Tierras abandonadas

Es tiempo de asumir el fracaso de la política de tierras, y explorar iniciativas de apoyo y colaboración que partan por reconocer la similar condición de ciudadanos de todos los habitantes de La Araucanía…

El ex intendente de la Novena Región Francisco Huenchumilla ha señalado recientemente, a través de “El Mercurio”, que el estado de abandono de las tierras que han sido entregadas a los mapuches es el resultado de un “problema de habitabilidad”. Es decir, la razón por la cual las comunidades indígenas no están trabajando los predios sería fundamentalmente por la falta de casas, caminos, agua y luz.

El planteamiento de Huenchumilla radica en la insuficiencia del Estado el problema que hoy exhiben muchas de las tierras traspasadas a comunidades indígenas en La Araucanía. La postura del ex intendente es una respuesta a la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco (Sofo), la que en un reciente informe señaló que unas 120 mil hectáreas de “alta productividad agrícola” habrían salido de “circulación” en La Araucanía, como consecuencia de las políticas llevadas a cabo por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).

Es paradójico que desde la propia Conadi señalen que la entrega de tierras a grupos indígenas “no puede analizarse con un criterio económico”, ya que el espíritu de la ley considera elementos “históricos y culturales”. Más grave aún es señalar que “pedirles cuenta a los beneficiarios de lo que hacen con las tierras es como pedirles a los agricultores que las vendieron que señalen en qué van a invertir sus recursos”. Ello es un claro error, dado que la política del Estado en esta materia tiene un innegable objetivo de favorecer el desarrollo de ese grupo étnico y superar situaciones de pobreza. Por esa razón, no puede ser indiferente lo que ocurra con las tierras entregadas.

Si bien se contrapone en cierta forma a la argumentación de la entidad estatal, tampoco parece plausible lo afirmado por el ex intendente Huenchumilla, en cuanto a culpar del abandono de tierras a la falta de condiciones de habitabilidad, dado que el proyecto de la Conadi apuntaría -en lo que es bastante discutible- a reproducir en esos predios las condiciones en que se hallaban los mapuches en su etapa primitiva y que son por cierto inferiores a las actuales. Distinto sería si el Estado hubiera impulsado un proyecto de modernización de estos grupos que -manteniendo los elementos culturales que forman parte esencial de sus raíces indígenas- les permita superar las circunstancias de pobreza y marginalidad que en muchos casos les afectan. Pero la lógica del ex intendente abre un camino que no tiene fin, pues las reivindicaciones y las excusas para demandar más apoyo estatal -como ya se observa- pueden ser interminables.

Es tiempo de asumir el fracaso de la política de tierras y de la gestión de Conadi, y explorar iniciativas de apoyo y colaboración que partan por reconocer la similar condición de ciudadanos de todos los habitantes de La Araucanía. Ciertamente, ello no será posible sin comenzar por restablecer en plenitud el Estado de Derecho.

Editorial del Diario El Mercurio