Por   Humberto Julio Reyes

                  Años atrás participaba en el enésimo esfuerzo por intentar la aplicación de una “justicia justa” en los llamados comúnmente procesos por violaciones a los derechos humanos.

                  Con ese propósito se habían elaborado diversos cortos audiovisuales donde un moderador planteaba un tema a diversas personalidades a fin de que expresaran su opinión al respecto.

                  Uno de aquellos temas era si acaso no debían esas causas ser llevadas adelante aplicando la reforma procesal penal ya vigente, en lugar de seguir aplicando el antiguo sistema inquisitorio que, en opinión de un flamante presidente de la Corte Suprema no ofrecía garantía alguna al inculpado.

                  Me refiero a los dichos de don Milton Juica en el N° 589 de la revista “Sábado” de El Mercurio de 2 de enero de 2010. A pesar de reconocer dicha realidad, se manifestaba contrario a conceder los beneficios intrapenitenciarios previstos en la ley a quienes cumplieran penas de prisión como consecuencia de dichos procesos.

                  ¡Vaya imparcialidad!

                  Dicha pregunta ya la habíamos planteado a un grupo de abogados que incluía a muchos de los defensores en estas causas y, aunque no había unanimidad, la mayoría se inclinaba por promover el término de la aplicación del antiguo sistema.

                  Siendo así, no dejó de sorprenderme que uno de los participantes, abogado que era un reputado columnista de vasta experiencia, expresara que ello no era necesario y que bastaría que hubiera buenos jueces, es decir que aplicaran las leyes vigentes en su recto sentido.

                  No me convencieron entonces sus argumentos pero, hoy en día, visto todo lo que ha ocurrido en el ámbito judicial, no sólo con aquellos interminables procesos sino también en los referidos al “estallido social” y aquellas iniciativas “entrampadas” por no garantizar un debido proceso a los uniformados que tuvieren que actuar y se vean involucrados en lo que pudiere constituir delito, he llegado a pensar que dicha persona no estaba errada en su juicio, aunque pareciera que planteaba algo más bien alejado de la realidad.

                  ¿Y usted, amable lector?

                  ¿No cree que si hubiera buenos jueces sería innecesaria la indicación para que los uniformados sean sometidos a la justicia militar en busca de un trato imparcial y justo, bastando la aplicación de los preceptos vigentes?

                  ¿No tranquilizaría ello a quienes se oponen pensando en que se busca una impunidad ante eventuales abusos o excesos que podrían cometerse?

                  El problema es que los buenos jueces, que seguramente deben existir, se ven sobrepasados por una política judicial que, en los hechos, busca que se olviden pasadas omisiones sólo explicables en un período de anormalidad  pero cuya expiación no puede seguir ad aeternum y transformarse en lo que es hoy una guerra judicial o Lawfare que se ha ensañado con los subalternos de hace 50 años y que, hoy en día, es evidente que inhibe la actuación de los llamados a imponer el orden y restablecer el derecho.

                  Creo que ese gran columnista tenía razón, no necesitamos ni nuevas leyes ni excepciones, sólo buenos jueces, aunque sea mucho pedir.

                  Como ellos tienen la última palabra, en la voz de la Segunda Sala (Penal) de la Corte Suprema, ni el proyectado Ministerio de Seguridad, ni un eventual Estado de Sitio, ni reglas de uso de la fuerza ni la Justicia Militar, podrán garantizar que los miembros de las fuerzas armadas y de orden cuenten con el respaldo para actuar con eficacia y lograr que volvamos a vivir en paz.

7 de may. de 24