¿SERA JUSTICIA?

A raíz de la detención y traslado a la Cárcel de Punta Peuco del nonagenario general (R) Héctor Orozco, se ha generado una discusión que traspasa la política y abarca la forma como estamos construyendo nuestra sociedad en todos sus ámbitos.

¿Será correcto que a un ser humano de 92 años, con un avanzado estado de demencia senil, que ya no conoce a la genta, no sabe dónde está y no controla esfínteres se lo lleven al centro penitenciario em pijama y bata, sin darle facilidades ni para vestirse? ¿Quién dio esa orden? ¿Se tomaron medidas en contra de quienes cometieron tamaña falta de criterio? ¿Se cumplieron los tratados internacionales suscritos por Chile? Si no es así, ¿qué sociedad tendremos en el futuro? Eso es lo que está ocurriendo hoy en nuestro país.

En efecto, el juicio en contra del general Orozco y otras cuatro personas, se inició en el año 2011, con el fin de averiguar la muerte de dos detenidos por actos subversivos, ocurrida en San Felipe en diciembre de 1973. Dicho proceso fue iniciado por una querella firmada por el Subsecretario Ubilla, tal como cientos de otras nuevas causas gestadas durante el gobierno de Piñera. A todas luces, esta y otras querellas no debieron prosperar en un estado de derecho que respetase la Constitución y las Leyes comunes a todos los ciudadanos, ya que no se consideró la prescripción ni la amnistía, ambas plenamente vigentes, aduciéndose que los crímenes de “lesa humanidad” no prescriben, lo que es totalmente falso, ya que el cuerpo legal que tipifica este tipo de delitos entró en vigencia en Chile recién el año 2009, señalando expresamente que no puede tener efecto retroactivo.

De este modo se llevó a cabo un proceso basado en el antiguo sistema de Procedimiento Penal, pese a que desde el año 2005 había entrado en vigor el nuevo sistema.

El viejo procedimiento penal, de carácter inquisitivo y que es aplicado solo a los ex – uniformados y policías, permite que un mismo Juez investigue y condene, como en este caso lo hiciera el Ministro en Visita Extraordinaria Jaime Arancibia Pinto. El procedimiento descrito posibilitó juzgar y privar de libertad, sin ninguna prueba ni pericia concreta y solo basado en suposiciones erradas, al general Orozco y a las otras cuatro personas, lo que es fácilmente comprobable mediante la lectura de la causa y sentencia, disponibles para el público en la página web del Poder Judicial (www.pjud.cl ).

Las otras personas condenadas incluyen a un octogenario y distinguido suboficial que no tuvo ninguna participación en los hechos, ya que se encontraba en su domicilio; un médico que concurrió después al lugar para facilitar las labores legales y administrativas propias de estos casos; así como dos jóvenes subtenientes, recién egresados de la Escuela Militar, quienes con 20 años de edad y cumpliendo órdenes superiores, trasladaron a los detenidos desde la Fiscalía Militar hasta la cárcel, sin participar de manera alguna en los hechos posteriores.

Como se puede advertir, si se hubiese efectuado un juicio justo, sin que sea la misma persona la que investiga y juzga, el resultado de la sentencia habría sido muy diferente, habiendo sido muy fácil deducir, en forma veraz y acertada, qué si hubiera habido responsables en estas muertes, sus autores directos ya estarían fallecidos por diversas circunstancias desde hace años.

Sin embargo, la venganza y las millonarias indemnizaciones que se siguen pagando parecen fundamentos más fuertes que el respeto a la dignidad y a la verdad.

¡Juzgue usted si lo descrito es justicia, venganza o simplemente ensañamiento!

UN CHILENO PREOCUPADO