Senadores que cuidan el Estado de Derecho en Chile, recurren al Tribunal Constitucional

Rebelión oficialista de senadores ante indulto del Gobierno: Van al TC y piden que adultos mayores de Punta Peuco puedan cumplir penas en sus casas

Víctor Rivera y Juan Manuel Ojeda, La Tercera

El abogado Maximiliano Murath ingresó un requerimiento de inconstitucionalidad por igualdad ante la ley y protección de la vida, ante la iniciativa de indulto del gobierno y que se enmarca dentro de las medidas para frenar los contagios por Covid-19. La solicitud pide que todos los mayores de 70 años puedan cumplir sus penas fuera de los penales.

La Cámara de Diputados rechazó ayer algunas disposiciones clave del proyecto de ley del gobierno que busca frenar los riesgos de contagios del coronavirus, ahora en la población penal. La iniciativa propone que los adultos mayores, madres de hijos menores de dos años y mujeres embarazadas cumplan su pena en libertad, aunque no todos: se excluiría de este beneficio a quienes fueron sentenciados por delitos de lesa humanidad y violaciones, es decir, la población con más compromiso delictual.

La iniciativa no contó con el respaldo del oficialismo y complicó al gobierno. De hecho con el proyecto despachado y en estado de promulgación, actualmente La Moneda evalúa la opción de presentar un veto.

En medio de todo este escenario ayer en la noche un grupo de senadores de Chile Vamos (Jacqueline van Rysselberghe (UDI), Juan Castro (RN), José García (RN), Alejandro García Huidobro (UDI), Juan Antonio Coloma (UDI), Ena Von Baer (UDI), Víctor Pérez (UDI), Francisco Chahuán (RN), Rodrigo Galilea (RN) y Kenneth Pugh (Independiente) y Carmen Gloria Aravena (Independiente) decidió ir al Tribunal Constitucional (TC) para que se declare la inconstitucionalidad de la exclusión del resto de la población penal, es decir, presos por delitos de lesa humanidad en Punta Peuco, y todo aquel que haya cometido un ilícito de gravedad.

El documento de 29 páginas fue ingresado ayer en a las 22.09, con el patrocinio del abogado Maximiliano Murath. En el texto se señala que el proyecto de ley es inconstitucional, pues se vulneran los artículos referentes a la igualdad ante la ley y la protección de la vida, argumentando que toda la población mayor de 70 años es parte del grupo de riesgo al Covid-19, independiente del penal en que esté cumpliendo la pena.