorías para lograr validar lo que sienten que sus antecesores no fueron capaces de hacer y creer que ganan un testimonio sobre sus mentores ─así Joaquín Perera del Ministerio del Interior sintió el deber de hacer un besamanos a Jorge Daham al jubilar, hace pocos días, para refregarle a él su vasallaje y a Brito, y exhibir el desprestigio que tiene la 2ª. sala de la Suprema hace rato con una casación que estaba pendiente de dar a conocer su fallo─. Tampoco estos abogados pendejos como desprestigian a jueces y abogados que les tocó enfrentar el caso apenas se produjo y en los años siguientes. También cómo una trenza de izquierda ha tratado de venderle a los gringos y a la @USAmb.cl que no hay 5 oct. sin Barnes…No hay Barnes sin caso Quemados…No hay agenda US-Chile sin escalar las condenas del caso Quemados y no hay agenda US-Chile sin supeditar ese Poder Judicial de Chile a la C.I.D.H.

7. Difícil será vender como una verdad judicial con 6 fallos distintos. Menos creer que es la última palabra de nada. Una cosa es joderle la vida a alguien y victimizar a otro tenido por inocente y querido por muchos. Otra cosa muy distinta es creer que no tendrá efectos perversos. Hay mucha gente de derecha que quiere ver a Julio Castañer preso, porque tontamente creen que su inmolación ayudará a la causa de los demás encarcelados por causas de DD.HH. ─algo parecido a lo de Cheyre aunque la Suprema no se atrevió a encarcelarlo─-. Lleva el tema a la esfera política, como si siempre no hubiera estado ahí. Por suerte, Julio Castañer nunca se prestó a eso. Ahora Julio Castañer pasa a ser una prenda de un debate perverso que debilitará la manera como la Suprema usó los 50 años para marketing de otra cara de la justicia chilena, tratando todos estos casos como un bulto y negándose a verlos en su mérito ─solo lo hizo en el caso Frei y se asustó─ algo ya cuestionado por el Observatorio Judicial.

            En el momento en que Celestino Córdoba sale libre y se va a vivir vecina a la familia que debe sufrir, por partida doble, la calcinación despiadada a sus padres y como se ríe de ellos por su impunidad. En el mismo momento en que conocemos el asesinato de otra pareja de adultos mayores en Angol. En el mismo instante en que indultados por Boric vuelven a delinquir y debemos ver como se le entregan pensiones de gracia a homicidas y otro condenados ─y se buscan escusas para que no se puedan revocar y hacer uso irreversible─. En un momento en que los protagonistas del caso Convenios se declaran presos políticos y avisan que no caerán solos. En el momento en que un jefe policial politiza su formalización, como si fuéramos un país bananero, secuestra a Carabineros para su defensa personal y la anula para enfrentar la crisis de orden y seguridad en el país. Es grosero y esta Suprema no dimensiona su frivolidad y la relación con el contexto en que se da. La injusticia y desamparo que este desequilibrio muestra solo se vuelve en contra de las camarillas que tienen a la Suprema con Sergio Muñoz blindando a su hija de reclamos en su desempeño ministerial ─al punto de desafiar al Tribunal Constitucional─; a otros jueces capturados por el crimen organizado; y tienen la peregrina pretensión de que el país se mantendrá pasivo mientras ese poder judicial busca legislar en temas como ISAPRES ─al punto de hacerlas quebrar y dejar en el más soberano ridículo a Ángela Vivanco en la pasada, mientras Andrea Muñoz exige que le  tengan conmiseración por ser mujer─ exige mayor arbitrio judicial y endosa el remanente al tribunales internacionales que no tienen legitimidad democrática. El forro de eso solo describe el problema del próximo gobierno con ese poder judicial.

Va a ser un problema, y al que le toque, deberá tener el temple para solucionarlo y de enfrentar a esos jueces venales y prevaricadores. No le será fácil al próximo presidente y tendrá un problema severo con la Corte Suprema por ello, pero es temerario creer que Chile será una excepción a las disputas que ya tienen gobiernos con sus poderes judiciales así ─vean Hungría, Polonia, Israel y la disputa por su ley de razonabilidad, Brasil, el Reino Unido con la Corte Europea de DD.HH. o España, con su Tribunal Constitucional y el conflicto catalán, solo por mencionar democracias. Argentina, viene pronto─. El Poder Judicial de Chile no dimensiona el tema ─ y eso que ya debió conocer una acusación constitucional el 2020, con Silva Donoso por como los jueces manejaron tontamente y al bulto las excarcelaciones que les confió con la reforma de S. Piñera. 1 mil o 2 mil excarcelados de un golpe en el segundo gobierno de Michel Bachelet, por jueces que no entendieron que su responsabilidad era preso a preso. 2 Penales completos ¿y el poder judicial creyó que nadie iba a reclamar?─. Los jueces chilenos despiertan desprecio y odio en la gente por una variedad de razones. Se la tienen merecida. Pero la principal es que se sienten inmunes, se esconden detrás de una manada y cultura burocrática y no dimensionan el impacto de su desprestigio, ni menos cómo sus afanes por compensarlo solo los hunden más. Yo, no solo, no culpo a la gente por ese sentimiento. No soy responsable de ello y solo me angustia tener que hacerme responsable por buscar maneras de resolver algo que estos jueces han hecho oídos sordos cuando se les ha advertido. Son responsables de la anomia del Estado, del desamparo y sentimiento de impunidad en Chile y la factura no es chica. Tengo una formación cristiana y, todos los días, me hace fuerza la crucifixión de un inocente por un proceso injusto y como el cristianismo ha pasado riéndose del episodio por dos mil años. Así, si alguien cree que va a poder vender este fallo como la última palabra o la verdad judicial de un caso que el Poder Judicial de Chile no ha sabido manejar, se pueden quedar sentados esperando.

FERNANDO HORMAZABAL DIAZ

General de Brigada (R)

JULIO CASTAÑER ES INOCENTE

Ruego difundir urbi et orbi