El general Cheyre está acusado como cómplice de homicidio calificado, en circunstancias que no se cumplen los requisitos del artículo 16 del Código Penal para atribuirle tal responsabilidad criminal. Además, no le fueron aplicadas las normas sobre prescripción de la acción penal porque dicho delito fue calificado como “de lesa humanidad”, en circunstancias que los hechos investigados no cumplen con los requisitos de ese tipo penal y que tal categoría de delitos fue establecida en Chile por la ley 20.357, que entró en vigor el18 de julio de 2009 y que establece expresamente: “las disposiciones de la presente ley sólo serán aplicables a hechos cuyo principio de ejecución sea posterior a su entrada en vigencia”.

Lo antedicho constituye un atropello al Estado de Derecho, al principio de legalidad —el que no puede ser suspendido ni siquiera “en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado” o “en situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación”; según lo establecen el art. 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y art. 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos— y a la seguridad jurídica.

Sin seguridad jurídica, sin la certeza de que la ley se cumple y que se aplica en la misma forma para todos, la Constitución Política es solo papel mojado.

Adolfo Paul Latorre, Abogado