Texto de ex comandantes

Esa tensión se encuentra mejor resuelta en el nuevo proceso penal que en el antiguo sistema, que se aplica en las indagaciones de las violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar…

La inédita columna de opinión de 16 ex comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y ex directores generales de Carabineros -publicada en “El Mercurio”- da cuenta de que la percepción de la existencia de una cierta “justicia paralela” para los casos de violaciones a los derechos humanos se extendería más allá de los ex uniformados involucrados directamente en los hechos y sus familiares.

Así se desprende del texto cuando acusa “falta del debido proceso”, “ensañamiento” y crecientes “denuncias de todo tipo” contra ex uniformados y carabineros que “marcan, entre otros aspectos, un importante retroceso de la forma como se actuaba para que este sector de chilenos asumiera sus responsabilidades en un marco de justicia y dignidad propias de una transición”.

Diversos factores alimentan la apreciación a que aluden los ex comandantes.

Las instituciones del derecho procesal penal moderno surgieron principalmente para conciliar las pretensiones de justicia y verdad con los derechos de las personas investigadas y, en la dimensión del derecho penitenciario, de las personas condenadas. Siempre ha existido esta tensión, especialmente cuando se trata de crímenes muy graves -como los cometidos en materia de derechos humanos-, que conmueven a la opinión pública y movilizan en muchos casos a grupos políticos.

Esa tensión se encuentra mejor resuelta en el nuevo proceso penal que en el antiguo sistema, que se aplica en las indagaciones de las violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar.

Las características inquisitivas de este último, en que un mismo juez actúa como instructor, luego como acusador y, finalmente, como sentenciador contribuyen a la apreciación de arbitrariedad judicial que denuncian los ex uniformados. En el mismo sentido opera la aplicación aparentemente amplia de figuras como la asociación ilícita y de instituciones basadas en el derecho internacional, como la imprescriptibilidad y la no amnistiabilidad, cuya pertinencia respecto de muchos de estos casos suscita discusión.

Cierto es que estas instituciones jurídicas buscan compensar las dificultades que enfrentan estas investigaciones, sobre hechos ocurridos hace varias décadas, cuyos responsables se negaron a colaborar con su esclarecimiento y cuyas víctimas se encontraban en una situación de clara indefensión por parte del Estado.

Sin embargo, esa excepcionalidad no debiera excluir la aplicación -a los acusados y condenados por estos hechos- de los derechos que la sociedad chilena ha ido reconociendo a todos sus integrantes como garantías de un debido proceso e incluso, en algunas casos, como un rasgo de humanidad. A esto último responde la creciente polémica por los encarcelados privados de razón o gravemente enfermos, e incluso de muy avanzada edad.

Lamentablemente, la exhortación de los ex comandantes en jefe coincide con un enrarecimiento del clima de convivencia política, lo que dificulta una apreciación serena de su contenido y de su declarado sentido constructivo. De hecho, tal como señala ese texto, se acrecientan los indicios de que el país, en su dimensión política, puede estar experimentando una cierta regresión en esta materia. Ejemplos de esto último podrían ser el debate para derogar la reserva comprometida a las víctimas en el informe de la Comisión Valech y el duro tratamiento que ha recibido el ex Presidente Lagos de los sectores más radicalizados del oficialismo.

Editorial de El Mercurio