Repercusiones de un juicio

Editorial de El Mercurio

El caso del asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay ha encarnado la dura realidad que viven muchos chilenos en La Araucanía y ha puesto a prueba al sistema penal y las policías…

Tras más de cuatro años de investigación y preparación, se ha iniciado la etapa final de un caso que ha encarnado la dura realidad que viven muchos chilenos en La Araucanía y que ha puesto a prueba al sistema penal y las policías: el asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay. Luego de que en marzo de 2014 fuese condenado Celestino Córdova -que no pudo escapar, por las heridas que recibió en el atentado-, a 18 años de presidio efectivo como responsable de esas muertes, en los próximos dos meses se resolverán las responsabilidades de otros once comuneros mapuches, acusados por la fiscalía.

La manifiesta indefensión de las víctimas -Werner Luchsinger y Vivianne Mackay-, muertas en el atentado incendiario a su casa en Vilcún, en el marco del aniversario de la muerte del comunero mapuche Matías Catrileo, impactó hondamente a la opinión pública y dio cuenta de la profundidad del conflicto que enfrenta nuestro país en La Araucanía.

A pesar de ello, en muchas ocasiones la discusión técnica sobre si los actos perpetrados por grupos violentistas en la zona pueden o no calificarse como delitos de terrorismo, pareciera desplazar a segundo plano el hecho indiscutible de que en la actualidad muchos chilenos viven sumidos en la más absoluta inseguridad y sometidos a un permanente riesgo contra sus vidas y sus fuentes de trabajo. Que en la víspera del inicio de este juicio oral quince individuos hayan perpetrado un ataque incendiario intimidando al personal de seguridad y quemando dieciocho camiones, varios de ellos cargados con víveres, es una muestra palpable de la precaria vigencia de la autoridad estatal en esa zona.

No caben dudas de que ese nuevo atentado tuvo por objeto afectar el marco en el cual debe impartirse justicia en este caso e intimidar a quienes son responsables de garantizar la plena vigencia del Estado de Derecho.

En ese contexto, resalta el valor de la familia de las víctimas que han llevado adelante cuanto fuera necesario para dar curso a la investigación y el juicio. La familia Luchsinger, que ha sufrido diversos atentados en la zona desde hace casi veinte años, ha exhibido una admirable determinación para sobreponerse al dolor y actuar resueltamente para dar con los responsables, aun cuando han debido sufrir actos de intimidación e incluso una insólita incomprensión de algunos sectores.

Todos estos hechos explican el inusitado interés con que la ciudadanía ha seguido el desarrollo de las primeras jornadas de un juicio que no solo deberá impartir justicia en un caso específico, sino también dar una señal respecto de que el país no claudicará ante grupos radicalizados que intentan imponer su voluntad por medio de la violencia.