AMÉRICA LATINA

El Wall Street Journal advierte que la nueva constitución de Chile puede “destruir la economía y la democracia”

La columna señala que si se cumplen los sondeos que favorecen al rechazo, el país “se habrá salvado del autoritarismo, del caos y posiblemente de la guerra civil”

28 de Julio de 2022

Palacio de La Moneda, en Santiago (Reuters)

Una columna de opinión del Wall Street Journal advirtió que la nueva constitución de Chile puede “destruir la economía y la democracia” en el país sudamericano, en caso de ser aprobada en el plebiscito del 4 de septiembre.

En el artículo “El pacto constitucional suicida de la izquierda chilena” se advierte de las profundas reformas multisectoriales que abarcan los 388 artículos de la propuesta, que busca reemplazar la actual, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

“En el ámbito económico, la nueva constitución eliminaría las regulaciones existentes sobre el dominio eminente, permitiendo al gobierno confiscar cualquier tipo de propiedad privada por simple decreto legislativo sin tener que compensar a los legítimos propietarios a precios de mercado”, señaló Axel Kaiser, autor de la nota y miembro del think tank liberal Atlas Network.

Según destacó, el proyecto permite al gobierno “confiscar cualquier tipo de propiedad privada por simple decreto legislativo sin tener que compensar a los legítimos propietarios a precios de mercado”.

Además, critica el cambio a los derechos sobre el agua, protegidos por la actual Constitución, lo que dejaría vulnerables a sectores de uso intensivo como la minería y la industria. La propuesta sostiene la protección de los recursos hídricos en todos sus estados y fases, y que “siempre prevalecerá el ejercicio del derecho humano al agua, el saneamiento y el equilibrio de los ecosistemas”, mientras que los demás usos deberán ser determinados por ley.

El texto es ofrecido por vendedores ambulantes (Reuters)

Kaiser también critica que la propuesta “permitiría la proliferación de empresas estatales en todos los niveles del gobierno, preparando el terreno para una corrupción galopante”, y señala que se debilitaría al Banco Central por permitir que sus miembros sean destituidos por razones políticas.

En cuanto a los derechos laborales, el autor apuntó que el proyecto “crearía algunas de las regulaciones más radicales para los sindicatos en el mundo occidental”.

El columnista, al resaltar la eliminación del Senado para adoptar un sistema unicameral, comparó el texto con la Constitución venezolana de 1999 impulsada por Hugo Chávez. Según sostuvo, la Cámara Alta “ha desempeñado históricamente un papel crucial en el equilibrio del poder político” y opinó que bajo el nuevo sistema habría “poco control externo o interno de su poder”.

Entre otros puntos, se mostró en desacuerdo con el carácter “plurinacional” que propone el texto para el Estado, la creación del Consejo de Justicia para la evaluación de jueces y el posible efecto sobre “otras protecciones del Estado de Derecho” que causaría, según indica, “una ventaja para los cárteles internacionales de la droga que ya operan en el país”.

Durante meses, los sondeos dieron por vencedora la opción de aprobar el nuevo texto, pero las principales encuestas señalan ahora una mayor preferencia ciudadana hacia mantener la ley actual. Ante ese panorama, Kaiser señaló: “Por ahora, los chilenos parecen haber comprendido la amenaza que supone el proyecto constitucional radical de la izquierda. (…) Si este sentimiento nacional se mantiene hasta la votación del 4 de septiembre, Chile se habrá salvado del autoritarismo, del caos y posiblemente de la guerra civil”.

La derecha y parte de la centro izquierda votará en contra al encontrar el nuevo texto “radical”, mientras que la izquierda hará campaña a favor del “Apruebo”, aunque distintas voces están reclamando un gran pacto para reformar los aspectos más conflictivos.

Con la campaña en marcha, la desinformación sobre la nueva Carta Magna inunda las redes sociales. Afirmaciones como que el nuevo texto constitucional permitirá abortar hasta los nueve meses, que Carabineros (policía militarizada) no usará armas de fuego o que las casas pasarán a ser propiedad del Estado son discursos divulgados por usuarios en redes sociales que han sido desmentidos por verificadores.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, dijo este lunes que la propuesta de nueva Constitución que se someterá a plebiscito en septiembre “no es perfecta”, pero que hay “acuerdo” en la coalición oficialista para “mejorar” el texto una vez sea aprobado. ”Tenemos acuerdo (entre) todos quienes apoyan al gobierno de que es posible mejorar”, afirmó el mandatario a los medios tras un acto oficial.

A propósito del acto deleznable, zafio y antipatriótico llevado a cabo con nuestro símbolo y emblema nacional.
Vale la pena recordar en qué consiste el patriotismo en cuanto virtud republicana.
Adjunto enlace a las plataformas de YouTube y Spotify en las que encontrará una síntesis de tan bella virtud:

https://open.spotify.com/episode/4Vf9qK07zjoyWgY0rLGZD9?si=cP30D2HkQmmqlSo0lVcz0Q

https://youtu.be/y4OlQ46PnXU

Viva Chile!
Dios le bendiga.
Juan Carlos Aguilera.

Declaración pública de miembros del Partido radical:

Declaración Pública Agosto 2022

Igualdad sustantiva

Por Francisco Bartolucci Johnston

Abogado y Profesor de Derecho

Una de las definiciones ideológicas más controversiales que contiene el texto de nueva Constitución que se nos propone aprobar es la de la “igualdad sustantiva” contenida en el artículo 1 numeral 2 de dicho texto que señala que se “Reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza”.

La idea de la “igualdad sustantiva” entre todas las personas se refuerza en el artículo 25 numeral 1 que señala: “Toda persona tiene derecho a la igualdad, que comprende la igualdad sustantiva, la igualdad ante la ley y la no discriminación”, para luego hacerla aplicable a los derechos fundamentales en el numeral 2.

Ahora bien, la “igualdad sustantiva” se refiere a la igualdad entendida como resultado y no como declaración o aspiración, de modo que esa igualdad debe ser efectiva en la práctica y según lo señala el texto constitucional que se nos propone aprobar se trata de “un valor intrínseco e irrenunciable de los seres humanos” del cual es garante el Estado, asegurándolo a todas las personas.

El punto conflictivo de esta declaración es que la “igualdad sustantiva” no aparece expresada en el texto como un ideal deseable – lo cual ya es muy discutible — sino como un derecho de las personas que el Estado debe imponerse como una tarea alcanzar. Así entonces, por mandato constitucional el Estado debe tomar los resguardos necesarios para que en la práctica todos seamos “sustancialmente iguales”.

Es en esta perspectiva ideológica que se explican tantos artículos de la nueva Constitución y su carácter estatista y estatizante (sistemas unificados de salud, educación o previsión; o la promesa de una vivienda digna y oportuna para todas las personas, por ejemplo).

El Estado, se señala en el nuevo texto, “garantiza en el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos fundamentales la igualdad a todas las personas”; por tanto, nadie puede estar en mejor posición, ni siquiera si es el resultado de su esfuerzo, su talento o su trabajo. Desde luego, entonces, la actividad privada en la provisión de servicios y derechos fundamentales aparece como una amenaza para la forzada “igualdad sustantiva” que el Estado debe asegurar.

Planteada así la cuestión de la igualdad en el texto redactado por la Convención, el riesgo para nuestra libertad es evidente desde el momento que el Estado queda revestido con la facultad y grabado con la obligación de igualarnos a todos, para cumplir el mandato constitucional de alcanzar la “igualdad sustantiva.”

La “igualdad sustantiva” es parte del ideario socialista (más o menos extremo, da lo mismo) y la promesa de todas las dictaduras. Es la que rige en Cuba o Nicaragua, donde todos son iguales en la pobreza; o en Venezuela donde todos son igualmente tributarios al poder omnipotente del Gobierno de Maduro; o es impuesta en los países controlados por los Talibanes; o se manifiesta en la miseria de Haití y de tantos países africanos.

Mi proposición, es no asumir el riesgo que para nuestra libertad conlleva la promesa de la “igualdad sustantiva” que ofrece una Constitución fuertemente ideologizada y partisana y rechazándola redactar un nuevo texto que, fijando al Estado un fuerte rol social y solidario, permita rija en nuestro país esa igualdad que es justicia: la que en libertad se da entre los iguales.

Página Editorial del sitio Web Cosur Chile y de su revista digital “Tres Espadas”

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